La dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, murió ayer a los 92 años y el presidente Mauricio Macri no perdió la oportunidad de despedirla con loas, luego de tantos negociados mutuos. Desde aquel primer contrato que le adjudicó para proveer netbooks a las escuelas porteñas –tres veces más caras que las del mercado– hasta su llegada a la Casa Rosada, no dejaron de reportarse más que cuantiosos beneficios. Ella se encargó de blindar al Gobierno de Cambiemos ante cada acción antipopular, de distraer a los argentinos mientras se perpetraba el saqueo, y él de barrerle todos los obstáculos que le impedían seguir concentrando poder.

De hecho, uno de los primeros decretos de necesidad y urgencia de Macri estuvo hecho a la media de Clarín, el 267/15, con el que se desguazó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Luego, obtuvo autorización para entrar al mercado de la telefonía móvil 4G, sin pagar un peso y con plazo indefinido. Y a esto hay que agregar los derechos de transmisión del fútbol y el incremento exponencial de la pauta oficial, ya que el Grupo pasó de percibir 96 millones de pesos en 2015 a más de 519 millones en 2016.

Pero los favores a Herrera de Noble no sólo fueron de carácter económico. Con Cambiemos logró ser sobreseída en dos causas por crímenes de lesa humanidad, una relacionada con la presunta apropiación de sus hijos adoptivos, Marcela y Felipe Noble, y la otra por el despojo de Papel Prensa, que permitió a Clarín abrirse paso como un fuerte multimedia.

“Se va impune una de las mayores responsables de gran parte de los males que ha tenido el país en las últimas décadas. La jefa y dueña del grupo mediático que apoyó a la dictadura, que estuvo en contra de la democracia, que no defendió los valores de la libertad de expresión y mucho menos a sus periodistas, que defendió a muerte las privatizaciones, que cometió delitos como la apropiación de las acciones de Papel Prensa y la apropiación de dos bebés en 1976”, dijo ayer Pablo Llonto, abogado, periodista y docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.

La causa por los hijos de Herrera de Noble se inició en 2001. La dueña de Clarín llegó a estar presa unos días al año siguiente y esto le costó la cabeza al juez que había ordenado su detención, Roberto Marquevich. La investigación fue retomada en 2010, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, quien ordenó que Marcela y Felipe entregaran muestras de ADN para cotejarlas con las del Banco de Datos Genéticos. Tras el resultado negativo de ese cruce, la magistrada dictó el sobreseimiento.

Llonto, autor del libro La Noble Ernestina y abogado querellante en esa causa, afirmó que la jueza Arroyo Salgado “tenía una gran cantidad de indicios para investigar y no lo hizo”.

“El argumento fue que se hicieron el ADN y dio negativo, pero todos sabemos que cuando eso ocurre no quiere decir que no sos hijo de desaparecidos, sino que no sos hijo de esa familia que fue a dar sangre en el Banco de Datos Genéticos. Cuando esa situación se da así, los juzgados tienen la obligación de seguir investigando, sobre todo en los casos donde es muy sospechoso que sean hijos de desaparecidos, y ese es el caso de Marcela y Felipe”, subrayó en diálogo con Radio Gráfica.

Más allá de que el expediente esté archivado y Herrera de Noble se haya llevado su secreto a la tumba, Llonto no abandona la investigación: “Soy de los que está convencido de que los dos, o al menos uno de ellos, proviene de una operación ilegal y que es deber nuestro dar a conocer la verdad, sobre todo para quienes trabajamos dentro de Clarín y empezamos a denunciar esto cuando se nos cayó la venda. Es una obligación muy fuerte de dignidad”.

Papel Prensa

El sobreseimiento de Herrera de Noble por el despojo de Papel Prensa también ocurrió el año pasado. La medida fue dictada por el juez federal Julián Ercolini, quien en el mismo fallo benefició a Héctor Magnetto, conductor del Grupo Clarín, Bartolomé Mitre, director del diario La Nación, Raymundo Juan Pío Podestá, ex funcionario del genocida Jorge Rafael Videla, y Guillermo Juan Gainza Paz, intermediario en el traspaso accionario de la empresa.

Lidia Papaleo, viuda David Graiver, declaró con lujo de detalles cómo el propio Magnetto la amenazó de muerte a ella y a su hija para que le cedieran su paquete accionario. El resto de los integrantes del Grupo Graiver recibieron presiones similares y todos terminaron vendiendo sus títulos a “precio vil”, el 2 de noviembre de 1976. Más tarde, serían secuestrados y torturados en Puesto Vasco, uno de los centros clandestinos de detención de Ramón Camps. Jorge Rubinstein, apoderado de los Graiver, no salió con vida.

Rafael Ianover, ex vicepresidente de Papel Prensa y querellante en la causa, explicó que el paquete accionario tenía, en ese momento, un valor de 25 millones de dólares, y que con el fondo de comercio se elevaba al doble. Fapel S.A. –la sociedad que armaron Clarín, La Nación y La Razón– ofreció U$S 8.300.000, aunque al final pagó menos de ese monto.

Sin indagar a ninguno de los imputados, Ercolini rechazó los peritajes que demostraban el despojo “a precio vil”, desestimó los testimonios de las víctimas y descartó que haya existido cualquier delito de lesa humanidad en torno a la operación.

El mes pasado, la Sala I de la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires, integrada por Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, se pronunció en el mismo sentido y confirmó el sobreseimiento de Herrera de Noble, Magnetto, Mitre, Pío Podestá y Gainza Paz.

A pesar del revés, tanto Papaleo como Ianover se mostraron dispuestos a seguir hasta las últimas instancias en busca de memoria, verdad y justicia. A nivel nacional, les queda Casación y, eventualmente, la Corte Suprema para tratar de revertir la impunidad.

Casi cincuenta años de terrorismo mediático

Al enterarse de que Herrera de Noble había muerto, Macri salió rápidamente a calificarla como una “figura clave del periodismo y la defensa de la libertad de prensa”. Otros referentes de Cambiemos se sumaron a coro con expresiones similares.

Sin embargo, desde que la viuda de Roberto Noble se hizo cargo del diario Clarín en 1969, su único objetivo fue acumular poder económico, político y mediático. Lo consiguió aliándose a la dictadura más sangrienta de la historia argentina, es decir, convalidando el terrorismo de Estado y encubriendo el genocidio.

Cuando llegó la democracia, con el monopolio del papel para diarios y su expansión hacia otros soportes comunicacionales, Herrera de Noble y Magnetto pudieron destruir o condicionar a cualquiera que osara plantarles competencia.

Lejos estuvieron de promover la libertad de prensa o de expresión, incluso dentro de sus propios medios, donde desataron una dura persecución gremial para disciplinar a los trabajadores.

Tampoco les importó la democracia cuando sus intereses estuvieron en juego. Siempre se jactaron de que no había Gobierno que resistiera diez tapas adversas del diario Clarín. Y con esa misma actitud mafiosa trataron de avanzar contra el proyecto nacional de Néstor y Cristina Kirchner.

El kirchnerismo no sólo tuvo el coraje de enfrentarlos, sino que además puso sobre la mesa la necesidad de democratizar las comunicaciones. El proceso iniciado en 2009 con la Ley de Medios significó un gran paso en el intento de terminar con los monopolios y el terrorismo mediático, pero Clarín se valió del servilismo de un sector del Poder Judicial y resistió indemne hasta el cambio de Gobierno. Macri se encargó del resto.