El daño que causa el Gobierno de Cambiemos puede ser mortal. Mauricio Macri, sus CEOfuncionarios, gobernadores, intendentes y corporaciones beneficiarias de las políticas neoliberales que se vienen aplicando desde hace un año y medio son como bacterias necrosantes que entran al cuerpo y destruyen todo lo que encuentran a su paso.

A veces, cuando actúan con una crueldad inocultable, la destrucción puede ser frenada. Tal fue el caso de la quita de pensiones no contributivas a personas con discapacidad, ejecutada por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, a partir de un decreto de la era menemista.

Hubo amparos judiciales y proyectos en el Congreso para revertir la medida, pero la funcionaria seguía sosteniendo que, según sus “cruces administrativos”, el recorte estaba bien hecho. Hasta llegó a decir que no iba “a convalidar las mafias”. Sin embargo, las familias afectadas salieron este jueves a las calles en defensa de sus derechos, con el apoyo de distintas organizaciones sociales. Recién entonces, Stanley habló de “error” y dio marcha atrás.

Cambiemos trató de mitigar así el costo político aunque no haya habido la más mínima equivocación, sino el intento de profundizar el ajuste sobre los sectores más vulnerables, como lo hicieron con la quita de medicamentos a los jubilados del PAMI o el recorte de cupos en los comedores escolares de la provincia de Buenos Aires, esto último por obra y gracia de María Eugenia “Cruella” Vidal.

Más silenciosa es la infección en el tejido laboral. Luego de un primer año de despidos masivos, las bacterias macristas fueron carcomiendo con sigilo una gran cantidad de fuentes de trabajo durante los primeros meses de 2017.

El propio presidente decía que “se crean empleos formales por arriba de los que se pierden”, pero los últimos datos difundidos por el Instituto de Estadísticas y Censo (INDEC) pusieron en evidencia su cinismo.

En el primer trimestre del año, la desocupación trepó del 7,6% al 9,2%, lo que equivale a 1.700.000 del total de la población activa, mientras que la subocupación alcanzó el 9,9%. Entre los que no tienen trabajo y los subocupados, suman unos 3,5 millones de argentinos.

La situación más crítica se presenta en el Conurbano bonaerense, con un 11,8% (642.000 personas desempleadas), seguido por Mar del Plata (10,4%), Gran Rosario (10,3%), Gran Córdoba (9,6%) y la Región Pampeana (8,8 por ciento).

Casos como el de La Plata también generan mucha preocupación, ya que en el municipio gobernado por el macrista Julio Garro el desempleo aumentó del 4,2% en septiembre de 2015 al 7,1% en marzo de este año.

“Hay más de 28.000 desocupados y 39.000 subocupados en la ciudad. El salario mínimo perdió un 30% de poder de compra de alimentos”, indicó la concejala del FpV-PJ Nacional y Popular Florencia Saintout, quien presentó un proyecto para declarar la emergencia laboral, tarifaria, alimentaria y farmacológica por el lapso de un año.

La iniciativa apunta a frenar los despidos en la Administración pública local e instrumentar “todas las herramientas necesarias para evitar que se pierdan más fuentes de trabajo en el sector privado”. Además, garantiza el acceso a los servicios públicos esenciales, como agua, luz y gas, a una “alimentación saludable para todos los platenses, especialmente para los chicos”, y “a medicamentos, que sufrieron un 39% de aumento entre noviembre de 2016 y marzo de 2017, muy por encima de la inflación oficial”.

Detener la enfermedad

Si las bacterias de Cambiemos pasaran victoriosas las elecciones de octubre, la consecuencia inmediata sería su diseminación por todo el cuerpo social. No se trata de una conjetura, lo confirmó el Gobierno nacional ante el FMI y el Banco Mundial.

Cuando los ministros Nicolás Dujovne (Hacienda) y Luis Caputo (Finanzas) viajaron a Washington en el mes de abril, dijeron a los directivos de esos organismos internacionales de crédito que no se podía hacer un ajuste “brutal” durante el primer año porque “la sociedad no lo habría aguantado”, pero que sí es posible acelerarlo a partir de 2018. “Para eso tenemos que financiarlo”, añadió Caputo.

“El Gobierno es consciente de que junto con el recorte del gasto también se agravará el agujero fiscal, ya que piensan llevar adelante una reforma tributaria para que los más ricos y las empresas dejen de pagar impuestos, lo que, junto con la recesión que implica reducir el gasto público, hará perder varios puntos más de la recaudación tributaria. El rojo fiscal que hay que ‘financiar’ se cubrirá con más deuda externa”, advirtió en un reciente artículo la economista Fernanda Vallejos, integrante del colectivo Economía Política para la Argentina (EPPA).

Dujovne y Caputo también se comprometieron en Estados Unidos a introducir la reforma previsional exigida por el FMI, que eleva la edad jubilatoria, reduce el número de beneficiarios y modifica la determinación del haber inicial. En este último punto, el organismo pide achicar la tasa de reemplazo, referida a la relación entre el haber previsional y el salario que se percibía durante la etapa activa. Así, el 72% promedio actual pasaría al 60%, bajando de 1,5 a 1,1 el coeficiente de la determinación que multiplica cada año de aportes.

Por su parte, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, que también formó parte de la delegación que se reunió con el FMI y el Banco Mundial, prometió acumular reservas para incrementar el stock desde el 10% al 15% del PBI.

“Esto supone sumar alrededor de U$S 25.000 millones, objetivo que sólo se vuelve viable en la medida que avanza la política de endeudamiento externo”, sostuvo Vallejos, y alertó que el exceso de demanda de dólares conduce a una nueva devaluación y escalada inflacionaria.

“El encarecimiento del dólar volverá a impactar en los precios de la economía, lo que llevará al BCRA a sostener las altas tasas para contener la inflación, apegado al manual de ‘inflation targeting’. Ergo, más especulación y menos crédito productivo”, remarcó la economista.

Sólo una derrota aplastante en las elecciones de medio término podría detener a Macri. Ante una enfermedad común y corriente bastaría con un tratamiento en base a antibióticos o algún otro medicamento, pero en este caso no hay más remedio que la organización y el voto popular.