Familiares y organizaciones antirrepresivas realizaron ayer una protesta en las puertas de la Fiscalía de La Plata, ubicada en avenida 7 entre 56 y 57, en reclamo de justicia por seis casos de asesinatos de jóvenes cometidos por efectivos policiales desde 2013 hasta este año, y cuyas investigaciones se mantienen sin resolver por parte de la Justicia.

Los integrantes del Colectivo Contra el Gatillo Fácil (CCGF), espacio que acompaña a familiares de víctimas de gatillo fácil de La Plata y Gran La Plata, colocaron en la columna de ingreso a la Fiscalía cerámicos con los rostros de los seis jóvenes: Mauricio Andrada, Ismael Perusatto, Sebastián Nicora, Víctor González, Damián Corvalán y Nicolás Vargas.

También hicieron una radio abierta y entregaron volantes en los que denunciaron que desde que asumió la alianza Cambiemos se profundizó la represión policial del Estado contra pibes y pibas de las barriadas platenses.

“Denunciamos que en la provincia de Buenos Aires continúa el gatillo fácil y se está profundizando cada vez más”, dijo a Contexto Estefanía Velo, del CCGF. La joven explicó que el patrón común entre los casos es “la justificación que hace la Policía de los fusilamientos, cuando dice que los pibes estaban cometiendo un delito”.

“(El ex gobernador, Daniel) Scioli incrementó la Policía y este Gobierno neoliberal acrecentó la brecha social y utiliza las fuerzas de seguridad dándoles orden para tener mayor poder a los agentes”, señaló Velo. Ejemplificó con los ataques de la Policía Local de Berisso a estudiantes secundarios que pedían por mejoras edilicias en sus escuelas, hecho que se repitió en otras escuelas del conurbano bonaerense.

Los casos

El más reciente de los seis casos fue el de Damián Corvalán, quien fue asesinado de un disparo en el pecho en Punta Lara el 4 de marzo pasado por un policía de la Metropolitana de C.A.B.A., Marco Antonio Gaitán. El efectivo adujo que actuó en “legítima defensa” y acusó a la víctima de un supuesto intento de robo, pese a que tenía el brazo enyesado. La esposa del joven, Gabriela Achucarro, se presentó ayer en la Fiscalía en reclamo a la fiscal Betina Lacki para que cumpla con el pedido de elementos de prueba en la causa: las filmaciones de las cámaras de seguridad del camping de la UOCRA en Punta Lara y la declaración de testigos.

“Queremos que nos atiendan los fiscales y nos escuchen. El policía sigue libre y por eso estamos acá buscando justicia”, dijo a Contexto Gabriela Achucarro.

Otro caso en el que la Policía defendió su accionar con el argumento del robo fue el de Nicolás Vargas, de diecinueve años, asesinado el 1º de abril pasado de un balazo por el policía Rodrigo Laurent. Mientras conducía su moto con un amigo detrás, el patrullero de la Subcomisaría La Unión de la zona oeste de La Plata los persiguió y los alcanzó en calle 38 y 155, donde su amigo saltó de la moto y Laurent disparó contra Vargas por un supuesto robo a mano armada.

En algunos casos la investigación ni siquiera comenzó. Por la muerte de Víctor González, joven de diecisiete años que apareció asesinado de un tiro por la espalda en 60 y 115 el 24 de agosto de 2016, todavía no hay acceso al expediente porque la Policía bonaerense lo retuvo durante las primeras semanas de la investigación. Los principales sospechosos son efectivos del servicio de la calle de la Comisaría 9ª, pero hasta el momento no hay imputados.

El policía que sí irá a juicio es Cristian Daniel Duarte, del Grupo Halcón, quien fusiló a Mauricio Andrada e Ismael Perusatto, de diecisiete y veinte años, en 71 y 23 durante febrero de 2014. En febrero de 2018, deberá presentarse a declarar por doble homicidio. Pese a que había sido sobreseído por el juez Guillermo Atencio, la lucha de los familiares generó que Casación elevara el caso a debate oral ante el Tribunal Oral Criminal Nº 3.

“Los hechos represivos como el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y las torturas en comisarías no han cesado en este tiempo, sino que se han incrementado producto de la desigualdad social que se vive, de la creación de una cultura violenta y una marginalidad planificada desde el Estado”, sostuvieron desde el CCGF en un comunicado.