(Desde San Salvador de Jujuy)

Un año y tres meses después de que el ministro de Seguridad jujeño Ekel Meyer arrestara por una protesta a la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, en la puerta de su casa, una comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la visitó en la Unidad Penal N° 3 de Mujeres de Alto Comedero, donde está detenida. Los integrantes del organismo internacional llegaron el viernes a Jujuy con el exclusivo propósito de entrevistarse con la diputada del Parlasur detenida en el marco de una medida cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y Andhes en favor de la referente. “Le hicieron saber casi inicialmente a Milagro que ellos estaban ahí para escucharla como víctima de violaciones a los derechos humanos”, dijo Elizabeth Gómez Alcorta, integrante del equipo de abogados de la referente social, en la puerta del penal. Antes se habían reunido con el gobernador Gerardo Morales, que repitió el esquema: entregó documentación sobre las causas que le sigue a la diputada del Parlasur.

Milagro Sala recibió en su celda al presidente de la CIDH, el peruano Francisco Eguiguren, la vicepresidenta Esmeralda Arosemena de Troitiño, de Panamá, y el abogado especialista en derechos humanos y encargado del seguimiento de cautelares, Jorge Meza. Delgada y rodeada de las fotos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, un póster de River y el rosario que le regaló el papa Francisco que adornan las paredes de la celda, explicó a los comisionados lo injusto de su detención.

Milagro habló del hostigamiento que vive dentro de la prisión, contó sucesos de distintas épocas, relató los traslados a juzgados y fiscalías sobrecargados de parafernalia policial como si se tratara de un peligroso jefe de un cártel de drogas, y también pudo contar la destrucción de la Tupac.

Contó también anécdotas vinculadas con el trabajo de la organización en materia de educación, de salud, en la construcción de las ciudades para la Tupac. “Entendemos que fue positivo porque se fueron los comisionados con un panorama general, no sólo de la situación de Milagro, sino también de la persecución que se vive en Jujuy”, resumió Gómez Alcorta.

“En estas dos horas de conversación el organismo internacional de derechos humanos pudo tener la palabra de Milagro como peticionaria de la medida cautelar, conocer de su propia voz cuáles son, desde nuestro punto de vista y del punto de vista de la Tupac Amaru, las verdaderas razones de la detención”, resumió el abogado de la Tupac, Luis Paz, que participó del encuentro junto a Gómez Alcorta.

En una conferencia de prensa en la puerta del penal, la comisionada Troitiño consideró que en la entrevista con Milagro advirtieron que la dirigente vive una “situación de mucha presión”. Y remarcó que se trata de “una mujer que tiene todas las características de una líder”, por lo que adelantó que la CIDH deberá hacer “una evaluación de lo que representa para ella toda esta presión que está viviendo como una detenida, que tiene trece causas, cosa que a cualquiera puede agobiar”. Y apuntó: “Ella está en una posición de demandar una respuesta”.

El viaje de la CIDH a Jujuy fue intenso y breve. Se produjo apenas un mes después de que dos miembros del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, Setondji Adjovi, de Benin, y Elina Steinerte, de Letonia, visitaran la provincia, donde, además de recorrer el penal, se entrevistaron con una treintena de referentes políticos y sociales que relataron la situación de persecución que se vive.

La confidencialidad respecto de los contenidos son parte del protocolo para los comisionados. Pero eso no impide que la presencia de los organismos internacionales no pase desapercibida en la capital provincial. A dos cuadras del penal de Alto Comedero, el playero de la estación de servicio indica al foráneo que no sabe qué dirección tomar: “¿El penal de los derechos internacionales? Por allá, en el otro semáforo”.

A la salida del penal, Eguiguren y Arosemena de Troitiño explicaron que recién hace algunas semanas pudieron concretar la fecha de esta visita que calificaron como “esencial” para poder “mirar, conocer, escuchar, escucharla, mirar sus condiciones de detención y sus principales preocupaciones”, dijeron en referencia a Milagro Sala, y “conversar también con la autoridad local, con el gobernador y las autoridades que lo acompañan”.

La visita de la CIDH había sido anunciada al finalizar las sesiones extraordinarias realizadas en Capital Federal la última semana de mayo, en las que los integrantes de la Comisión recibieron el pedido del Comité por la Libertad de Milagro Sala. El organismo internacional viajó en el marco de la cautelar pedida a favor de la dirigente social, que anunciaron que resolverán en julio, cuando se realicen las 163° sesiones extraordinarias en Lima, Perú.

“Conocíamos bastante por la prensa y por la información que los peticionarios y el Estado nos han dado, pero en esta oportunidad, en este diálogo con ella, hemos podido conocer más de su vida, de su trayectoria”, agregó Eguiguren.

Arosemena de Troitiño también evaluó en diálogo con la prensa el impacto internacional que tiene el caso. “Representa para todo el continente una oportunidad de medir desde la Comisión este tipo de situaciones en las que se puede encontrar cualquier ciudadano”. Y dijo, en relación con la resolución, que “la Comisión entiende que sus recomendaciones son para que el Estado las cumpla. Entendemos que los Estados son parte de un sistema internacional y por lo tanto las recomendaciones hay que cumplirlas. Por eso digo que el Estado debe responder”, subrayó.

Gómez Alcorta, que integra el equipo de abogados defensores de Sala con Luis Paz, Paula Álvarez Carreras, Ariel Ruarte y Marcos Aldazabal, remarcó que la CIDH “se fue con un panorama no sólo de la situación de Milagro, sino también de la persecución que se vive en Jujuy”.

La visita de la CIDH fue fugaz: en menos de doce horas se entrevistaron con el Estado jujeño que desde el 16 de enero de 2016 mantiene presa a Milagro Sala y con la referente social en la prisión. De la resolución que los comisionados tomen en Perú sobre la medida cautelar solicitada dependerá el incremento de la presión internacional que impuso al Gobierno de Mauricio Macri la exigencia de libertad inmediata que la ONU exigió en octubre pasado.