La defensa de Juan José “Pipi” Pomares, acusado en este juicio junto a Carlos Ernesto “El Indio” Castillo por cuatro asesinatos cometidos antes y después del golpe de Estado de 1976 por la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU) en La Plata, presentó el miércoles como testigos a Carlos Ángel Donamaría y a Juana Alina Silveira, quienes alabaron al acusado como un “buen compañero”. Según decenas de testimonios de las querellas escuchados en audiencias anteriores, “Pipi” era conocido en la ciudad como integrante de la organización paraestatal que a partir de 1974 secuestró y asesinó a un centenar de universitarios y trabajadores.

“Pipi es más chico que yo. Es un peronista acérrimo. Un militante que se hizo en los barrios”, afirmó Silveira, jubilada de 65 años que reivindicó su “amistad y militancia” junto a Pomares, a quien conoció antes del golpe. La testigo reivindicó el “trabajo social de Pomares. Con tanta pasión. No vi peronista igual”, sostuvo.

La mujer brindó un testimonio contradictorio y no pudo responder con precisiones al ser interrogada por el presidente del tribunal, Germán Castelli, o por las querellas. Guiados por el abogado defensor Oscar Salas, ambos testigos mencionaron a dirigentes peronistas, senadores, intendentes y hasta al expresidente Néstor Kirchner en sus respuestas, al vincular a Pomares con todos ellos de manera directa o indirecta.

La mujer, que dijo ser militante de la Juventud Peronista (JP) y haber estado desaparecida “tres meses y dieciocho días”, precisó que tras el golpe uno de sus hermanos fue trasladado a la Unidad 9 de La Plata, donde volvió a ver a Pomares. “Llegó a la cárcel con una pierna quebrada”, dijo. “No tenían patio ni recreos. En la cárcel estaban re mal. Los veíamos a través de un vidrio”, aseguró.

Interrogada por las querellas sobre si en aquellos años había oído hablar de la CNU, Silveira respondió: “Sí, pero nunca la entendí”. Preguntada sobre si Pomares pertenecía a otra organización que no fuera la JP, la mujer exageró el “no” de su respuesta y completó: “No sé de otra organización”.

“¿Sabe si Pomares integró la CNU?”. “Nooo, noooo, Pipi era muy chico”, repitió la mujer que fue interrogada por el abogado defensor Oscar Salas sobre funcionarios municipales, legislativos o exdetenidos que tras recuperar la libertad se insertaron en la vida política local.

“Los testigos de la defensa están dirigidos a sustentar una hipótesis que la defensa va a argumentar en su alegato, en el sentido de que no hubo PERSECUCIÓN política ni crímenes”, explicó Marta Vedio.

“Los testigos de la defensa están dirigidos a sustentar una hipótesis que la defensa va a argumentar en su alegato, en el sentido de que no hubo persecución política ni crímenes destinados a llevar adelante esta persecución contra los sectores más dinámicos de la izquierda, fuera peronista o no peronista, sino que la van a presentar como una interna peronista”, explicó a Contexto al término de la audiencia una de las abogadas querellantes, Marta Vedio.

En efecto, la defensa quiere quitarle peso legal al carácter “imprescriptible” que plantea la querella al entender que el accionar de la CNU en La Plata fue “una persecución sistemática, masiva y contra un sector específico”, y por lo tanto “decimos que fueron crímenes de lesa humanidad”, puntualizó la letrada.

“Ellos traen testigos que, sin desmentir los hechos porque no saben nada sobre los hechos, intentan mostrar un contexto diferente, que se desarrolla únicamente dentro del peronismo, y eso no tiene nada que ver con la realidad”, sostuvo.

Audiencia sin público

El primer testigo de la defensa fue Carlos Ángel Donamaría, un jubilado de 64 años que conoció a Pomares “en los ochenta, durante el gobierno de (Antonio) Caffiero”, y que militó con el acusado entre 1987 y 2013, cuando este fue detenido.

En todos esos años, exdetenidos y exmilitantes sabían que Pomares trabajó en la Municipalidad y luego en la Legislatura, amparado por funcionarios de turno.

“Nos juntábamos a tomar café en el Hotel La Plata, en calle 51, y él comentaba sobre la persecución de personas de los setenta”, dijo el testigo al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 que integran como vocales Pablo Vega y el cuestionado juez Alejandro Esmoris.

“Un día le pregunté qué iba a hacer, y entonces me dijo que no iba a ir a ver a ningún político. ‘Vos sabés que soy totalmente inocente. Que en mi vida no maté ni a una mosca’”, afirmó el testigo. En ese momento se escuchó un murmullo en la sala y el tribunal aprovechó para desalojarla, una amenaza que venía repitiendo desde el inicio del juicio, el 15 de mayo pasado.

Curiosamente, Donamaría dijo que entre 1971 y 1976 trabajó como fotógrafo en el hipódromo platense, pero que, dijo, sólo iba “los días de reunión”, es decir, cuando había carreras. Aseguró que en esos años “en absoluto escuchó hablar de Pomares”, ni tampoco de “conflictos en el hipódromo”.

Castillo y Pomares están en el banquillo por el secuestro y asesinato de Carlos Antonio Domínguez, entonces secretario general del gremio del Turf platense, de dos militantes de la izquierda peronista, Graciela Martini y Néstor Di Notto, y de Leonardo Miceli, integrante de la comisión interna de una tercerizada que prestaba servicios en Propulsora Siderúrgica.

Entre las víctimas de la patota de la CNU, cuyos casos no fueron admitidos en este juicio, figuran, entre otros, Luisa Marta Córica, delegada del hipódromo, y el médico Mario Gershanik, que trabajaba en el Policlínico del Turf.

El público y la prensa debieron seguir la audiencia desde el hall del primer piso del Tribunal Federal platense, en 8 entre 50 y 51. Quienes la siguieron por la página de Internet de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no pudieron escuchar porque no tenía sonido. La próxima audiencia será el 7 de agosto. Para entonces, la defensa mantiene a otros tres testigos, Tomás Diego Bernard, Juan Destéfano y Raúl Castro, a quienes parece que hasta el momento no pudo convencer de que comparezcan ante el tribunal.