Tras la intervención del gremio de Canillitas, el Gobierno de Mauricio Macri tiene en la mira al Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL). Las maniobras del trío conformado por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, el gobernador Gerardo Morales y el empresario genocida Carlos Pedro Blaquier buscan acabar con una de las organizaciones más combativas de Jujuy para imponer salarios de hambre, despedir a discreción y flexibilizar las condiciones de trabajo del sector.

Triaca inició su ofensiva interventora a mediados de junio, cuando suspendió las elecciones del SOEAIL y dejó con mandato vencido a la Comisión Directiva del gremio, encabezada por Rafael Vargas.

Fue entonces que los trabajadores convocaron a una asamblea, prorrogaron el mandato de sus autoridades y ratificaron a la Junta Electoral, que fijó el 6 de julio como nueva fecha para los comicios internos.

Las decisiones de la asamblea fueron desconocidas por la cartera de Triaca, pero la Junta Electoral decidió avanzar igual con la votación al entender que el ministro actuaba con un “afilado autoritarismo que no tiene nada que ver con el principio de legalidad” del organismo a su cargo.

A pesar de todos los obstáculos que puso la empresa para que el acto democrático no se desarrollara, más del 53% de los obreros y empleados azucareros pudieron llegar ayer a las urnas para darle un contundente triunfo de la Lista Gris de Vargas, que obtuvo el 89,5% de los votos.

“Llevábamos más de dos semanas sin autoridades, con todo lo que eso significa, sobre todo para los 11.000 afiliados que tiene nuestra obra social. Es preocupante cómo el Gobierno provincial y el de la nación dejan a todas esas personas en el aire, muchas de las cuales necesitan atención médica, derivaciones, intervenciones y medicación de VIH u oncológica”, dijo el secretario general del SOEAIL a Contexto.

Vargas explicó que la embestida contra el gremio tiene que ver, por un lado, con el hecho de haberse “constituido como querellante en los casos de delitos de lesa humanidad que involucran a Blaquier”. El dueño del mayor ingenio del país fue la pata civil de la Noche del Apagón, cuando la dictadura secuestró a cuatrocientas personas en las localidades Libertador, Calilegua y El Talar con los camiones y las listas negras de Ledesma. Desde 1976, 33 de esas víctimas continúan desaparecidas. El empresario fue imputado en 2012, pero tres años más tarde la Cámara Nacional de Casación Penal le otorgó “la falta de mérito”.

El otro motivo de los ataques al SOEAIL son las negociaciones salariales, luego de un 2016 en el que los trabajadores lograron resistir la feroz represión de Morales, la judicialización y las multas que le impusieron al gremio por más de 2 millones de pesos.

“Hoy estamos en plena paritaria y la patronal pretende dar un 20% de aumento en negro. Esto no sólo pasa en el Ingenio Ledesma, sino también en La Esperanza, El Tabacal y San Isidro, donde tenemos más de sesenta despedidos. Hay problemas en cada uno de los ingenios azucareros de Jujuy y Salta, y la pelea es dura porque la patronal tiene el poder político, la Justicia y el Ministerio de Trabajo para echar por tierra todas las mejoras salariales y condiciones de trabajo que hemos conseguido en los últimos años”, remarcó el dirigente.

Sobre una posible intervención, Vargas sostuvo que el SOEAIL continúa en “estado de alerta”, con una “permanencia pacífica día y noche” en la sede del gremio. El objetivo es evitar el mismo atropello que sufrieron los canillitas y otros trabajadores organizados del país.

“La unidad es el único camino posible para vencer el miedo que aplica el Gobierno junto a la patronal”, aseguró al referirse a la situación que se vive en su provincia desde que asumió Morales y encarceló a Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur.

“Ver a una referente como Milagro detenida de una forma totalmente arbitraria, sin garantías constitucionales, genera mucho miedo. Los dirigentes sociales, los que defienden a un sindicato, son los principales blancos de los gobernantes. Los consideran un ‘riesgo’, y lo que más les conviene es judicializarlos o tenerlos en la cárcel. Ningún luchador escapa a esa situación en Jujuy”, sostuvo Vargas, y recordó que “en marzo hemos recurrido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dando a conocer todo esto”.