A 41 años de la Noche del Apagón, continúan impunes los responsables de los 400 secuestros y las 33 desapariciones en las localidades jujeñas de Calilegua, Libertador General San Martín y El Talar. Carlos Pedro Blaquier, presidente del Ingenio Ledesma, y su entonces administrador, Alberto Lemos, participaron activamente de esos crímenes de lesa humanidad y fueron imputados, pero en marzo de 2015 la Sala IV de Cámara Federal de Casación Penal les dictó la “falta de mérito”.

Se trata del mismo tribunal que el mes pasado confirmó la condena a tres años de prisión en suspenso contra Milagro Sala por un escrache a Gerardo Morales en 2009, cuando era senador nacional. La líder de la Tupac Amaru no participó de la protesta y tampoco se comprobó fehacientemente que la haya instigado. A Casación le bastó con el testimonio de un empleado del ahora gobernador, René “Cochinillo” Arellano.

Milagro está presa desde el 16 de enero de 2016 por orden de Morales y con el aval del presidente Mauricio Macri, que desoye los pedidos de libertad de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La detención arbitraria de Sala, que viola sus fueros como parlamentaria del Mercosur y todos los estándares internacionales de derechos humanos, está pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal también debe emitir un fallo sobre la falta de mérito de Blaquier y Lemos, pero hace años que tiene el expediente archivado.

“Evidentemente, la Corte tiene otras prioridades que son dictar fallos en contra de trabajadores y beneficiar a los genocidas con la prisión domiciliaria o con el 2×1 para que puedan volver rápido a sus casas. Es bastante vergonzosa la situación”, dijo a Contexto Paula Álvarez Carreras, abogada querellante en causas por delitos de lesa humanidad.

La letrada también recordó que, en diciembre último, el Tribunal Oral Federal de Jujuy, integrado por los jueces Mario Juárez Almaraz, María Alejandra Cataldi y Federico Santiago Díaz, suspendió el juicio contra una veintena de gendarmes y policías imputados por la Noche del Apagón para poder condenar en primera instancia a Milagro Sala por el escrache a Morales.

“El tribunal demuestra que no quiere llevar a juicio a los responsables de la Noche del Apagón, aun cuando no están los responsables civiles. No tenemos demasiada expectativa de que pueda avanzar este año”, indicó Álvarez Carreras.

Frente a esta grave situación de impunidad, organismos de derechos humanos, gremios, partidos políticos y organizaciones sociales se movilizaron este jueves para exigir “juicio y castigo” a los genocidas de la última dictadura cívico-militar.

La multitud se concentró primero frente al Penal de Mujeres del Alto Comedero, en reclamo de la libertad inmediata de Milagro y de las otras dirigentes de la Tupac arbitrariamente detenidas: Gladys Díaz, Mirta Guerrero, Mirta Aizama y Graciela López.

“Tengo claro que estoy presa gracias a Blaquier, que hoy el payaso de Blaquier es Gerardo Morales. Le pido a la juventud que defienda nuestro país, nuestra patria y nuestro Jujuy, que es el que nos necesita. La marcha tiene que ser cada vez más grande para que los jóvenes tomen conciencia de que son el futuro. Compañeros fuerza, y a seguir marchando por nuestra dignidad y por los 30 mil compañeros desaparecidos”, dijo Milagro a través de un mensaje grabado desde la cárcel.

Más tarde, se marchó desde Calilegua hasta Libertador General San Martín, donde se encuentra la sede del Ingenio Ledesma. Allí se hizo un homenaje a la fallecida Rita Cordero de Garnica, una de las mujeres secuestradas durante la semana del 20 al 27 de julio de 1976, cuando estaba preso su marido, Agustín Donato Garnica, fundador del sindicato de zafreros. Se la llevaron junto a dos de sus hijos, Miguel Ángel y Domingo Horacio, quienes continúan desaparecidos.

“En la época de la dictadura, con la complicidad de Blaquier, han secuestrado a los obreros que luchaban por reivindicaciones laborales. Hoy esto se recrudece y se vuelve a poner en el tapete la relación de la empresa contra los trabajadores. Hay una complicidad entre los empresarios y la corporación judicial para ir en contra de los derechos de los obreros, con la flexibilización laboral en marcha”, sostuvo durante el acto Inés Peña, referente de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy.

Precisamente, el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL) resiste las maniobras intervencionistas de Morales y Blaquier, que cuentan con la asistencia del ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca. El secretario general del gremio, Rafael Vargas, ratificado por casi el 90% de los trabajadores en unas elecciones internas desconocidas por Triaca, también sufre una dura persecución judicial.

“Hoy Ledesma se siente respaldada por las políticas del presidente y del gobernador de la provincia y están dispuestos a encarcelar a los dirigentes sindicales y sociales poniendo todo el sistema judicial y laboral a favor de la patronal”, explicó Vargas a la multitud.

De la misma manera son amedrentados los empleados del Ingenio La Esperanza, que luchan por los 1.080 puestos de trabajo de la planta. El sindicato SOEA llamó a un paro en las últimas horas al conocer que las negociaciones de Morales para el traspaso de la empresa al grupo colombiano Omega sólo incluyen a la mitad del personal.

“Si no completamos la venta del ingenio por responsabilidad imputable al gremio, que se hagan cargo”, los amenazó ayer el gobernador para luego increparlos: “¡Déjense de hacer paros!”.

Consultada sobre el tema, la abogada Álvarez Carreras señaló a este medio que “acá no hay Estado de derecho”, y añadió: “Lo que hay es una embestida que está impidiendo que los trabajadores ejerzan sus legítimos derechos a protestar, a manifestarse públicamente y a tener elecciones autónomas. La situación es muy preocupante en Jujuy”.