Con fuertes críticas a las políticas de seguridad, en vísperas electorales y en el marco de ataques a choferes de colectivos que alcanzaron amplitud mediática, la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de La Plata las últimas semanas montó un operativo en el transporte público de la ciudad.

A días de la visita del secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, y de los polémicos dichos por la inseguridad en la región, el intendente Julio Garro activó este nuevo mecanismo de inspección. En las primeras horas de la noche, los pasajeros de líneas interurbanas se vieron con la policía requisando sus pertenencias personales, incluso algunos, principalmente los más jóvenes, fueron bajados de los colectivos y revisados sobre la calle.

Desligándose de las criticas de los pasajeros que se hicieron eco en las redes sociales, desde el Municipio sostuvieron que estos operativos son para “prevenir cualquier hecho colectivo en los micros”, intentando detectar armas o sustancias ilegales.

“La gente tiene que saberlo y estar calma, porque son operativos que buscan llevar tranquilidad a los pasajeros, no son razzias ni nada parecido a otros tiempos como se está diciendo. Son operativos para poder establecer que nadie lleve elementos prohibidos que puedan derivar en episodios desgraciados con los pasajeros o con los choferes”, explicó el jefe de la Departamental de La Plata, Diego Bravo.

Sin embargo, en un contexto donde las denuncias públicas por hostigamiento policial se ven en aumento, este tipo de prácticas no fue bien recibida por los platenses.

“Una de las formas novedosas de hostigamiento es la bajada del bondi”, explicó a Contexto Esteban Rodríguez Alzueta, abogado, docente de la UNLP y la UNQ e integrante del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), quien destacó que estas prácticas se dan en un marco en que incrementan también la cantidad de efectivos en las calles.

El mes pasado, el CIAJ, junto con la Asociación Pensamiento Penal (APP), la Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) y el Observatorio de Políticas de Seguridad de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), presentaron un informe en el que advierten un aumento en estas prácticas policiales.

“La investigación mostró la persistencia e intensificación de esas prácticas de hostigamiento policial, de control poblacional y de la política de seguridad de los últimos años que la resuelven con más policías en la calle”, afirmaron los investigadores.

Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) coinciden con este panorama. Según informaron, durante los últimos quince años recibieron entre cinco y seis consultas por mes respecto a situaciones de este tipo, mientras que en los últimos meses, este número escaló considerablemente; hoy atienden entre cinco y siete consultas semanales.

La referente de CORREPI, María del Carmen Verdú, en diálogo con FM Raíces, destacó que este tipo de operativos sobre los colectivos se está viendo en todo el país, al tiempo que señaló que, si bien las fuerzas de seguridad han realizado estas prácticas y requisas en otros tiempos, desde que asumió Cambiemos se está profundizando.

“Vemos una necesidad de ejercicio del control social, del disciplinamiento sobre los más pobres y los jóvenes que tiene que ver con la profundización del conflicto social”, explicó Verdú, quien destacó que “hay un nivel de saturación policial y un nivel de militarización absoluta”.

Este Gobierno en materia de seguridad aplicó la premisa infundada de que ante más presencia policial, menos inseguridad. En ese marco, la gobernadora María Eugenia Vidal, apurada por los medios hegemónicos y por una inseguridad en alza, presentó hace unos días un refuerzo de mil efectivos de Gendarmería e Infantería en la provincia de Buenos Aires, con el fin de generar más presencia policial para prevenir el delito. En la ciudad de La Plata se los puede ver en grupos en diferentes esquinas, donde articulan con la Bonaerense y la Local.

Rodríguez Alzueta destacó que hay muchos efectivos “pateando la calle y sin hacer nada. Ese tedio recrea condiciones para que la policía detenga a las personas”. En ese sentido, “la manera de activar la autoridad es parando a un joven. Parando a un joven, un policía dice ‘yo existo, yo soy la autoridad’”, explicó, y agregó: “más policías en las calles, más policía haciendo lo que siempre hacen: parar, pedir documento, requisarlos, cacharlos”.

“Hay una saturación policial de diversas fuerzas”, explicó a Contexto Santiago Galar, sociólogo e investigador del CONICET, quien destacó que “ese aumento muchas veces viene de la mano del no cumplimiento de derechos, y por supuesto de la estigmatización de ciertos colectivos sociales que siempre son señalados como culpables de supuestas insensibilidades que suelen pensarse como la base del delito”.

“Si nosotros hace unos años teníamos 40 mil policías en la provincia de Buenos Aires y hoy tenemos 100 mil, por supuesto que si estas prácticas no se controlan van a estar más extendidas”, comentó Galar respecto al incremento del hostigamiento. A esto se le suman las policías locales de la mano de los municipios, “que bajo los mismos parámetros morales están actuando; congestionando las políticas de seguridad por supuesto que este problema se profundiza”, explicó.

Los especialistas coincidieron en que, si bien este incremento del hostigamiento está relacionado directamente con la cantidad de fuerzas de seguridad en las calles, también influye la postura del actual Gobierno.

“Las declaraciones de los funcionarios no son inocentes. Los policías escuchan lo que hace tiempo querían escuchar”, explicó Rodríguez Alzueta, y agregó que “con un Gobierno abiertamente de derecha me parece que la Policía se siente más respaldada. Encuentra una suerte de paraguas político, un plus de legitimidad para hacer lo que venía haciendo y que ahora lo puede hacer más fácilmente”.

“Nunca en estos últimos treinta años desde el fin de la dictadura hemos visto una utilización tan sistemática, tan a fondo y tan impulsada por el Poder Ejecutivo y avalada por el Poder Judicial y el Legislativo como desde diciembre de 2015”, concluyó Verdú.