Trabajadores de unos treinta gremios nucleados en las dos CTA y la CGT repudiaron este miércoles la intervención del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas (SIVENDIA) y el desplazamiento de su secretario general, Omar Plaini, quien además fue procesado por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

“Las ideas y los principios no se intervienen”, dijo Plaini al encabezar la multitudinaria asamblea pública que tuvo lugar en las puertas del edificio del Sindicato de Canillitas –aún colmado de gendarmes–, y planteó a los dirigentes de las tres centrales obreras la necesidad de “un inmediato paro general con movilización” para frenar al Gobierno de Mauricio Macri.

Durante el acto se repasaron cada uno de los atropellos de Cambiemos contra la clase trabajadora, desde los 500 mil despidos y suspensiones, la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de la pobreza, hasta la persecución gremial, la avanzada contra los derechos laborales, la criminalización y las acciones represivas.

“¿Cuánto más habrá que esperar para decir basta, para que el movimiento obrero advierta el desastre de estas políticas y se decida a actuar? ¿Cuántos ciudadanos que votaron al actual Gobierno ya están totalmente decepcionados?”, se preguntó Plaini.

Martínez De Giorgi, un juez sin competencia laboral, intervino el SIVENDIA el lunes pasado con un megaoperativo de Gendarmería y funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación, luego de procesar y desplazar a su secretario general. Lo hizo sobre la base de una causa penal por presuntas irregularidades en las elecciones internas de 2013, que fue recaratulada por el magistrado para que no prescribiera.

“Esta intervención judicial, fuera de su órbita, fue decidida por un par de trasnochados en una mesa de póker”, cuestionó Plaini, y reiteró que “si alguno se molestó porque este trabajador canillita le dio su apoyo a Unidad Ciudadana, pido disculpas, pero tengo derecho a hacerlo”.

“si alguno se molestó porque este trabajador canillita le dio su apoyo a Unidad Ciudadana, pido disculpas, pero tengo derecho a hacerlo.”

SIVENDIA no es el primer gremio intervenido desde la asunción de Macri. En su estrategia de coartar la libertad sindical y debilitar a los trabajadores, la cartera conducida por Jorge Triaca ya había avanzado contra el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA) y el Sindicato de Seguridad Privada de la República Argentina (UPSRA).

El líder de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, quien ayer acompañó la asamblea de los canillitas, también recordó la intervención del Sindicato de Judiciales de Mendoza, impulsada en abril por el gobernador Alfredo Cornejo, y advirtió que ahora el jujeño Gerardo Morales apunta contra el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL), en beneficio del empresario genocida Carlos Pedro Blaquier. En la maniobra participa el ministro de Trabajo de la Nación, que el mes pasado suspendió las elecciones en el SOEAIL. Ante la posibilidad de una intervención, la Comisión Directiva del gremio solicitó la prórroga de mandatos y se declaró en “estado de alerta”.

“Hay un ataque frontal contra los sindicatos y los trabajadores para llevar adelante la reforma laboral que quieren los CEO”, sostuvo Micheli, y señaló que “ver a gendarmes dentro del edificio de Canillitas recuerda a la época de la dictadura”.

Para el titular de la CTA Autónoma, mientras no haya unidad del movimiento obrero, “van a pasar todas las políticas neoliberales que el Gobierno está llevando adelante”, por lo que coincidió en la urgencia de convocar a “un paro nacional” y pidió “dejar de quejare dentro de la casa para poner la queja en las calles de todo el país”.

En tanto, Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, estimó que existe la posibilidad de “una jornada de protesta con cese de actividades y movilización” antes de fin de mes.

“Cuando compartimos la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, nos fuimos las dos CTA y la CGT con el mismo sabor amargo y la bronca de ver que el Gobierno y los empresarios habían pactado un aumento que estaba lejos de lo que planteábamos todas las centrales. Y a esto hay que agregar la continuación y profundización de la ola de despidos, así como el alza de los precios, que ahora se agrava por el aumento del dólar”, subrayó.

Uno de los tres secretarios generales de la CGT, Juan Carlos Schmid, ya adelantó que la semana que viene el Consejo Directivo de esa central analizará “qué medida tomar”.

Schmid, que también está al frente de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y del Sindicato de Dragado y Balizamiento (DRAGyBAL), consideró que la arremetida contra los sindicatos se explica, en primer lugar, por las declaraciones de Macri sobre “actitudes mafiosas” de los gremios; y, después, por la revisión de los convenios colectivos con un discurso oficial que carga “toda la responsabilidad sobre las espaldas de los trabajadores”.

En el mismo sentido se inscribe el nefasto fallo de la Corte Suprema de Justicia, que obliga a un trabajador que perdió un juicio laboral a pagar todos los gastos de honorarios profesionales del proceso.

Hasta el momento, la única acción gremial concreta fue anunciada por la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT, que convocó a una marcha para el 7 de agosto a la iglesia de San Cayetano. “Será un hito en la resistencia contra el proyecto neoliberal imperante y el comienzo de una etapa de esperanza popular”, afirmó el espacio conducido por el bancario Sergio Palazzo en un comunicado.

No obstante, está claro como el agua que marchar a una iglesia no mellará ninguna de las políticas antiobreras del Gobierno y sus aliados judiciales. Sólo se le podrá parar la mano a Macri con la unidad de los trabajadores, medidas de fuerza contundentes como el paro general y la movilización nacional, y un plan de lucha organizado que abarque a todos los sectores populares. Por eso, el “¿Cuánto más habrá que esperar?” de los canillitas resuena como un trueno.