En un contexto de marcada caída de la actividad industrial, baja del consumo y lluvia de importaciones, la gobernadora María Eugenia Vidal ha adquirido la costumbre política de impedir el desarrollo del trabajo autogestivo en las fábricas. Como pasó con otras cooperativas, el viernes pasado vetó una ley que extendía por tres años la prórroga para la expropiación Cintoplom, una empresa recuperada en 2003 y que desde esa fecha fabrica pinturas y barnices en forma gestionada por sus trabajadores.

Luego de su cierre en 2002 debido a la crisis económica, sus trabajadores la volvieron a hacer funcionar. Son cincuenta familias que le pusieron el pecho a la situación y mantuvieron la producción.

Mientras Mauricio Macri planea una reforma laboral y arremete contra los trabajadores, atacando a abogados y a jueces del trabajo, a quienes tilda de “mafias” y acusa de responsables de los problemas que enfrentan las medianas y pequeñas empresas, Vidal le sigue los pasos en la provincia en cuanto a su falta de interés por cuidar las fuentes laborales.

El mismo día que la expresidenta y candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires por el Frente Ciudadano, Cristina Kirchner, inició su campaña con la visita a la cooperativa Cuero Flex, castigada por los tarifazos y la caída del consumo, Vidal firmó el Decreto 229/2017 que le da la espalda a Cintoplom, ubicada en Tres de Febrero.

“Este veto es otra muestra de la falta de preocupación por cuidar la industria nacional por parte de María Eugenia Vidal”, afirmó en diálogo con Contexto el diputado provincial del FpV, Miguel Funes.

“Vemos que las pymes y el sector autogestivo están totalmente huérfanos de políticas públicas que defiendan los trabajos que día a día se están perdiendo a nivel nacional y provincial”, dijo Funes, quien el jueves, junto al diputado del mismo bloque Juan Debandi, estará visitando la fábrica para expresar su apoyo.

En su justificación, el Gobierno de la provincia consideró que “la mecánica de las sucesivas prórrogas resulta inconstitucional ya que, de transcurrir un plazo razonable, el Estado tiene la obligación de pagar la expropiación y si no lo hace, la justicia debe compeler al pago, pues de lo contrario, se estaría lesionando el derecho de propiedad del dueño de la cosa”. Y añadió que “la decisión de prorrogar las leyes a los efectos que no se configure el abandono de la expropiación” es una solución que puede “configurar una turbación y restricción al derecho de propiedad” y generar un “perjuicio para las arcas provinciales”.

Esta no fue la primera vez que Vidal arremetió contra fábricas recuperadas. En enero había vetado la expropiación de la Cooperativa de Precisión Limitada (CDP), ex Rench, ubicada en Don Torcuato y recuperada en 2013. La ley se había sancionado en el Senado de la provincia de Buenos Aires por unanimidad en diciembre de 2016.

Un mes después vetó también la expropiación de la metalúrgica Presidente Néstor Kirchner, ex Raimat, de Quilmes. Los trabajadores se habían hecho cargo en 2002 de su gestión y al momento del veto eran sesenta y cinco y contaban con el apoyo de senadores y diputados provinciales de diferentes bloques. En tanto la fábrica Petinari, integrada por cien trabajadores, también sufrió un veto de Vidal impidiendo su expropiación en abril de 2016, luego de que la ley haya sido aprobada de manera unánime en el Congreso provincial.

Los vetos de Vidal de principios de este año se dieron en el marco de la falta de nombramiento para encabezar el Ministerio de Producción, que se mantuvo acéfalo desde diciembre de 2016 hasta junio de este año, cuando designó a Javier Tizado, hasta entonces subsecretario de Comercio de la Nación. Mientras Vidal se tomó todo ese tiempo, el Ministerio estuvo parado en medio de los reclamos de las pequeñas y medianas empresas, sector perjudicado por la recesión que afectó particularmente a la industria.