Dos horas después de la represión de las fuerzas de María Eugenia Vidal sobre los trabajadores cesanteados de la planta de snacks en Vicente López, la Sala N° 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró la ilegalidad de los despidos de PepsiCo y la reincorporación inmediata de los trabajadores.

La resolución dictada por los jueces Aníbal Raffaghelli y Néstor Rodríguez Brunengo “parte del hecho de que la planta se cerró sin respetar al conjunto del personal ni el procedimiento establecido en la Ley de Empleo”, explicó a Contexto Edgardo Moyano, abogado de los trabajadores, aludiendo al procedimiento establecido en el Preventivo de Crisis que estipula que hasta que no se resuelva el mismo no puede haber modificaciones en las condiciones laborales.

El fallo de Raffaghelli y Rodríguez Brunengo intima a las autoridades de PepsiCo a que reincorporen de forma inmediata a un grupo de cesanteados que fueron a la Justicia, pero sienta precedentes para todos los trabajadores al señalar que los despidos fueron ilegales. El fallo establece además una multa de 5.000 pesos por trabajador por cada día que pase sin que sea reincorporado.

Los delegados de la planta explicaron en conferencia de prensa que tanto la jueza Andrea Rodríguez Mentasty como el fiscal Gastón Larramendi habían sido alertados sobre el lock out, pero no escucharon a los trabajadores ni les dejaron hacer presentaciones al respecto.

El fallo “demuestra que teníamos razón cuando decíamos que la empresa estaba en la ilegalidad y que la represión también lo era. Esa violencia contra los trabajadores se podría haber evitado”, sostuvo Camilo Mones, delegado de PepsiCo. Ahora se ve “claramente que fueron los Gobiernos de Macri y Vidal los que dispusieron que la represión se efectivice”, agregó.

Respecto a la represión, los trabajadores sostuvieron que se trató de una “acción disciplinadora” para que se queden en sus casas sin salir a pelear por sus puestos laborales.

“Vamos a pelear por nuestros puestos hoy más que nunca. Recibimos la solidaridad más amplia y el repudio a la represión fue también enorme. Con esa fuerza vamos a convocar para el martes a una jornada nacional de lucha por la reincorporación de los trabajadores de PepsiCo, contra los despidos en todo el país y contra la represión”, anunció Catalina Balanguer, trabajadora de la planta donde mañana habrá un festival solidario por los obreros.

El desalojo del día jueves fue ordenado por el fiscal Larramendi y ratificado por la jueza Rodriguez Mentasty, a quienes los trabajadores buscarán llevar a juicio político por su accionar en la causa.

Respecto de la magistrada, el juicio político impulsado por los trabajadores “en primer lugar tiene que ver con la actuación en la causa que llevó adelante a espaldas de los trabajadores, sin escucharlos, sin recibirnos a los abogados, sin atender las alertas que habíamos hecho y que está resolviendo la Justicia en otros fueros”, explicó Moyano.

En segundo lugar, esta medida sobre Rodríguez Mentasty es por “todo el operativo represivo del día jueves y su actuación allí, que obviamente nosotros consideramos que tiene que ver con sus vinculaciones con el Gobierno de Cambiemos”.

Cabe recordar que la jueza tuvo un nombramiento “expres” por la gestión macrista de la cual se muestra muy afín. Rodríguez Mentasty es ex de Walter Carusso, diputado bonaerense de San Martín por el PRO, un hombre muy cercano al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, referente de Cambiemos, con el cual la magistrada también se ha mostrado en fotos.

En ese marco, los diputados nacionales del Frente para la Victoria por la provincia de Buenos Aires solicitaron al vicegorbernador, Daniel Salvador, y al procurador general bonaerense, Julio Marcelo Conte Grand, que la jueza sea investigada. El mismo pedido fue presentado al presidente de la Cámara de Diputados bonaerense Manuel Mosca y a la presidenta de la Suprema Corte provincial Hilda Kogan.

En el documento presentado denuncian a Rodríguez Mentasty por “no haber accedido a los reiterados llamados de los suscriptos para poder aportar a una solución pacífica del conflicto”, y cuestionan su labor habiendo “avalado la orden de desalojo impulsada por el Presidente Mauricio Macri y por la Gobernadora María Eugenia Vidal, quienes dieron lugar al acuerdo preventivo de crisis que dejó en la calle a cientos de trabajadores”.