En el contexto de ajuste socioeconómico que vive el país, los trabajadores fabriles, estatales, cooperativas, estudiantes, organizaciones de derechos humanos y políticas llevaron sus reclamos a las calles. Lejos de dar soluciones, la propuesta del macrismo es la intensificación de la criminalización de la protesta social, atacando y en muchos casos deteniendo a los manifestantes. Como el de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, principal exponente de esta política de Estado, aumentaron los casos de detenciones en conflictos callejeros: en un año y medio de gobierno de Mauricio Macri ya hay cerca de doscientos militantes con procesos judiciales y más de trescientas personas fueron detenidas en protestas sociales.

“Lo de Milagro fue el inicio de una escalada represiva que fue claramente en ascenso y que por supuesto va a seguir ante todas las manifestaciones de defensa de los derechos de las mayorías”, explicó a Contexto Carolina Arribi, referente del Área de Derechos Humanos de la Tupac Amaru.

Según relevamiento presentado en mayo por Liberpueblo y el Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma), desde la asunción de Cambiemos en el poder se han producido, al menos, 95 casos de violencia física a manifestantes, la apertura de 48 causas penales que alcanzaron a 180 manifestantes y la detención arbitraria de, mínimo, 337 personas por su participación en protestas sociales.

“Con la criminalización de la protesta, el Estado apunta a varios objetivos al mismo tiempo. Por un lado, frenar el conflicto social, acallando, disciplinando, atomizando y domesticando las disidencias. Por otro, correr el eje de la injusticia denunciada por diferentes sectores movilizados hasta plantear que lo que está sucediendo es un ‘delito’, una ‘amenaza para el orden legal’, una ‘violación a la ley’, deslegitimando los reclamos”, sostiene el informe presentado junto con ATE en el Congreso de la Nación, luego de una marcha contra la criminalización de la protesta social luego de que dos referentes en Río Negro de esta organización estuvieran detenidos por nueve días.

“Con la criminalización de la protesta el Estado apunta a varios objetivos al mismo tiempo. Por un lado, frenar el conflicto social, acallando, disciplinando, atomizando y domesticando las disidencias. Por otro, correr el eje de la injusticia denunciada.”

La criminalización de la protesta social viene de la mano de un accionar violento con un personal policial dispuesto a reprimir y a detener a los manifestantes. Ejemplos hay de sobra: desde que asumió Macri, reprimieron en Puente Pueyrredón a los jubilados, a los manteros, a una murga infantil, a los trabajadores de Cresta Roja y de fábricas recuperadas, a las mujeres en el Encuentro de Mujeres y en el Paro Internacional, a los docentes en Congreso cuando instalaban la carpa blanca, a los estudiantes en Berisso, a los despedidos. Y sigue la lista.

En La Plata, Julio Garro empezó su gobierno reprimiendo a los trabajadores municipales cesanteados por su incipiente gestión, así como también a los choferes de la Línea Este. Posteriormente, el Gobierno local atacó con la policía a jóvenes que pedían luz en su barrio, después de pasar días sin electricidad, y la Justicia local los detuvo por seis días.

Por fuera del informe del Observatorio del Derecho Social quedaron los ataques a la protesta social de los últimos días. Una de las recientes actuaciones que tuvo la policía fue en plena 9 de Julio contra las organizaciones sociales, que terminó con un saldo de ocho detenidos.

“Esto tiene que ver con la línea político-ideológica del modelo de Macri; este modelo cierra con ajuste y represión”, explicó la referente de la Tupac Amaru, una de las organizaciones que integra el Frente Milagro Sala, reprimidos la semana pasada.

“Esto tiene que ver con la línea político-ideológica del modelo de Macri; este modelo cierra con ajuste y represión”, explicó la referente de la Tupac Amaru.

Este Frente concentró frente al Ministerio de Desarrollo Social para exigir el decreto de la emergencia social, contra el vaciamiento de la política pública, la falta de trabajo y de políticas de empleo. Pero la respuesta fue la represión.

“Ante la protesta que genera la vulneración de los derechos, aparece la represión”, sostuvo Arribi. “Las dos aristas, la del ajuste y la represión, son fundamentales para sostener el modelo macrista”, agregó.

Esta semana, la detención arbitraria e ilegal del lonko mapuche Facundo Jones Huala por Gendarmería y la posterior represión a quienes exigían su libertad en Capital Federal por parte de la Policía de Horacio Rodríguez Larreta profundizó el amedrentamiento a la protesta social que estuvo ensayando Cambiemos desde que asumió.

Disciplinamiento

En ese sentido, desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) advierten que hay un aumento notorio de las detenciones arbitrarias y del hostigamiento policial en todos los ámbitos, entre ellos, en las protestas que se dan diariamente.

Según explicó a Contexto la referente de Correpi, María del Carmen Verdú, los ataques contra la protesta social son “para disciplinarla”. Una de las figuras que están utilizando para este disciplinamiento y para las detenciones es la de “resistencia a la autoridad”, utilizada en casos como el de la 9 de Julio.

“La resistencia a la autoridad no la crearon ayer, pero la están usando el doble de veces”, explicó Verdú.

“La resistencia a la autoridad no la crearon ayer, pero la están usando el doble de veces”, explicó Verdú, quien detalló que este argumento es utilizado tanto en la protesta como en las detenciones arbitrarias que se dan en la calle.

“El actual Gobierno decidió ir al fondo desde el primer día contra la protesta social, tanto normativamente con intentos como el protocolo antipiquetes, que lo frenamos en la calle con movilizaciones masivas; con modificaciones a los códigos contravencionales y de faltas; con cambios en el Código Penal y con el disciplinamiento a fondo de jueces y fiscales que están utilizando con mucha mayor frecuencia esta figura, específicamente dirigida a la criminalización de la protesta o a garantizar la impunidad de los represores”, sostuvo Verdú.

Con la complicidad de los grandes medios, otro de los mecanismos para avanzar contra quienes reclaman es la estigmatización y deslegitimación de la protesta. Los ataques mediáticos a los sindicalistas son bastos, profundizándose en el sector docente bonaerense y en determinados dirigentes. Otro ejemplo se vio estos días cuando el Frente Milagro Sala fue tildado de “piqueteros k” y de peligroso por los principales diarios del país.

“Hay una estrategia de estigmatización de los poderes hegemónicos con respeto a la criminalización de la protesta que es brutal”, comentó Arribi.