El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, presentó una denuncia por “corrupción pasiva” contra el mandatario de facto de Brasil, Michel Temer. La acusación fue realizada ante el Supremo Tribunal Federal y ahora, para que el proceso pueda avanzar, debe ser aprobada por el Congreso.

La presentación está basada en la denuncia que hicieron los directivos de la empresa cárnica JBS contra el mandatario. En ella, uno de los elementos que mayor repercusión causó fue una grabación (que luego fue difundida por el multimedio Rede Globo, cómplice de Temer en el golpe contra Dilma Rousseff) en la que se escucha al golpista dar el visto bueno para que el empresario Joesley Batista pague sobornos al entonces socio político de Temer, el presidente de la Cámara de Diputados (hoy preso por corrupción), Eduardo Cunha.

Esta es la primera vez que la Suprema Corte pide permiso al Congreso para investigar a un presidente en ejercicio por un delito. Si aprueba la investigación, Temer sería suspendido por 180 días y remplazado provisoriamente por el actual presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia.

Esta semana, la Policía Federal anunció la presentación de un informe en el que se demostraría que el mandatario de facto también habría obstruido la investigación judicial.

La fiscalía pretende presentar tres denuncias contra Temer. A la presentada el lunes por “corrupción pasiva”, se sumarían la de “obstrucción de la Justicia” y la de “asociación ilícita”. Temer aseguró que la denuncia en su contra está basada en “una ficción y una infamia de naturaleza política”, y afirmó que su “preocupación es mínima”.

El mandatario golpista, investigado por corrupción, ahora mueve los hilos en la búsqueda de que la red que le permitió tomar el poder le dé el apoyo en el Congreso y así poder evitar su destitución. Algunos de sus anteriores cómplices hoy están presos, y otros, como la propia Rede Globo, le han soltado la mano. Temer se ha transformado en un equilibrista del poder que parece cada día más tambaleante.