Por Miguel Croceri

Los factores de poder, o poderes fácticos –es decir, de hecho, de prepo, más allá de la decisión democrática del pueblo y del voto ciudadano–, encuentran en la actual etapa política argentina las condiciones para imponer su voluntad y hacer prevalecer sus intereses por encima del bien común y pisoteando las normas del Estado de derecho.

Esa es la manera en que se llevan a los hechos un conjunto de cosmovisiones sobre cómo deberían funcionar las relaciones en una sociedad: quién debe tener poder y quién no, cuáles sectores son los que deben mandar y cuáles tienen que someterse, dónde están los que pueden ejercer su dominio mientras los demás deben estar obligados a aceptar la voluntad de otros.

Esas cosmovisiones pueden ser consideradas como ideologías, o al menos como perfiles ideológicos de la actuación de algún determinado sector, organización, institución o corporación, por ejemplo, en la Argentina de hoy.

Pues bien: la ideología que gobierna la Argentina de hoy es la derecha. Pero eso está muy lejos de significar solamente que Mauricio Macri y su gabinete de ejecutivos de grandes conglomerados capitalistas esté el frente del Gobierno nacional, o que María Eugenia Vidal sea la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, o Gerardo Morales el gobernador de Jujuy.

Ellos son “la punta del iceberg”. Son los funcionarios surgidos de una mayoría de votos pero que por sí mismos tienen una fuerza política relativa. En cambio, su verdadero poderío y capacidad de incidir en la vida de la sociedad y de las personas que la integran está dado por su pertenencia a un bloque de poder donde se combinan los intereses de corporaciones que actúan dentro del país con las estrategias de dominación de poderes extranjeros.

Dentro de ese contexto, es decir, con una trama de relaciones de poder conformada para defender los intereses de ciertos sectores de la sociedad y perjudicar a otros, es que luego se producen los episodios que diariamente reflejan cómo imponen su voluntad aquellos que están favorecidos por el estado actual de la disputa sobre “quién manda” en el país, en contra de los que son perdedores. “Perdedores” que en muchos casos habían mejorado su posición relativa durante el kirchnerismo pero hoy están sufriendo la venganza de sus verdugos.

Milagro Sala y trabajadores de PepsiCo

En la semana recién terminada hubo al menos dos hechos demostrativos de la alevosía que son capaces de perpetrar los personeros de las corporaciones cuando tienen el viento a favor: el despido a mansalva de seiscientos trabajadores de la empresa PepsiCo, a quienes les avisaron que los echaban con un papel pegado en la puerta de la fábrica, y la ratificación de la condena a tres años de prisión contra Milagro Sala por una agresión con “huevazos” en 2009 contra Gerardo Morales, entonces senador nacional por Jujuy y hoy gobernador (una noticia sobre el primero de esos asuntos fue publicada por el diario El Cronista el pasado miércoles 21: https://www.cronista.com/economiapolitica/Pepsico-cerro-su-fabrica-de-Vicente-Lopez-y-trabajadores-denuncian-600-despidos-20170621-0067.html; el segundo tema fue informado el jueves, día 22, por la edición digital de Página/12: https://www.pagina12.com.ar/45686-por-tres-huevos-que-no-tiro).

Las dos situaciones –una de ellas es sólo una parte instrumental más, pero esencial, del hecho grave de fondo que es la privación ilegal de la libertad de Milagro– muestran nítidamente el estado de las relaciones de dominación en la Argentina de hoy. El jolgorio de la derecha dando rienda suelta a sus pulsiones violentas contra los oprimidos.

Lo que han llevado a cabo, cada uno en su caso, los jueces y los propietarios de la empresa se llama ejercer el poder opresor desde el predominio de relaciones de fuerza a favor. Desde la impunidad. De saberse autorizados para imponer su arbitrariedad y que nada les va a pasar. Que pueden hacer lo que se les antoja y les conviene. Humillar a las víctimas, pisotear las normas legales, descargar la violencia jurídica o laboral –en los dos ejemplos mencionados– en función de la defensa de sus intereses.

El tremendo acto de violencia laboral, social y humanitaria que se lleva a cabo cuando una persona llega a su lugar de trabajo como cualquier día laborable y se encuentra con que lo echaron es todo un símbolo del macrismo. Es una “marca de época”. Es un método de prepotencia capitalista que no nació en Argentina ni empezó con el actual Gobierno, pero que se hizo habitual y generalizado desde que las clases sociales hegemónicas retomaron la conducción del Estado con la presidencia de Mauricio Macri.

Ese alevoso ataque a los derechos de trabajadores y trabajadoras, y a su propia integridad emocional, psíquica y espiritual –además de económica–, lo puso en práctica el macrismo desde las primeras semanas de su gestión con el despido de personal del Estado. El papel colgado en la puerta, o la lista de despedidos en manos de un funcionario o de un vigilante a la entrada del lugar de trabajo, o –nuevas tecnologías mediante– el aviso mediante un tuit, fueron variantes de la misma brutal agresión (un par de noticias, seleccionadas arbitrariamente, sirven para puntualizar algunos ejemplos. Una de ellas fue publicada el 15 de diciembre de 2015 en Diario Registrado): http://www.diarioregistrado.com/politica/despidieron-a-dos-mil-cooperativistas-que-trabajaban-en-la-ex-esma_a568194eff96699ba6a09458b; otra noticia se publicó en el portal En Orsai el 29 de enero de 2016: http://www.enorsai.com.ar/politica/17905-viernes-negro–mas-de-500-despidos-en-el-ministerio-de-cultura-y-casa-rosada.html).

¿Están recargados, descontrolados?

En una calificación rápida de los hechos, podría decirse que los jueces y los grandes empresarios están recargados. O descontrolados. Las palabras no son lo más importante, pero sirven para valorar y ponderar lo que ocurre y reflexionar críticamente sobre esa realidad.

En ese sentido, sí se podría admitir que ambas corporaciones están recargadas, si se entiende por tal a la contundencia, virulencia, brutalidad de su accionar, cuando las relaciones de poder los favorecen. Están más cargadas de ejercicio de su capacidad de dominación que en otras circunstancias.

Lo están más que en el kirchnerismo, para tomar el antecedente histórico reciente, donde el bajo nivel de desocupación y la adecuación de los salarios a la evolución de la inflación potenciaban la fuerza de los trabajadores en su enfrentamiento de clase con las patronales, reducía la conveniencia empresaria de perpetrar despidos masivos y, en caso de que ocurrieran, el Gobierno nacional a través del ministerio de Trabajo ponía la voluntad política –a veces con resultados muy positivos, y otras con menor éxito– para que no se perdieran fuentes de trabajo y la arbitrariedad de los empleadores tuviera límites.

En cambio, descontrolados no sería una valoración adecuada para definir lo que ocurre actualmente, porque en verdad tienen perfecto control del escenario político y social que les permite atacar de ese modo. Miden sus pasos y las consecuencias de los mismos. Y toman las decisiones que toman y actúan como actúan, con estricta evaluación de que no hay en otro polo de acumulación de fuerzas una capacidad real para frenarlos.

Entonces, eso es lo que hay que construir. Además de amargarse e indignarse contra tamañas injusticias, un compromiso con las causas humanistas y los intereses populares requiere pensar en lo más importante: cómo revertir la relación de fuerzas para que los atropellos no sigan ocurriendo. Asunto fácil de enunciar y extremadamente difícil de hacer realidad.

Con esa perspectiva, y mientras la disputa electoral y todas las formas de lucha democrática y popular se desarrollan, es necesaria la reflexión sobre las transformaciones que deberán realizarse en el futuro en el sistema judicial argentino. Quizás mediante una reforma de la Constitución, y con la puesta en práctica de una democracia plebiscitaria.

Porque como lo demuestra, una vez más y entre miles de casos, la actuación de los jueces contra Milagro Sala, allí está uno de los pilares del dominio de los poderes de facto en contra de los derechos humanos, los intereses populares y las libertades democráticas.

Hoy la derecha está en el poder, y tanto la fracción hegemónica del Poder Judicial como los grandes empresarios –igual que las demás corporaciones– hacen lo que quieren. Su pulsión ideológica está liberada. No tienen enfrente a nada ni nadie que, al menos por ahora, les impida ejercer la violencia descaradamente. Tienen cancha libre, el partido es de ellos.

Pero, a diferencia de una competencia deportiva –supongamos, de fútbol–, en la vida social el partido no termina a los noventa minutos. En verdad, no termina nunca. Y siempre está abierta la posibilidad de dar vuelta el resultado.