La Plata, Berisso, Ensenada, Quilmes, Avellaneda y Esteban Echeverría son algunas de las localidades bonaerenses donde en los últimos días se volvieron a ver imágenes aterradoras de la dictadura cívico-militar que se creían absolutamente desterradas en democracia. Hombres, en su mayoría jóvenes y morochos, obligados por la policía a descender de los micros, sometidos a controles de identidad, y policías revisando bolsos con total impunidad.

“Es totalmente inconstitucional. El tema central de la inconstitucionalidad es lo que hacen: elijen a quién bajar y a quién no de los micros por su aspecto físico, por su sexo o género”, afirmó a Contexto el abogado Aníbal Hnatiuk, integrante de la Mesa por los Derechos Humanos de La Plata. Requisar los bolsos es “súper ilegal”, pues en términos legales es un “pequeño allanamiento”, precisó.

“La Constitución Nacional y los tratados internacional a los que ha adherido el Estado argentino y que están en la Constitución protegen nuestra intimidad de muchas maneras. De la misma forma, no nos pueden interceptar las cartas, ni los mails, ni las llamadas telefónicas ni hacer un allanamiento en nuestras casas sin una orden judicial”, aseguró Hnatiuk interrogado sobre la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal y su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, avalada por la titular de esa cartera a nivel nacional, Patricia Bullrich, de efectuar razzias u operativos en los micros con la excusa de “llevar tranquilidad” a la población.

Para poner en marcha estos operativos, denunciados ampliamente en las redes sociales y que en la región de La Plata, Berisso y Ensenada, por ejemplo, tuvieron lugar en unidades de la línea 275, 214, 273 y en el micro de trasbordo del tren La Plata-Constitución que para en Villa Elisa, la Policía bonaerense se basa en una reforma del artículo 294 inciso 5 del Código Procesal Penal de la provincia.

“Cuando se trate de un operativo público de control motivado en políticas tendientes a la prevención de los delitos […] En cualquier circunstancia podrá requisar el transporte de cargas y/o el transporte público de pasajeros”, establece ese inciso en dos de sus párrafos, sin otras precisiones respecto de la convicción de las autoridades respecto de los delitos que pudieran o pudiesen cometer los ciudadanos que viajan en dichos transportes.

Según Hnatiuk, “malinterpretándolo como lo hace la Policía bonaerense y local, se podría llegar a pensar que hay un vacío legal que le da la posibilidad de acudir a este tipo de requisas que son miniallanamientos”.

“Es una forma ilegal y abusiva de interpretarlo” y “no hace más que profundizar la vulnerabilidad de algunos sectores sociales, profundizar la estigmatización y la selectividad policial sobre los sectores más postergados”, sostuvo el abogado querellante en causas por violaciones a los derechos humanos antes y durante la dictadura.

“Son medidas que el Gobierno de María Eugenia Vidal y de su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, están adoptando abusando del poder del Estado. Lo está haciendo precisamente para intentar imponer un orden policíaco donde se naturalice lo que significa la presencia policial y el accionar ilegal de las fuerzas represivas para cuando tengan que actuar y sea necesario”, opinó Luz Santos Morón, también abogada e integrante de la organización Pan y Rosas, en diálogo con Contexto.

Para Santos Morón, “la justificación de que se otorga mayor seguridad a los choferes y a quienes están en los micros en realidad se utiliza para vulnerar los derechos y las garantías constitucionales más elementales, como las de circular libremente, la presunción de inocencia y el derecho a la intimidad que tienen todas las personas”.

“Quieren ejercer el control social sobre determinados sectores de la población que generalmente son trabajadores, sectores humildes y jóvenes. Los bajan de los colectivos, los cachean, les abren las mochilas y los maltratan”, y si acaso alguno resiste “ese accionar ilegal, la respuesta termina siendo el armado de causas por resistencia a la autoridad”.

Candidata a concejal por el Frente Néstor Kirchner en Berisso, Miriam “Pelusa” Larrañaga comentó a este medio que el asunto de los operativos en los colectivos “nos preocupa muchísimo”. “Parece que si son morochitos y hermanos latinoamericanos se les pide más veces el documento”, denunció Larrañaga.

Esta semana, el Colectivo de Acción Jurídica (CIAJ) y la Asociación Civil (AJUS) de La Plata, Berisso y Ensenada promovieron ante los tribunales penales de la capital bonaerense “una acción colectiva de hábeas corpus contra los violentos operativos” policiales en los micros que “bajo el argumento de la seguridad violan y cercenan múltiples derechos constitucionales y convencionales”, pues son realizados “sin que exista ninguna sospecha de la comisión de un delito”.

La presentación de estos hábeas corpus, avalada en cambio por la Constitución Nacional, la Constitución provincial y el Código Procesal Penal bonaerense, solicitó a las autoridades policiales, municipales y del Ministerio de Seguridad el “cese de estas conductas amenazantes y lesivas de la libertad”.

Por su parte, la Prosecretaría de Derechos Humanos de la UNLP también manifestó su “preocupación” por los operativos policiales en los colectivos que “habilitan prácticas policiales arbitrarias […] vulnerando derechos y garantías constitucionales” y “rememoran las razzias de la última dictadura”.

El negocio de las cámaras en los micros

Ritondo ya anticipó que la provincia instalará “cámaras” en los colectivos y adelantó que “hasta que se incorpore el sistema de cámaras […] vamos a seguir haciendo este trabajo a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires”.

Banalizando una práctica policial violatoria de los derechos constitucionales, el titular de Seguridad de Vidal se atrevió a “pedir disculpas por esta molestia” y “por la pérdida de tiempo” que ocasiona a los ciudadanos.

Fiel a su postura siempre altanera, Bullrich sostuvo que estos operativos “no son razzias” y que se llevan adelante tras un “acuerdo que se hizo con la UTA”. Haciendo gala de su tono desafiante, la ministra invitó a los organismos de derechos humanos a que “acompañen estos operativos”. “No tenemos ningún problema”, manifestó.

Desde los organismos de derechos humanos estos operativos constituyen “una medida electoral de Garro y Vidal” que lamentablemente “profundiza la selectividad discriminatoria, racista y clasista que ejerce la policía contra algunas personas”, en palabras de Hnatiuk.

Para Santos Morón, candidata a diputada provincial por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), “esta es la respuesta que está dando un Estado, no frente a la inseguridad, sino precisamente a lo que empieza a suceder por abajo con los tarifazos, los despidos y el deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares”.

“Es el control social a través de esta herramienta policial de hostigamiento”, concluyó la abogada perteneciente al Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).