La represión escala en los territorios macristas a medida que se acercan las PASO de cara a las elecciones legislativas. Tras el brutal ataque a los cooperativistas del Frente por Trabajo y Dignidad Milagro Sala que se manifestaban la semana pasada sobre la 9 de Julio, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires volvió a actuar este martes con la misma ferocidad en medio de una jornada en la que se sucedieron distintas protestas.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ordenó el despliegue de su fuerza represiva desde las primeras horas de la mañana, cuando los trabajadores de PepsiCo se movilizaron del Obelisco al Ministerio de Trabajo para exigir la reincorporación de los seiscientos despedidos de la planta que funcionaba en Vicente López.

Más tarde, otros efectivos apuntaron hacia una manifestación de mujeres en contra de la violencia machista del conductor televisivo y radial Baby Etchecopar, que se realizó frente a los tribunales de Comodoro Py; mientras que un tercera horda de uniformados se apostó en las inmediaciones de la Corte Suprema, donde integrantes de organizaciones sociales y políticas reclamaban la liberación del líder mapuche (lonko) Facundo Jones Huala, preso político en Esquel por orden del propio presidente Mauricio Macri.

Fueron estos últimos quienes recibieron palazos, golpes, patadas y balas de goma cuando intentaron encender unas cubiertas en la esquina de Talcahuano y Tucumán. Al igual que en la 9 de Julio, la policía salió a la caza de militantes por las calles aledañas. Hubo un total de tres mujeres y cuatro hombres detenidos, uno de los cuales debió ser internado en el Hospital Argerich.

Primero los llevaron a la Comisaría 3ª, ubicada en Tucumán 1560, y de ahí a otras seccionales. Los varones quedaron alojados en la 30ª del barrio de Barracas y las mujeres en la 4ª de Parque Patricios.

“La jueza federal María Servini de Cubría resolvió aplicarles el procedimiento de flagrancia y, por lo tanto, ahora serán intimados por el hecho que se les imputa”, informó a Contexto María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

Verdú advirtió que Cambiemos está generando “una espiral de violencia que nos muestra cuál es el ritmo que vamos a tener este año, de tres o cuatro represiones por semana”.

“El miércoles pasado ocurrió lo de la 9 de Julio y el fin de semana cuatro compañeros fueron apaleados y detenidos en Mar del Plata por pintar un mural en memoria de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Esta es nuestra realidad cotidiana en la Argentina de 2017, con un Gobierno que hace campaña con estas cosas”, sostuvo.

Al respecto, la presidenta de la CORREPI puso como ejemplo las coberturas mediáticas sobre el ataque policial a los cooperativistas que pedían trabajo y emergencia alimentaria: “Las tapas de Clarín y La Nación son el simbolismo puro. Palabras más, palabras menos, decían que ‘por fin el Gobierno puso orden’. Incluso, medios televisivos que no son cajas de resonancia del discurso oficial ponían ‘incidentes’ en sus pantallas. Un incidente es que se me rompa la bolsa de basura cuando la saco a las 8 de la noche, como quiere Rodríguez Larreta, y se desparramen las cáscaras de huevo y de banana por la vereda. Lo otro es represión”.

Quien también repudió la violencia de la policía macrista fue Sonia Ivanoff, una de las abogadas de Jones Huala. Desde la provincia de Chubut, exigió anoche la libertad de todos los manifestantes detenidos en la ciudad de Buenos Aires e indicó que el caso ya está en manos de su colega Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de Milagro Sala.

Criminalización mapuche

Facundo Jones Huala fue apresado el 27 de junio cerca de la localidad rionegrina de Río Villegas, horas después de la reunión bilateral entre Macri y su par chilena, Michelle Bachelet, en la que hablaron sobre la situación judicial del líder indígena.

Gendarmería lo detuvo luego de participar de la ceremonia del Wiñoy Tripantu (año nuevo mapuche), a partir de un pedido de captura internacional del Gobierno trasandino, y lo encerró en el Escuadrón 34 de Bariloche.

Ivanoff y Gómez Alcorta solicitaron en ese momento su excarcelación, pero el juez subrogante Gustavo Villanueva la rechazó y luego ordenó el traslado de Jones Huala a la Unidad Penal 14 de Esquel, en la provincia de Chubut. Allí quedó alojado con prisión preventiva en un calabozo de castigo, donde llevó adelante una huelga de hambre hasta que mejoraron sus condiciones de reclusión.

“Acá hay una detención arbitraria y una privación ilegítima de la libertad. Por eso, hemos presentado una denuncia penal por prevaricato contra el juez Villanueva y el fiscal federal de Bariloche, Jorge Bagur Creta, que recayó en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral”, indicó Ivanoff a Contexto.

Jones Huala es requerido por el Estado chileno tras participar en 2013 de la defensa del territorio sagrado del Ngen Mapu Kintuante, a orillas del río Pilmaiken, en la localidad sureña de Osorno. El lugar, que entre otras cosas alberga un cementerio mapuche, corre peligro al ser entregado a la empresa de capitales noruegos Statkraft para la construcción de una central hidroeléctrica.

Desde entonces, lo acusan de “incendio de fundo” (daño a la propiedad) y de violar la Ley de Extranjería, que data de la dictadura pinochetista, por lo que podría recibir una pena de hasta dieciocho años de cárcel.

En septiembre de 2016, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, anuló el juicio de extradición al líder mapuche por graves irregularidades, que van desde el espionaje ilegal por parte de un agente de la AFI hasta la tortura policial a un comunero, Gonzalo Cabrera, para que declarara en su contra. No obstante, el fiscal Bagur Creta apeló la sentencia y pidió a la Corte Suprema que resuelva la extradición.

“Sin haberse terminado el primer proceso, se inicia un segundo a cargo de Villanueva que llama mucho la atención. Es como un proceso por las dudas de que la Corte falle a favor de Facundo. Desde el punto de vista jurídico es aberrante, porque se están vulnerando garantías fundamentales”, explicó Ivanoff.

La letrada también lamentó que Macri y Bachelet se reúnan “para criminalizar” y “copiar modelos de judicialización frente a reivindicaciones de derechos territoriales” de los mapuches.

“Es muy preocupante cómo se empiezan a reeditar viejas prácticas y discursos de intolerancia racial, cuando el Estado debe garantizar el reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas”, concluyó.