A partir del 1º de junio “llovieron muchos comentarios en las redes, aunque recién ahora se destapó la olla”, comentó a Contexto una fuente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que dirige Carolina Stanley. Es que en los primeros días del mes los beneficiarios con pensiones por discapacidad advirtieron que no les habían realizado los depósitos de 4.776 pesos mensuales, cifra que se ubica por debajo de una jubilación o pensión mínima, que es de 6.377 pesos.

“Más allá de las particularidades que se ponen en debate en los procesos de asignación de las pensiones, esto es algo bastante más profundo, que tiene que ver con cómo el Estado y en particular esta administración estatal está dispuesta a desentenderse de las condiciones de vida de determinados grupos poblacionales”, explicó a Contexto Paula Danel, doctora en Trabajo Social y docente-investigadora del Centro de Estudios de Trabajo Social y Sociedad de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP.

“La alianza Cambiemos está dispuesta a desentenderse de los procesos de sufrimiento social que va generando en estos grupos”, sostuvo esta investigadora especializada en temáticas vinculadas con la vejez y la discapacidad.

“La Alianza Cambiemos está dispuesta a desentenderse de los procesos de sufrimiento social que va generando en estos grupos.”

La quita se produjo cuando, aplicando el decreto 432/97 del menemismo, el presidente Mauricio Macri decidió dejar de pagar las pensiones por discapacidad a unas 70.000 personas, según el número oficial, y más de 80.000 según entidades defensoras de los derechos de las personas con discapacidad. La baja de estas pensiones significa un “ahorro” para el Gobierno de Cambiemos de 450 millones de pesos, unos 26 millones de dólares.

“La quita de pensiones se enmarca en un estrategia de la alianza Cambiemos que pone en cuestión los sistemas de protección social en el país […] los lazos de solidaridad que socialmente debemos tener entre diferentes grupos y particularmente la relación del Estado sobre los procesos de reproducción social de los grupos que acumulan algún tipo de desventaja”, sostuvo Danel.

En medio de las quejas, diputados y senadores anunciaron el miércoles que emplazarían a Stanley a dar explicaciones ante el Congreso mientras se realizaban protestas en Rosario y Posadas. La ministra se comprometió entonces a “revisar los errores” en la baja de las pensiones. El jueves, mientras adultos y niños con capacidades diferentes y sus familiares se manifestaban en La Plata, Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca y Tandil, entre otras ciudades, el Ministerio de Desarrollo Social hizo saber que daba marcha atrás en su decisión.

En un escueto comunicado, Stanley indicó que “se restablecerán todas aquellas pensiones de personas que tienen discapacidad y que por error de aplicación de criterio, pueden haberse quedado sin cobrar la pensión”, y aseguró que “la van a estar recibiendo la semana que viene”. “Las familias que reciben una pensión por discapacidad la seguirán cobrando”, indicó la gacetilla a la que tuvo acceso este medio.

Sin embargo, tras conocer el anuncio, familiares que se estaban manifestando en el obelisco porteño lamentaron la decisión inicial y se mostraron desconfiados. “El golpe ya está hecho. Es lastimoso que tengamos que estar acá, porque la pensión es un derecho”, afirmó la mamá de Donatella, una pequeña con Síndrome de Down.

En la misma protesta, un muchacho que se agitaba tan sólo al hablar, pensionado por invalidez, criticó directamente al presidente al afirmar: “Macri promete cosas y no cumple”. Mientras, otra señora muy cerca dejaba en evidencia el descreimiento reinante en buena parte de la sociedad frente a las políticas de prueba y error del macrismo: “Hasta que no esté el depósito, no lo creo”.

A principios de 2016, el Gobierno de Macri y la ministra Stanley, la misma que no puso a las islas Malvinas en un mapa de Argentina, dieron de baja la guía de trámites del programa Emprendedores con Discapacidad, creado por su predecesora en el cargo, la entonces ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner, con el objetivo de “favorecer la adaptación profesional de las personas con discapacidad”.

Para Danel, el objetivo de la alianza Cambiemos es inequívoco: “fundamentalmente, lo que quieren dejan en claro es que acá no va a haber un Estado presente, protector para todos los ciudadanos más allá de las condiciones de salud”.

Las políticas vinculadas a la seguridad económica y a las personas con discapacidad están consagradas en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad que acordó la ONU en 2006.

Argentina adhirió con una ley en 2008 y con otra en 2015 que le otorgó rango Constitucional. De modo que “el Estado es responsable de los grupos en situación de vulnerabilidad y además debe cumplir los compromisos en función de los tratados internacionales”, recordó Danel.

“el Estado es responsable de los grupos en situación de vulnerabilidad y además debe cumplir los compromisos en función de los tratados internacionales.”

A poco de asumir como vicepresidenta de la nación, Gabriela Michetti, en silla de ruedas desde 1994, prometió “fortalecer las políticas de discapacidad”.

Para acceder a una pensión por invalidez se requiere una discapacidad del 76%, la persona no puede tener bienes a su nombre, o un auto superior al modelo 2014. Si es niña o niño, los padres no pueden percibir un sueldo superior a 20.000 pesos. Si cobran 21.000 está denegada, por más que la discapacidad implique tratamientos caros, como sucede en la inmensa mayoría de los casos.

Frente a los 4.776 pesos de una pensión por discapacidad, la vicepresidenta de la nación aumentó en un año su patrimonio en un 708%, según la última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción. Supuestamente sólo tiene un patrimonio de 1.152.717,59 pesos, equivalente a unas 241 pensiones por invalidez.