En La Plata y alrededores, unas trescientas personas integran la comunidad trans. De ellas, el 80% son migrantes. Esto hace que sean un blanco sistemático de la violencia policial que en los últimos tiempos se ha ido incrementando de forma notable. Para generar mecanismos y estrategias que les permitan denunciar estas prácticas, integrantes de la ONG OTRANS, que reúne a mujeres trans, travestis y transgénero, participaron de un “taller de intervención” organizado conjuntamente con la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

“Ante el incremento de la persecución, la violencia policial, los armados de causas, vejaciones, torturas y muerte de compañeras en situación de encierro, hay que generar mecanismos y estrategias para poder denunciar estas prácticas que se han incrementado en los últimos tiempos”, dijo a Contexto Claudia Vásquez Haro, presidenta de OTRANS Argentina, interrogada sobre los objetivos del taller que tuvo lugar el martes.

El encuentro busca que “las compañeras puedan contar en este espacio, en primera persona, cómo es la violencia sistemática que viven para luego hacer un ‘mapeo’ de la violencia y generar estrategias para que puedan denunciarlo”, precisó Vásquez Haro.

“Muchas de ellas reciben amenazas de la policía, en el medio han denunciado coimas, aprietes, amenazas de armarles causas plantándoles droga… Todo eso se pondrá en diálogo acá, porque cuesta mucho que las compañeras puedan hablar”, puntualizó la referente de OTRANS en nuestro país.

Este primer taller fue concebido con la idea de “generar un clima propicio para que puedan relatar y se sientan en confianza”, explicó la referente de OTRANS, antes de precisar que del mismo participaron responsables de la CPM que trabajan en casos de violencia policial, gatillo fácil o conocen la vulnerabilidad de las personas que viven en situación de encierro”.

El encuentro, realizado en el marco de un convenio alcanzado entre ambas instancias, contempla además empezar a trabajar en un relevamiento sobre las condiciones de detención de trans y tavestis en toda la provincia.

“Acá tienen un trabajo interdisciplinario”, y por eso otros objetivos conjuntos son “llevar adelante un trabajo de investigación, por un lado, y por otro de intervención sobre el relevamiento de la situación de encierro de las personas trans y travestis en todas las cárceles de la provincia de Buenos Aires”, precisó.

Vale recordar que justamente el Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU, reunido en Ginebra en mayo pasado, puso “especial énfasis” en sus recomendaciones al Estado argentino “en las requisas vejatorias de personas transgénero y travesti en la vía pública y en los puestos policiales, así como las detenciones en condiciones humillantes, particularmente en la provincia de Buenos Aires”, según relataron participantes de esa reunión internacional.

En ese sentido, la comunidad trans, travesti y transgénero es una de las más vulnerables en cuanto a violencia policial se refiere. “La policía tiene un ojo afilado que va directamente a la comunidad trans porque es una comunidad vulnerable”, sostuvo Vásquez Haro.

Diversos organismos de derechos humanos y de lucha contra la violencia de las fuerzas de seguridad hacia la población civil vienen generando desde hace un tiempo “protocolos de actuación” para que los ciudadanos de a pie sepan qué hacer si se topan con una situación en la vía pública y son testigos oculares de un acto de violencia por parte de la fuerza policial contra la comunidad trans o de detención abusiva de menores, en general chicos humildes.

Vásquez Haro prefirió no denominarlo “protocolo de actuación”, aunque consideró que “sí deberíamos brindar alguna herramienta para que la gente sepa qué tiene que hacer”, como ocurrió en las últimas semanas con las requisas policiales en transportes públicos de pasajeros en la zona de La Plata, Berisso y Ensenada. En muchos casos, la primera reacción ciudadana fue tratar de registrar la situación mediante una fotografía o video por medio de un celular.

“La comunidad trans, o en todo caso quienes forman parte de la organización OTRANS, tienen un grupo de Whatsapp donde avisan en tiempo y forma que las están deteniendo”, explico Vásquez Haro. Las chicas saben que tienen que tener su documento o algún documento que acredite su identidad.

“Lo primero que hacemos como organización es avisar”, y lo que puede hacer cualquier vecino de a pie que vea una situación violenta contra la comunidad trans, y que obviamente repudie el accionar policial, es “avisar a OTRANS Argentina”, que canalizará la denuncia mediante comunicados de prensa y el accionar legal de los abogados que las acompañan. Esta ONG tiene su página, www.otransargentina.org, y también está en la red social Facebook.

Cuando se producen detenciones arbitrarias, “inmediatamente se presentan hábeas corpus”, pues la Justicia debe responder en las 24 horas siguientes.

A pedido de diversos organismos argentinos, el Comité contra la Tortura de la ONU también recomendó al Estado argentino que emita “instrucciones claras a las fuerzas de seguridad” y que adopte “políticas y programas específicos de integración y protección de personas en detención sobre la base de su orientación sexual e identidad de género, a nivel federal y provincial”. En ese sentido, le pidió al Gobierno de Mauricio Macri el “pleno respeto de la Ley 26.743 de identidad de género”.

Durante su reunión de principios de mayo en Ginebra, el Comité incorporó al colectivo trans y travesti dentro de la categoría de “grupo vulnerable”. El organismo también advirtió sobre “la violencia policial y las condiciones de detención inhumanas y degradantes” que sufre la comunidad trans, travesti y transgénero en la Argentina.

Del taller celebrado el martes participaron también el Frente TLGB de La Plata, Berisso y Ensenada, la Convocatoria federal trans y travesti Argentina, la Dirección de diversidad sexual y el Espacio de formación y acompañamiento en diversidad sexual (EFADS) de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).