El sueño de una derecha que dialogue, debata y respete las reglas del juego de la democracia parece cada día más lejano en América Latina. El disfraz con que los medios hegemónicos de comunicación –una de sus principales herramientas– intentan cubrir los interese de esos sectores retrógrados ya nos les queda.

Autoritarismo, violencia, intolerancia y mentira son los elementos que caracterizan a la derecha en nuestra región. De Argentina a México, obediente a las órdenes de Washington, se presenta ante las cámaras de televisión y con buenos modales habla de diálogo y respeto a las instituciones mientras fomenta golpes parlamentarios, desestabilizaciones, persigue a sus opositores políticos, intenta proscribirlos, encarcelarlos o, directamente, los mata de las formas más violentas.

Los más de veinte venezolanos que fueron atacados, rociados con combustible y prendidos fuego mientras estaban vivos son solo una muestra del nivel barbárico de los grupos comandados políticamente Freddy Guevara, Lilian Tintori, Leopoldo López, Henry Ramos Allup, Henrique Capriles y Julio Borges.

Una derecha criminal que los medios de comunicación hegemónicos del resto del continente y de Europa quieren hacer ver como una oposición democrática.

Claros ejemplos de la tergiversación de los hechos son los discursos del Grupo Clarín y el diario La Nación en Argentina, El Tiempo y la Cadena Caracol en Colombia, Televisa en México, el Grupo Prisa de España, la Rede Globo de Brasil, CNN en Estados Unidos, etcétera. Todos estos medios callaron y callan ante la violencia desatada por los sectores a cuyos intereses responden.

Los golpes parlamentarios contra Manuel Zelaya (Hondura, 2009), contra Fernando Lugo (Paraguay, 2012) y contra Dilma Rousseff (Brasil, 2016); los golpes fallidos contra Evo Morales (Bolivia, 2008) y contra Rafael Correa (Ecuador, 2010); el ataque constante al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (Argentina); el breve golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril de 2002 (Venezuela); las violentas guarimbas contra el Gobierno Bolivariano (Venezuela, 2014 y 2017); y, por supuesto, los constantes ataques contra los Gobiernos de Nicaragua, El Salvador y Cuba, son solo algunas de las muestras del accionar de la derecha cuando no controla el poder político (dado que el poder mediático, el judicial y el económico siempre les pertenecen).

Cuando logran controlar el poder político, se ven experiencias como la de Argentina, con el Gobierno de Mauricio Macri, donde los opositores como Milagro Sala (y otra decena de militantes) son encarcelados y, a pesar de las resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), de Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (ONU), que determinaron que la detención de la diputada del Parlasur es “arbitraria” y debe ser “liberada de inmediato”, el encarcelamiento persiste.

A ello, el Gobierno de Macri suma la represión a la protesta social, dado que, al igual que en Brasil, Paraguay, Perú, Colombia y México, el plan político-económico-social tiene una lógica más que conocida: ajuste-protesta-represión.

Los Gobiernos de Macri en Argentina, del golpista Michel Temer en Brasil y de Horacio Cartes en Paraguay han decidido usar el brazo mediático-judicial para perseguir e intentar encarcelar, proscribir o por lo menos destruir la imagen pública de los principales referentes políticos de los sectores populares: Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Luiz Inacio “Lula” Da Silva (Brasil), Fernando Lugo (Paraguay). Estos líderes encabezan la intención de voto en sus respectivos países y el contrate con los Gobierno neoliberales ha fortalecido su imagen, lo que para la derecha resulta totalmente inadmisible.

En Colombia, México y Honduras el crimen político se ha convertido en algo cotidiano. Por supuestos, la OEA, en manos del uruguayo Luis Almagro, mira para otro lado cuando se trata de crímenes cometidos por la derecha.

A pesar del avance del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC – EP), los paramilitares, con complicidad de un sector del Gobierno, asesinan diariamente a líderes sociales, dirigentes políticos, de derechos humanos y miembros de la guerrilla.

Al menos 68 dirigentes sociales, seis miembros de la FARC – EP y nueve familiares de los guerrilleros fueron asesinados desde que comenzó el proceso de paz. El Movimiento Marcha Patriótica denunció que 138 de sus miembros fueron asesinados por el paramilitarismo.

En ese marco, el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, aseguró que en su país no existen paramilitares. ¿Cinismo, estupidez o complicidad?

En México, la lista de crímenes cometidos durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto aumenta cada día. Solo en 2017 fueron asesinados los periodista Javier Valdez (Sinaloa) y Sonia Córdova (Jalisco), el conductor radial Filiberto Álvarez (en el estado de Morelos), la corresponsal de La Jornada Miroslava Breach (Chiguagua), el director de La voz de la tierra caliente y colaborador del periódico El Universal, Cecilio Pineda (Guerrero), el director del portal El Político de Xalapa, Ricardo Monlui Cabrera (Veracruz), el reportero del blog Colectivo Pericú, Maximino Rodríguez Palacios (Baja California Sur), y ahora el camarógrafo Edwin Rivera Paz (Veracruz).

Desde el año 2000 hasta la actualidad, el país azteca ha llegado a las tristes cifras de 127 periodistas asesinados y 23 los desaparecidos. Un tercio de esos crímenes (43) fueron cometidos durante el Gobierno de Peña Nieto. La mayoría de ellos aún está impune.

Los 43 estudiantes secuestrados y desparecidos en septiembre de 2014 en Ayotzinapa, crimen cometido por narcotraficantes y policías, con la complicidad de sectores de la corrupta política azteca, hizo que el mundo pusiera su mirada en México y viera que allí existían “muchos 43”, miles de desaparecidos, cientos de miles de desaparecidos. La búsqueda de “los 43” llevó al encuentro de decenas de fosas comunes con centenares de cadáveres.

El asesinato de Berta Cáceres fue solo el más conocido de la decena de asesinatos de dirigentes sociales, políticos, de derechos humanos y de periodistas que se han cometido en Honduras luego del golpe de Estado contra Manuel Zelaya.

Sin el control del poder político o con él, la derecha ha demostrado que la violencia, el autoritarismo y la intolerancia son parte de su génesis y que, por más que se disfrace de democrática, sus intereses se contraponen con los de las grandes mayorías y, por ende, con la esencia de la democracia real.