Brasil: la función antidemocrática del sistema judicial en su punto más alto

En el siglo XX, las clases dominantes latinoamericanas usaron la violencia física militar para atacar a Gobiernos y/o fuerzas y líderes populares. La condena de ayer a Lula y el acoso a Cristina Kirchner confirman que el método cambió: el papel de las fuerzas armadas contra el pueblo ahora lo cumplen los jueces.

136

Por Miguel Croceri

Las nuevas formas de defender sus intereses por parte de las clases sociales dominantes de Suramérica y de todo el bloque de poder que ellas conforman a través de las corporaciones, todos bajo la estrategia norteamericana de dominación planetaria, empezaron a exhibirse con toda su violencia política, jurídica e institucional ayer en Brasil.

La condena contra el expresidente Luis Inacio Lula Da Silva marca el punto más alto de utilización del Poder Judicial para prostituir la democracia representativa, impedir la democratización real del Estado y de la sociedad, frenar todos los avances populares y hacer retroceder conquistas históricas de los sectores sociales más desfavorecidos. Esa es la nueva función histórica de la judicatura –horriblemente llamada “Justicia”– en esta parte del mundo.

Mientras los poderes fácticos amenazan con meter preso al máximo líder popular brasileño, el corrompido Congreso de ese país aprobó un día antes la “reforma laboral” que hace retroceder un siglo las condiciones de vida de las clases trabajadoras. El paso siguiente es la reforma previsional (reforma da Previdência, en portugués) para aumentar la edad jubilatoria y pagar menos a las personas que llegan a la edad del retiro laboral.

La estrategia de ataque contra los derechos populares tiene, en un mismo momento, tres movimientos simultáneos: debilitar a la fuerza política popular más importante del país con su líder arrinconado, contaminar la subjetividad del pueblo diseminando la creencia de que “los políticos son corruptos” y “se roban todo”, y, gracias a todo ello, profundizar la dominación de las clases capitalistas contra el pueblo trabajador, que es el más importante de los tres movimientos y, en definitiva, el objetivo final.

Por razones que esta nota no está en condiciones de desarrollar, a Estados Unidos “se le escapó” de control el ciclo de gobiernos populares –llamados también, según el caso, “de izquierda” o “centroizquierda”, “progresistas”, “reformistas”, a veces “revolucionarios”, y para la derecha “populismos” equivalentes a los peores males del mundo– que dominaron la política latinoamericana durante los primeros quince años del siglo.

La mención a un periodo es solo orientativa. No es estricta, no es exacta. Toma como referencia que el proyecto revolucionario de Hugo Chávez en Venezuela se empezó a hacer explícito hacia el cambio de milenio y luego, desde 2003, llegaron al Gobierno Lula en Brasil y Néstor Kirchner en Argentina, y que atravesado un periodo de alrededor de tres lustros, en 2015 se produjo el triunfo electoral de la derecha en Argentina, a comienzos de 2016 Evo Morales perdió un referéndum y quedó impedido de ser elegido otra vez, y meses después en Brasil Dilma Rousseff fue derrocada por un golpe judicial, mediática y finalmente parlamentario.

Las primeras acciones de la nueva estrategia de Estados Unidos y de las derechas locales contra su principal enemigo actual en nuestro continente, que para ellos son los “populismos” latinoamericanos, fueron el derrocamiento en 2009 de Manuel Zelaya en Honduras por un fallo judicial, y luego el de Fernando Lugo en Brasil por un golpe del Congreso.

En el tiempo que duró el ciclo –en esos estimativamente quince años–, los Gobiernos populares fueron agredidos desde todos lados y con cualquiera de los métodos posibles por los intereses de los poderosos, y cuanto más difícil se les hizo, más aumentaron sus niveles de violencia.

Así, la Revolución Bolivariana de Venezuela, a la que no pudieron derrocar ni con un golpe de Estado “clásico” en 2002, ni con el posterior sabotaje petrolero, ni con la guerra propagandística de alta intensidad desplegada por los aparatos mediáticos de todo el mundo, y que además soportó, en un principio, la muerte de su líder –quizás asesinado, imposible saberlo, pero esa probabilidad la hizo pública en su momento el presidente Nicolás Maduro y hasta se mostró esperanzado en lograr “algún día” las “pruebas científicas”, dijo, del posible magnicidio–, hoy resiste el asedio pero con un desgaste extremo del consenso a su favor en las bases de la sociedad.

Con la baja de los precios del petróleo y la guerra económica interna, el país afronta un costo social altísimo, con el pueblo sufriendo un desabastecimiento y una inflación desgarradores para el tejido social y la legitimidad política del Gobierno, y con niveles de violencia callejera y de ataques criminales directos contra las personas desatados por la derecha local y norteamericana con sicarios de la colombiana, hechos que podrían llegar a ser, en el peor de los casos, la primera etapa de una guerra civil.

El gobierno de Evo Morales en Bolivia también resiste, con más fortaleza que cualquier otro por el arraigo popular único e irrepetible de su líder y presidente, y porque la distribución de la renta nacional generada por la explotación de sus recursos y sus precios internacionales permite un orden económico aun satisfactorio para las demandas populares.

En Ecuador, el voto mayoritario –por poca diferencia– a favor de un candidato proveniente del espacio político conducido por el líder de la Revolución Ciudadana, el hasta hace poco presidente Rafael Correa, derivó en el Gobierno de Lenín Moreno, condicionado por la debilidad relativa de su fuerza real ante la estrategia de desgaste de Estados Unidos y los poderes fácticos locales, y por la propia proclividad del nuevo presidente a negociar con ellos desde cierta condescendencia.

Mientras tanto, democracias brasileña y argentina están bajo asedio de fracciones hegemónicas del sistema judicial que, como nuevo factor determinante en la ofensiva continental contra expresiones de poder popular emergidas desde comienzos de la nueva centuria, cumplen dentro del Estado el rol que en el pasado cumplieron las fuerzas armadas.

A lo largo del siglo XX, dichas clases dominantes y las estructuras corporativas que representaban sus intereses se valieron del uso de la violencia física directa mediante los golpes de Estado o la amenaza de ellos, para derrocar o bien extorsionar y presionar, a gobiernos y/o fuerzas y líderes políticos que ejercían o intentaban plantear distintos grados de cuestionamiento al orden social establecido.

Hoy, asistimos a una modificación absoluta del método de ataque. Por múltiples razones vinculadas con cambios en la estructuración de las diversas fuentes de poder que interactúan en las sociedades, hoy las derechas necesitan menos del instrumento militar, y más del instrumento judicial.

Y este último, siempre –eso sí– articulado con el instrumento mediático. El accionar antidemocrático no tendría la fuerza que tiene sin el papel gravitante de las corporaciones de grandes medios de comunicación que mediante las mentiras, la censura y las estafas informativas, más la manipulación y distorsión de ciertos hechos y el ocultamiento de otros, conforman potentes dispositivos de acción psicológica sobre la opinión pública las 24 horas de todos los días de la vida.

Desde el interior de la estructural estatal, en Brasil y Argentina el peso determinante del accionar antidemocrático se ha desplazado desde las fuerzas armadas hacia los sistemas judiciales. El carácter corporativo, corrupto y en ocasiones mafioso de integrantes de la judicatura, degeneran a las instituciones públicas del Estado de Derecho y las convierten en poderes fácticos que constituyen una nueva y peligrosa amenaza contra la democracia y la soberanía popular.

Ayer, con Lula como víctima personal directa y con el pueblo brasileño como blanco del ataque, la nueva función antidemocrática del Poder Judicial llegó a su punto más alto hasta ahora. Si Cristina Kirchner será la próxima víctima personal de la misma estrategia continental, es una posibilidad que muchos y muchas están considerando desde hace tiempo. Por ahora es solo una posibilidad. Pero nada menos.

Es urgente que la conciencia democrática de la sociedad, y en particular sus dirigencias y militancias más lúcidas y comprometidas con las causas humanistas y los intereses del pueblo, reflexionen sobre fenómenos de la realidad política que no están en los libros ni en la experiencia histórica, precisamente porque las estrategias de ataque adoptan formas nuevas, pero ante las cuales, como siempre, la lucha debe continuar.