A poco más de un mes de conocerse que en Argentina casi la mitad de los hogares con niños y adolescentes no cubre la canasta básica, el aparato mediático que responde al macrismo usó a un menor vulnerable y montó una farsa delictiva a su alrededor para avanzar en plena campaña electoral con un discurso punitivo y criminalizante que propone la baja de la edad de imputabilidad como única solución a los problemas de seguridad.

En un país donde –según cifras de UNICEF– hay 5,6 millones de chicos por debajo de la línea de la pobreza, donde jamás se debate la responsabilidad del capitalismo en el deterioro del tejido social y donde se trata de ocultar la pauperización de las condiciones materiales de la infancia a partir del modelo neoliberal de Mauricio Macri, los grandes medios operan para transformar a las víctimas del sistema en victimarios, violando sus derechos más elementales.

Fue lo que hicieron el domingo pasado los periodistas Jorge Lanata y Rolando Barbano en el programa PPT de Canal 13, al exponer en cámaras a un pibe de once años, al que calificaron como “veterano del delito”, “yonqui” y “asesino”, para involucrarlo en el robo a un jardín de infantes de Villa Caraza, con el que habían iniciado el informe televisivo.

Desde el Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) salieron rápidamente a denunciar un “montaje” del Grupo Clarín “con la participación necesaria de personal policial y civil al mando del secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, quienes secuestraron al niño, lo amedrentaron y coaccionaron a efectos de realizarle una ‘entrevista’”.

La madre del menor, Elena Fernanda, que trabaja en una cooperativa de reciclaje, dijo que su hijo se drogó por primera vez a los ocho años y que estuvo en conflicto con la ley, pero aclaró que “no mató a nadie” y “nunca manejó armas”, como se lo mostró en Canal 13.

“Lo que quiero es que lo ayuden. No quiero que lo traten como asesino. En vez de ponerlo como pibito asesino, ¿por qué no lo ayudaron antes?”, se preguntó la mujer, y comentó que durante años recurrió a la escuela, a la salita de Villa Caraza y al juzgado de Banfield, aunque en ninguno de esos lugares obtuvo una respuesta para afrontar los problemas de su hijo.

El martes se presentó ante los tribunales de Lomas de Zamora para denunciar penalmente a Lanata y a Kravetz por violaciones a los derechos del niño. Elena Fernanda sostiene que ningún familiar autorizó que su hijo fuera expuesto en el programa PPT. También relata las situaciones de “extorsión, amenazas y violencia física y verbal” perpetradas por personal policial contra el menor, antes y después de su manipulación televisiva. “Fue obligado a mentir en una verdadera sesión de tortura física y psicológica”, agregaron desde el patrocinio legal de la mujer.

“Utilizaron la imagen de un pibe vulnerable, que tiene problemas psiquiátricos y de conducta, sin permiso de la familia. Tampoco resguardaron su cara ni su voz como corresponde y se lo identifica con su apodo verdadero, lo que implicó que todo el mundo lo reconociera en el barrio y empezara a tener problemas por eso”, explicó a Contexto Manuel Mateu, del MTE.

El referente social añadió que la Justicia debe investigar, además, “si lo que hizo la policía que conduce Kravetz fue entregar al menor a la producción del programa para que diera una nota bajo presión”.

“Creo que detrás de todo esto hubo una intencionalidad de justificar una manera de actuar de las fuerzas de seguridad, en particular de la Policía Local de Lanús, que tiene graves antecedentes de amedrentamiento a los pibes”, consideró Mateu, y recodó la violenta represión ordenada por el intendente Néstor Grindetti en el comedor infantil “Cartoneritos” de Villa Caraza, ocurrida el pasado 30 de marzo, con un saldo de varios chicos heridos y detenidos.

Hasta el momento, ninguna autoridad municipal, provincial o nacional se comunicó con Fernanda. Tampoco hubo respuesta a un pedido de informes de la diputada provincial Karina Nazabal (FpV-PJ) dirigido a Kravetz y a otros funcionarios de Lanús, como el director de Niñez, Esteban Fresco, y el secretario de Desarrollo Social, Emiliano Bursese.

Kravetz sólo salió en los medios para rechazar las acusaciones en su contra y defender al Grupo Clarín, ya que opinó que difundir informes como los de Lanata y Barbano “colabora para mejorar la situación de estos chicos”.

Grindetti y su secretario de Seguridad fueron incluso respaldados por el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, quien ayer se trasladó hasta Lanús para fotografiarse con ambos en el Centro de Atención Vecinal (CAV) de Hipólito Yrigoyen 3789.

El titular de la cartera de Justicia es quien viene insistiendo con bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Semanas atrás, anunció que ya tenía listo un proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil y que planeaba enviarlo al Congreso antes de las elecciones, pese al amplio acuerdo de los expertos en que no existe vinculación entre la edad de imputabilidad y la comisión de delitos, especialmente aquellos que atentan contra la vida o la integridad física.

Un tema “delicado”

No fue ninguna casualidad que, a dos días de la operación televisiva de Lanata, la primera precandidata a diputada bonaerense de Cambiemos en La Plata, Carolina Píparo, saliera a reclamar la baja de la edad de imputabilidad.

“Hay una realidad latente y es el menor que ya ha delinquido una, dos, tres veces, que ha cometido un robo a mano armada. ¿Qué estamos esperando?”, manifestó junto a Guillermo Montenegro, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, quien completó que “hoy los menores empiezan a delinquir con 9, 10 u 11 años”.

En contrapartida, Florencia Saintout, precandidata a diputada provincial de Unidad Ciudadana, salió a señalar que se trata de un “tema demasiado delicado” para tratarlo durante la campaña.

“Estamos hablando de nuestros niños y niñas, de nuestros jóvenes, por eso sería mejor discutirlo en el marco de políticas públicas que estén atentas a los derechos de todos y todas”, subrayó en diálogo con Infoplatense Radio, y se mostró sorprendida de que “la palabra ‘derecho’ no esté incorporada en ningún lugar” del discurso de Píparo.

“Discutir con ellos es decirles que tienen que frenar con el ajuste, dejar de sacar los medicamentos de lugares de acceso público, que nuestros jóvenes y nuestros adultos mayores tienen que comer todos los días”, planteó Saintout.

En este sentido, la actual edil platense y decana de la Facultad de Periodismo de la UNLP afirmó que “la gran discusión” es el rumbo político, porque “hoy se están tomando decisiones en las que nuestros jóvenes, sus hijos y los hijos de sus hijos van a estar endeudados por cien años”.

“Con el rumbo de esta política, va a haber cada vez más hambre, más negocios cerrados y menos lugares de contención en los clubes. Esa es la verdadera discusión que hay que dar”, concluyó.