A diecisiete meses de la muerte de Emilia Uscamayta Curí en una fiesta ilegal en Melchor Romero, su familia y la Asamblea Justicia por Emilia denunciaron una vez más la “estrecha connivencia” entre el Ejecutivo municipal, la Policía Local, los “empresarios de la noche platense” y el accionar judicial en la causa, que hasta hace poco estuvo en manos del fiscal Álvaro Garganta.

La muerte de Emilia puso en evidencia “el entramado político-jurídico y empresarial y los negociados corruptos e intereses personales de particulares y funcionarios públicos por sobre la búsqueda de la verdad, la justicia y el cuidado de parte del Estado de los ciudadanos y las ciudadanas”, afirmó un documento leído por familiares, amigos y docentes de Emilia en el marco de un acto que tuvo lugar de espaldas al edificio municipal.

Pese a las vallas que desde que el macrista Julio Garro llegó a la intendencia rodean la entrada de la Municipalidad, colgaron una enorme pancarta con una foto sonriente de Emilia, que estaba muy cerca de recibirse de periodista y militaba en la agrupación Jorge Ricardo Massetti. Junto a su foto, había decenas de carteles con las fotos en blanco y negro de los responsables de su muerte, de los cuales sólo cinco fueron imputados, aunque, como el resto de los funcionarios municipales involucrados, siguen en libertad.

La fiesta ilegal que tuvo lugar el 31 de diciembre de 2015 en una quinta de Melchor Romero “develó una política de Estado del Ejecutivo municipal en estrecha connivencia con el negocio ilegal e inescrupuloso de los empresarios de la noche platense”, afirmó el documento leído ante la silenciosa presencia de sus padres, Eugenia y Juan, de uno de sus hermanos, Christian, y de sus tías y numerosos sobrinos.

“La ausencia de controles y la corrupción en el seno del Gobierno municipal”, señaló el documento, que recordó el pago de una coima de 20.000 pesos a quienes debían clausurar la fiesta en la que Emilia murió.

“Esto puso en evidencia un modelo de gestión del intendente Garro, de la alianza Cambiemos, que propone enriquecimiento ilícito ilegal por sobre el cuidado de la vida de ciudadanos y ciudadanas”, sostuvo el texto hecho público poco antes de que las más de trescientas personas presentes se encaminaran hacia la Fiscalía platense, en la calle 7 entre 56 y 57.

Una investigación sin avances

La Asamblea Justicia por Emilia recordó que los cuatro organizadores de la fiesta, imputados por el delito de “homicidio culposo” están en libertad y que pagaron una fianza de 100.000 pesos que calificaron de “irrizoria” y de “tomada de pelo”, cuando se sabe que aquella fiesta les permitió recaudar “más de cuatro millones de pesos”.

Los señalados son Raúl “Peque” García, empresario de turismo, cercano al presidente Mauricio Macri, a la gobernadora María Eugenia Vidal y al intendente platense; Carlos Bellone, dueño de la quinta, empresario y militante del PRO; Santiago Piedrabuena, empresario y dueño de un reconocido boliche platense; y Gastón Haramboure, supuestamente RRPP (condenado por la muerte de otro chico años atrás). Un quinto imputado, que hasta hace unos meses era el secretario de Seguridad municipal, es Martín Piqué, ex comisario de la bonaerense y titular de la Seccional Primera de La Plata. Aunque el Municipio anunció la separación de su cargo, el ex policía sigue vinculado a la gestión de Garro y cobrando el mismo sueldo, advirtió el documento.

La Asamblea y la familia criticaron la “parcialidad” del fiscal Álvaro Garganta, a cargo de la UFI 11. “Garganta planchó la investigación en varias oportunidades”, afirmaron, y recordaron que desde el primer momento le reclamaron que llamara a declarar a numerosos funcionarios municipales y él miró para otro lado.

Por eso, el jueves volvieron a decir en voz alta los nombres y apellidos de varios funcionarios de Garro involucrados en la connivencia que provocó la muerte de Emilia. No están imputados el titular de la Policía Local, Sebastián Martínez Pass, el subsecretario de Control Ciudadano, Roberto Di Grazia (ascendido por Garro a secretario), el ex director de Nocturnidad, Gerardo Gioglio, el subsecretario de Gobierno, Juan Manuel Martínez Garmendia, Néstor Galarraga de Inspecciones, Walter Echevez de Tránsito y Emanuel Reyes de Control y Fiscalización.

Garganta tampoco llamó a declarar al ex oficial Ariel Peña, quien hizo efectiva la orden para que los agentes locales se retirarán de las inmediaciones de la fiesta y que “últimamente, fue acusado de pedir coimas a comerciantes platenses a cambio de seguridad”.

“El documento es clarísimo sobre quiénes son los responsables: el Municipio y sectores de la Justicia”, afirmó a Contexto Florencia Saintout, decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, también presente en el acto.

Saintout, concejala además por el Frente para la Victoria (FpV), denunció la “ausencia total y el desprecio enorme de este intendente por los ciudadanos” de La Plata. En ese sentido, sostuvo que Garro “jamás inició un acto administrativo para investigar qué responsabilidad tuvieron sus funcionarios” en la muerte de Emilia.

“Este intendente sigue sosteniendo a funcionarios responsables de lo que le pasó a Emilia, algo que debería haberse evitado”, sostuvo la edil platense, quien junto a la familia Uscamayta Curí, su abogado, Adrián Rodríguez, Claudia Vásquez Haro, de la organización OTRANS, y Marcel Aguilera, presidente de la FULP, encabezaron la columna que marchó hacia la Fiscalía para pedir una entrevista con la nueva fiscal a cargo del caso, Ana Medina.

Una vez en Fiscalía, el letrado, los padres y uno de los hermanos de Emilia fueron recibidos por la fiscal Medina, con quien mantuvieron una reunión de presentación de unos cuarenta minutos. “Se comprometió a investigar y a recibir nuestro aporte”, dijo Rodríguez a Contexto al término de la reunión. La fiscal admitió que “es una causa compleja”. “El tiempo dirá si estamos ante una justicia independiente”, sostuvo el abogado.

“Hoy renovamos nuestro pedido de justicia por la causa de Emilia […] Más allá de las promesas, nos guiamos por los hechos, por los pedidos de prueba y por el impulso de la causa”, había afirmado Rodríguez a este medio antes de llegar a la Fiscalía.

El letrado denunció “la persecución” contra su persona, pues “a instancias de la fiscal Rosalía Sánchez, amiga de la hermana del fiscal Garganta, me retuvieron el sueldo”, lo que “muestra la falta de independencia de ciertos fiscales”.

Tras anticipar que iniciará acciones legales, reiteró su “compromiso con los valores humanos y de justicia hacia la familia de Emilia y hacia la juventud”.

“Emi era noble, alegre, fuerte y tierna. El 25 de mayo habría cumplido treinta años”, recordaron desde la Asamblea Justicia por Emilia. “El compromiso de Emilia con el mundo que le tocó vivir es una enseñanza”, afirmó luego Saintout en la radio abierta instalada frente al edificio del Ministerio Público Fiscal.