Más femicidios que esperan respuesta de un Estado ausente e hipócrita

Pese a su fe religiosa, la gobernadora ni se inmuta frente a los femicidios que cada día golpean la región. Miles de jóvenes y madres que perdieron a sus hijas en actos violentos que siguen en la impunidad encabezaron una multitudinaria marcha en La Plata.

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Allí estaban el lunes por la noche los familiares de María Emma Córdoba, la estudiante de medicina víctima de femicidio en Punta Lara el pasado fin de semana; la mamá de Emilia Uscamayta Curí, la joven estudiante de periodismo que murió en una fiesta ilegal el 1º de enero de 2016, en medio de complicidades de altos funcionarios municipales y amigos de la noche del intendente Julio Garro; allí estaba también Nelly Gamboa, la mamá de Sandra Ayala Gamboa, otra joven estudiante que en 2007 fue violada y asesinada en las oficinas del edificio de Rentas que ahora, a escondidas, la gobernadora María Eugenia Vidal está haciendo refaccionar para volver a utilizarlo, pese a que al llegar al poder se había declarado conmovida por ese caso.

Pura demagogia electoral de la señora que contradice su fe católica. Baste recordar la enorme cruz de madera que estaba sobre la mesa en la que juró su gabinete completo en 2015. Desde el poder no está haciendo más que cercenar derechos de las mujeres de la provincia y mirando para otro lado cuando la Justicia traba causas como en el caso de Emilia, y se llena la boca hablando de independiencia de Poderes cuando al frente de la Procuración bonaerense puso como jefe de fiscales a su exsecretario de Legal y Técnica, Julio Conte Grand, conocido miembro del Opus Dei.

Las causas relacionadas con la violencia de género, como amenazas y lesiones, que ascienden al 71%, son las “más archivadas” en la provincia, según un informe emitido esta semana por el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires al que tuvo acceso Contexto. Ese documento suma otra cifra alarmante que la realidad está mostrando día a día: “el 70% de las víctimas corresponden a la franja etaria de 19 a 40 años”.

“Las denuncias por abuso sexual en sede policial han aumentado en los últimos años. Mientras que en el año 2014 se habían presentado 4661 denuncias […] ese número aumentó a 6612 en el año 2016”, afirma el informe, antes de indicar que más del 55% de los casos denunciaron a familiares como autores de esos hechos.

Respecto del comportamiento de la Justicia, el informe de la Defensoría indica que “las medidas de protección aplicadas de manera aislada no garantizan la seguridad física, económica y emocional de las víctimas”.

“La Justicia es la sociedad empoderada diciendo basta”, sostuvo el lunes, de espaldas a la Casa de Gobierno, la presidenta del Centro de Estudiantes de Medicina de la UNLP, Josefina Sáez, todavía bajo el impacto y la angustia del femicidio de su compañera.

Sáez pidió al Estado “más políticas públicas y que garantice los presupuestos para cumplir con las leyes contra la violencia de género”, antes de hacer hincapié en que cada dieciocho horas una mujer es víctima de femicidio o feminicidio en la Argentina, uno de los países que lidera la lista negra en América Latina.

Hace unos meses la ONU llamó la atención al Estado argentino sobre el “alarmante número de femicidios y de violencia de género” registrados en el país, y recomendó, desde el Comité contra la Tortura, que se investiguen “con profundidad todas las denuncias, enjuiciar a los autores con penas apropiadas y garantizar a las víctimas políticas reparatorias integrales”, pero nada está ocurriendo con Macri y Vidal a la cabeza.

En estos tiempos hay que refrescar la memoria y recordar que durante la campaña electoral que la llevó a la Gobernación, Vidal había prometido “patrocinio jurídico y ayuda terapéutica” para las víctimas de violencia de género. Pero el hecho de que no respondiera al pedido de la familia de Sandra Ayala Gamboa de habilitar en el nuevo edificio una oficina para atender situaciones de violencia de género ya es una respuesta.

En la provincia, los dos obstáculos mayores que ha puesto el Gobierno de la alianza Cambiemos son “la subejecución de presupuestos destinados a la aplicación de leyes contra la violencia de género y la tercerización de los servicios de atención telefónica para atender llamados por violencia de género, que debería ser personal del Estado” formado para tal fin y no un “call-center”, explicó a Contexto la secretaria de Género de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, Flavia Delmas.

El vaciamiento de políticas de Estado en la lucha contra la violencia de género no sólo afecta a la provincia, sino también al municipio que dirige Cambiemos.

“Hace tiempo que venimos pidiendo la declaración de emergencia contra la violencia de género”, sostuvo el lunes Josefina Sáez, tras precisar que María Emma Córdoba formaba parte del #NiUnaMenos y “siempre estaba en las marchas […] Cuesta entender que hoy estamos acá por ella”, dijo con la voz entrecortada pero sin bajar los brazos.

Es cierto que en el ámbito universitario, y desde la Prosecretaría de Derechos Humanos de la UNLP, en 2016 se impulsó un “Protocolo para intervenir en situaciones de violencia de género”, pero “no todas las unidades académicas tienen equipos interdisciplinarios de atención y tampoco hay un presupuesto de la Universidad destinado para ello”, precisó Delmas.

El papel de los medios

La violencia de género requiere “una atención de urgencia y emergencia, pero básicamente de prevención”, subrayó. “Ahí la tarea pedagógica es esencial y también el trabajo con los medios de comunicación para frenar discursos patriarcales que refuerzan las miradas prejuiciosas y estereotipadas”.

Un ejemplo de ello fue el tratamiento que algunos medios le dieron al femicidio de Emma, al no hablar de femicidio sino de “abuso sexual y asesinato en contexto de robo”; otros inclusive dijeron que las chicas (junto a Emma estaba otra joven que debió ser hospitalizada), “estaban consumiendo pastillas y alcohol”, como si eso atenuara la gravedad del asesinato de una mujer por cuestiones de género.

Justamente, la joven que estaba junto a Emma emitió el viernes un comunicado con el respaldo de su abogado en el que reitera su pedido formulado días antes para que el caso se trate “con perspectiva de derechos” para resguardar su intimidad y preservarla, así como a su entorno. La muchacha se refirió expresamente a un artículo publicado en un diario de la ciudad de La Plata que “brinda detalles sobre la mecánica de los hechos de los que fuimos víctimas con mi amiga Emma”.

“El derecho que me asiste de intentar retomar mi habitualidad, mis rutinas, no debe ser menoscabado por un tratamiento amarillista, que no aporta nada a visibilizar el flagelo del que somos víctimas cientos de miles de mujeres sino que, por el contrario, pone un énfasis innecesario en detalles que no hacen más que alimentar los múltiples círculos de violencia a la que nos vemos sometidas por imperio del modelo patriarcal”, afirmó.

“Por ello, solicito a los medios de comunicación que no decidan por mí, que no hablen por mí”, concluyó.

Familiares y amigos de la joven asesinada volvieron a marchar el viernes, esta vez en Punta Lara, pero nuevamente bajo una consigna que ya pertenece a buena parte de la sociedad: “NiUnaMenos, Justicia por Emma”.