Por Yair Buonfiglio (desde Córdoba)

Desde el 2 de junio, Córdoba está sin transporte público. Los colectivos no circulan y el sistema de taxis y remises se encuentra colapsado. La movilidad urbana parece un privilegio de los automovilistas, aunque la superabundancia de vehículos particulares en una ciudad de calles más bien angostas reduce la actividad al mínimo posible. En las escuelas céntricas prácticamente no hay clases; los enfermos no pueden llegar a los hospitales, estratégicamente distribuidos para que se encuentren lejos de los barrios más poblados; los comercios céntricos, en tanto, casi no registran ventas.

Los choferes reclaman que el incremento salarial del 20%, acordado en la paritaria nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), se traslade al salario de bolsillo. Los empresarios, por su parte, insisten con la aplicación del aumento sólo en algunos componentes del cálculo salarial. Así, denuncian los delegados, la suba para todo el año rondaría el 8%.

El conflicto lleva ya diez días y nada permite vislumbrar una pronta resolución, en especial desde que Mestre –hijo del ministro del Interior de Fernando de la Rúa que comandó la represión del 19 de diciembre de 2001– tratara de “prepotentes y matones” a los choferes en una conferencia de prensa ofrecida ayer. Allí se comunicó que la Municipalidad implementará, a partir de hoy, un “plan de contingencia” que consiste en contratar personas para que manejen los colectivos con la custodia de policías y gendarmes. Los rompehuelgas están siendo reclutados a través de redes sociales por la empresa Ersa, de muy estrecho vínculo con el intendente, en una operación que recuerda a la campaña #VoluntarioDocenteNoAlParo, diseñada por el macrismo bonaerense para reemplazar con tuiteros a maestros y profesores que adherían a las huelgas convocadas por su sindicato.

La medida de fuerza, que oficialmente no consiste en un paro sino en un estado de asamblea permanente, es llevada a cabo por choferes y delegados pero sin el apoyo de la UTA. Es que la delegación local del gremio se encuentra intervenida por la conducción nacional desde el año pasado, cuando su secretario general desoyó una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo provincial. Ahora, el interventor participa en las negociaciones con el municipio, los empresarios y la cartera laboral, pero las asambleas de trabajadores –que desconocen la legitimidad de la intervención– han rechazado sistemáticamente los ofrecimientos, ceñidos rigurosamente a un bono de seis mil pesos y la reincorporación de los más de cien conductores despedidos por adherir a la medida de fuerza.

Sin embargo, el respaldo que la UTA les niega a los choferes ha sido sobradamente compensado con el aval de numerosos sindicatos locales que se sumaron a las movilizaciones el pasado miércoles. Mauricio Saillén, titular del gremio de los recolectores de residuos y secretario general de la CGT Córdoba, impulsa un paro provincial para esta semana junto con la CTA de los trabajadores, mientras que este mediodía se realizará un acto en el centro que movilizará columnas de Luz y Fuerza, municipales y docentes, así como estudiantes secundarios y universitarios.

El dueño de los colectivos

Una de las promesas más importantes que formuló el intendente Mestre cuando todavía era candidato consistía en mejorar sistemáticamente el sistema de transporte urbano en la ciudad de Córdoba. Pocos meses después de asumir su primer mandato en 2011, privatizó la tercera parte de las líneas, controladas hasta ese momento por la estatal Tamse, y las “preadjudicó”, sin licitación, a la empresa Ersa. La firma correntina desembarcó en la ciudad con setecientos colectivos cero kilómetro y frecuencias insólitas de cinco minutos. Pero pocos meses después las unidades nuevas desaparecieron y volvieron a las calles los viejos vehículos de Tamse, ahora en manos privadas. Al año siguiente, y luego de una pomposa “reformulación” del sistema de transporte que no fue más que un cambio en la denominación de las líneas, los recorridos fueron repartidos entre cuatro empresas: Ersa, Autobuses Santa Fe, Coniferal y Ciudad de Córdoba. En 2014, el Ejecutivo municipal aprovechó un paro de choferes para acusar a esta última de no garantizar la prestación del servicio y le asignó sus recorridos a Ersa. Poco tiempo después, Ersa y ASF anunciaron su “unificación operativa”, por lo que la firma correntina pasó a controlar el 75% de los colectivos urbanos. Esta habilidad empresaria para aterrizar en la segunda ciudad más poblada del país y, a los dos años, controlar casi la totalidad del mercado resulta un poco menos asombrosa si se advierte que Mestre ha sido denunciado por recibir dádivas de la compañía. Aunque esto nunca pudo ser demostrado en un tribunal, no deja de sorprender el entusiasmo del joven intendente radical para defender la rentabilidad de la empresa incrementando el valor del boleto de $2,50 en 2011 a $13 en 2017 e intentando, ahora, que los trabajadores vuelvan a sus tareas casi a punta de pistola.