“En la Argentina y en la provincia de Buenos Aires tenemos que recuperar el valor de la palabra. Debemos trabajar juntos para eso. Vamos a acompañar y defender la libertad de expresión. Nos importa tanto como a ustedes que los ciudadanos puedan saber lo que pasa en todos los lugares del país”.

Esto decía la gobernadora María Eugenia Vidal el viernes pasado en el Teatro Municipal de Bahía Blanca, ante la Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA), mientras efectivos de civil de la Policía bonaerense secuestraban a una pareja de camarógrafos por filmar lo que ocurría a pocos metros del escenario; algo que, por cierto, fue ocultado deliberadamente por los grandes medios locales, provinciales y nacionales nucleados en ADEPA.

Todo comenzó cuando Claudio Videla vio que un grupo de personas le impedía el ingreso a Analía Larrea, la militante del Partido Comunista local que en abril de 2016 había logrado acercarse en su silla de ruedas hasta Vidal y repudiarla por las políticas de ajuste de Cambiemos.

El camarógrafo empezó a filmar el episodio y uno de los que le bloqueaba el paso a Larrea se abalanzó sobre él para exigirle su credencial de prensa. Como le dijo que se la daría una vez que terminara de hacer su trabajo, lo sacaron del teatro por la fuerza.

“Recién afuera me entero que eran policías de civil. Nunca se identificaron. Me llevaron a los empujones, me torcieron los brazos y las manos, y me condujeron hasta una camioneta blanca sin insignias ni matrícula. Muy asustado grito auxilio y alguien de atrás, que empezó a ahorcarme, me da un golpe en el costado. Es ahí cuando aparece un uniformado y les dice que me lleven a la DDI (Dirección Departamental de Investigaciones)”, relató Videla en diálogo con Contexto.

En un video que trascendió más tarde, registrado con celular desde lo alto de un edificio, puede verse el momento en que lo meten en la camioneta sin identificación a plena luz del día, en Alem y Alsina, una de las esquinas más céntricas de la ciudad.

En la DDI, los policías le retuvieron todo su equipo de trabajo y lo requisaron hasta encontrar una tarjeta de memoria que había escondido en un bolsillo. Luego de borrar sus filmaciones y mantenerlo unas tres horas incomunicado, le permitieron llamar a un abogado para poder recuperar la libertad.

A su pareja, Mara Solís, que había grabado lo ocurrido dentro del teatro, se la llevaron a la Comisaría 1era, donde le secuestraron sus pertenencias y la encerraron en un calabozo. Cuando advirtieron que en su cámara también faltaba la tarjeta de memoria, dos mujeres policías la obligaron a desnudarse, le sustrajeron el dispositivo y eliminaron todo el material almacenado.

“Ella fue la que sufrió más abusos. Le sacaron hasta los cordones como si fuese una criminal, la desnudaron en un baño cochino y ni siquiera le dieron derecho a una llamada. Todo completamente ilegal”, sostuvo Videla.

El camarógrafo consideró que “no se trata de un hecho aislado” y que “la responsable directa es Vidal”, porque “la policía está habilitada para actuar así”.

“Infunden miedo para adoctrinarnos y disciplinarnos de manera sistemática. Lo que ocurrió en Bahía Blanca es otro atropello a la libertad de expresión, el maltrato dictatorial que tratan de naturalizar a lo largo y a lo ancho del país. Si yo tengo que vivir cerrando los ojos, tapándome los oídos y evitando decir lo que pienso y lo que siento, entonces esto no es una democracia”, completó.

También lamentó la actitud de los comunicadores que fueron testigos de cómo se lo llevaban del teatro y, sin embargo, prefirieron hacer la vista gorda: “Fue lo que más me dolió. Había colegas, periodistas y gente que conozco, pero ninguno sacó una foto ni escribió una línea. Todos miraron al piso”.

Videla y Solís radicaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de Bahía Blanca. Allí dejaron asentado cada uno de los abusos, amenazas y vejámenes que sufrieron por parte de las fuerzas de seguridad de Vidal y del intendente Héctor Gay. Mientras tanto, las tarjetas borradas por la policía ya se encuentran en poder de un técnico que trata de recuperar las filmaciones para poder sumarlas a la causa como elementos de prueba.