“Se robaron la vida de mi hermano y hasta hoy no sé por qué. Hoy vengo acá en busca de una respuesta, a ver si el señor Castillo me dice algo”, dijo el lunes ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata Graciela Rayson, psicóloga y médica de 63 años, sin poder ocultar su profunda angustia tras relatar el violento allanamiento que la patota de la CNU perpetró en su casa, en Berisso.

En la zona de la capital bonaerense y en Mar del Plata, esa banda paraestatal asesinó, a partir de 1974, a un centenar de docentes, estudiantes y trabajadores de la Juventud Peronista y de organizaciones de izquierda. Estaba dirigida por Carlos Ernesto Castillo, alias “El indio”, uno de los dos procesados en este juicio que arrancó el 15 de mayo, junto a Juan José Pomares, alias “Pipi”, integrante activo de la patota.

“Entraron como un tropel, como un malón […] iban y venían. Eran como diez o quince personas armadas”, contó Rayson en el marco de la cuarta audiencia de este juicio que comenzó hace dos semanas, al relatar el operativo por el cual se llevaron a su hermano Daniel, estudiante de Derecho, trabajador en Propulsora y peronista, la noche del 19 de febrero de 1976. Estaban fuertemente armados, vestidos de verde. En la puerta de su casa, en la calle 171 entre 16 y 17, había autos plateados.

Acongojada durante todo su relato, en presencia de los acusados que estaban sentados detrás de sus abogados defensores, describió minuciosamente el allanamiento y contó con qué ingenuidad hizo la denuncia en una comisaría de Berisso, en la misma Propulsora o recurriendo al concejal López Osornio de esa localidad, quien sería días después el que reconocería el cuerpo de Daniel.

“No me dejaron verlo. Me mostraron una foto. Estaba tirado boca abajo junto a Alcidez Méndez. Su carita estaba sobre una zanja con la boca abierta y las manitos atadas detrás. Me mostraron la ropa y estaba agujereada. Le conté entre dieciséis y diecinueve balazos”, aseguró al tribunal esta mujer que se aferró a los estudios y a su creencia religiosa para seguir adelante. “Cuando pregunté qué era el hematoma alrededor del ojo, me explicaron que era el tiro de gracia”, aseguró, ilustrando la bestialidad de esa banda armada que operó al amparo del Estado.

“No me dejaron verlo. Me mostraron una foto. Estaba tirado boca abajo junto a Alcidez Méndez. Me mostraron la ropa y estaba agujereada. Le conté entre dieciséis y diecinueve balazos.”

Rayson declaró como testigo para contextualizar el accionar sistemático de la patota de la organización paraestatal ultraderechista Concentración Nacional Universitaria (CNU), pese a que el caso de su hermano, como el de los otros dos testigos que comparecieron el lunes, no integran los únicos cuatro casos retenidos para llevar adelante este juicio.

Esa noche “nos robaron todo lo que teníamos de oro y me robaron los tres tomos de Freud”, afirmó esta mujer que a los 22 años estudiaba Psicología. Rayson aseguró que quien le confirmó que a su hermano lo habían matado Castillo y la CNU fue un comisario de la seccional de 12 y 60.

Según el libro Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, una investigación impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en 2015, los cuerpos de Daniel Rayson y de Alcidez Méndez Paz, trabajador en Astillero Río Santiago, aparecieron en Brandsen.

Castillo y Pomares están acusados del secuestro, robo, violación de domicilio y asesinato de Carlos Antonio Domínguez, entonces secretario general del gremio del Turf platense, de Néstor Dinotto y Graciela Martini, militantes de la Juventud Peronista, y de Leonardo Miceli, integrante de la comisión interna de una tercerizada que prestaba servicios de limpieza en Propulsora Siderúrgica y era militante de la Juventud Trabajadora Peronista.

Luisa Marta Córica

“Yo soy hijo de una víctima del terrorismo de Estado”, afirmó Ariel Alberto Suárez, empleado de 52 años que hace 41 años vio cómo la patota de la CNU “apretaba” a su mamá, Luisa Marta Córica, trabajadora en la Legislatura y también en el Hipódromo, donde era delegada, y estudiante de Filosofía y Letras.

Visiblemente emocionado, Suárez confió en que “este juicio sirva para condenar a parte de los responsables y para aclarar la participación de otros que no están acá. La idea era asesinar y no dejar pruebas ni testigos”, sostuvo refiriéndose “al accionar de la CNU en La Plata y en Mar del Plata”.

Pese a su corta edad por entonces, Ariel Suárez recordó amenazas, vigilancia, nombres y apellidos de algunos de los integrantes de la banda paraestatal: “El Indio” Castillo, Pomares, Ricardo Calvo, alias “Richard”, Antonio Jesús, alias “Tony”, y el “rubio Supera”.

“que este juicio sirva para condenar a parte de los responsables y para aclarar la participación de otros que no están acá.”

“Los de la CNU eran exterminadores. Asesinos cebados”, sostuvo, tras asegurar que su mamá “siempre hablaba del Indio porque mataba a los compañeros” y de precisar que ya de grande, cuando trabajaba en la Legislatura, “me cansé de escuchar ‘el Pipi fue uno de los asesinos de tu vieja’”.

“Como las dos personas que están siendo enjuiciadas, creí que la justicia de los hombres nunca los iba a alcanzar”, confió Suárez, quien reivindicó la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y de la asociación HIJOS de detenidos-desaparecidos.

Luis Ricardo Córdoba

Luis Ricardo Córdoba, ahora de 71 años, explicó ante el Tribunal presidido por el juez Germán Castelli que en el 76 trabajaba en Astillero Río Santiago, donde era delegado junto a Pedro Gutzo. Después de ser secuestrado en su casa, fue llevado a la Escuela Naval y de ahí a la Unidad 9 donde –aseguró– había una banda de la CNU que también estaba ahí. “Salían al patio para sacar información a los detenidos”, explicó, tal como adelantara este medio semanas atrás. Entre estos, nombró a Castillo, a Pomares y a Jesús.

“No es admisible el tiempo que se toma la justicia. Todo esto debería estar investigado. hay compañeros que estuvieron conmigo en la U9 y ya no están.”

Recordó cuando en el patio de la cárcel uno de los de la CNU “me mostró el reloj que llevaba en la muñeca izquierda”. “Este reloj es de Pedro Gutzo”, me dijo.

Tras mencionar a numerosos trabajadores de Astillero secuestrados y asesinados, como Méndez Paz, Andreuchi, Lucero, Arrriola, Arias y García, el testigo aseguró que “habían sido levantados de su casa con el mismo procedimiento con el que levantaron a Pedro Gutzo”.

Córdoba subrayó con cierta indignación que desde 2006 viene declarando ante la Justicia, y aseguró que en todos esos secuestros y asesinatos “usaron itakas y los cuerpos tenían entre quince y veinte balas. Era la misma modalidad. ¿Cómo es que la Justicia no tiene en claro eso?”, se preguntó, antes de sentenciar: “No es admisible el tiempo que se toma la Justicia. Todo esto debería estar investigado”, afirmó, no sin lamentar “hay compañeros que estuvieron conmigo en la U9 y ya no están”.