Vidal y su equipo violan el derecho a la educación de mujeres y hombres privados de su libertad

El Ministerio de Justicia bonaerense dice que el Servicio Penitenciario no tiene móviles ni agentes para trasladar a la veintena de internos que hoy en día cursan en tres Facultades de la UNLP. Las autoridades universitarias siguen esperando una propuesta que esa cartera se comprometió a enviar semanas atrás.

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Por Gabriela Calotti

Cuando está casi por concluir el primer cuatrimestre de cursadas en la Universidad, el derecho de las personas en situación de encierro de acceder a la educación está siendo pisoteado por el Gobierno de María Eugenia Vidal, su ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, y los funcionarios que le siguen en la jerarquía en materia penitenciaria y educativa. Lo peor es que no se trata de trasladar a cientos de internos que cumplen estudios universitarios, sino de veintidós privados y privadas de libertad.

A principios de mayo, internos de unidades penitenciarias bonaerenses cercanas a La Plata y autoridades universitarias denunciaron la decisión del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) de no llevarlos a cursar a las distintas facultades, es decir, de interrumpir de facto sus estudios universitarios, esgrimiendo razones de seguridad, falta de móviles y de efectivos para los traslados.

Ante la insistencia de las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y de las Facultades involucradas frente a esa medida unilateral que viola un derecho constitucional, lograron una reunión con responsables de la Subsecretaría de Política Penitenciaria que depende del Ministerio de Justicia. Su responsable, Fabián Arévalo, se comprometió a enviar a sus interlocutores universitarios “una propuesta sobre la cantidad de traslados semanales” que pueda llevar a cabo el SPB y “a garantizar todos los traslados para rendir finales”, pudo saber Contexto.

Sin embargo, la UNLP y las Facultades siguen esperando que llegue esa propuesta cuando faltan escasas semanas para concluir el primer semestre del año, con el riesgo de que por decisión de las autoridades del Gobierno de Vidal los alumnos que están en situación de encierro pierdan el año.

“Se comprometieron a mandarnos una propuesta. Nos dijeron que no tienen móviles, estructura. Que no tienen nada. Fue lamentable”, indicaron a Contexto fuentes académicas en referencia a esa reunión. Al día de hoy “no nos mandaron nada”, aseguraron.

“Los tiempos académicos corren y ya perdieron el primer cuatrimestre”, indicaron a este medio otras fuentes universitarias.

Para justificar su decisión, el SPB se escuda en que no cuenta con los móviles ni el personal necesario para cumplir con los traslados y en que, debido a los protocolos vigentes en las unidades académicas que impide el ingreso de penitenciarios armados o vestidos de fajina, “hay peligro de toma de rehenes o peligro de fuga”, según explicaron fuentes académicas.

“Todavía seguimos sin salir ninguno. La realidad es que estamos perdiendo el año”, lamentó uno de los afectados por esta decisión del Ministerio de Justicia bonaerense.

Para facilitar el acceso a la educación de las y los internos, desde las Facultades de Ciencias Jurídicas, de Humanidades y de Periodismo y Comunicación Social manifestaron su absoluta predisposición para “readecuar cursadas” y “dar una mano en todo lo posible” para que los alumnos en situación de encierro sigan adelante con sus estudios, y así lo hicieron saber en la reunión en cuestión.

Cuando semanas atrás se supo a través de diversas fuentes que los alumnos privados de su libertad no eran llevados a cursar, desde el SPB le echaron la culpa a las Facultades, que de su lado reclamaron alguna resolución escrita. El Servicio Penitenciario negó la existencia de tal orden, pero fuentes judiciales confirmaron que la misma existe negro sobre blanco, pues el Ministerio de Justicia fue el encargado de informar a los juzgados involucrados que el traslado de unos veintidós internas e internos es de “imposible cumplimiento”.

A partir de 2001, el Servicio Penitenciario Bonaerense firmó varios convenios con la Dirección General de Escuelas de la provincia y con Universidades para cumplir con su obligación de otorgar a los internos su derecho de acceder a la educación desde el nivel primario hasta el universitario, ya sea en el interior de las unidades o asistiendo a cursar en las Facultades elegidas. Pese a esos convenios, las fuentes consultadas por Contexto coincidieron en que el acceso al derecho a la educación está siendo cada vez más recortado por el SPB.

Las cifras son más que ilustrativas sobre la absurda posición del Gobierno de Vidal: de los más de 37.000 hombres y mujeres encarcelados en unidades de la provincia de Buenos Aires, en los penales cercanos a La Plata (Magdalena, Florencio Varela, Olmos, Gorina, Los Hornos y La Plata) “hay 1.200 inscriptos” en carreras en la UNLP, “pero solamente cuatrocientos son activos, es decir, que rinden una o dos materias por año”, y para cursar “estamos discutiendo el traslado de veintidós”, subrayó una de las fuentes sin poder ocultar su indignación.

En la educación primaria y secundaria la situación no es mucho mejor. Al contrario. “Hay lista de espera de hasta dos años para terminar primaria y secundaria, y sin embargo, cuando vamos a las unidades, hay aulas completamente vacías”, aseguró una de las fuentes a este medio. Esto muestra que la decisión viene desde arriba e incluye a la Dirección de Cultura y Educación que dirige Alejandro Finocchiaro.

¿Y el Poder Judicial?

Al parecer, desde la Justicia tampoco se está haciendo demasiado para que las privadas y privados de libertad puedan acceder a su derecho a la educación. En los juzgados se escudan en la situación procesal de los estudiantes, un asunto que de ninguna manera puede estar por encima del derecho a la educación.

“De diez estudiantes privados de su libertad, cuando salen sólo dos reinciden y por delitos menores”, explicaron a este medio las fuentes consultadas, para descartar el argumento de muchos juzgados que ante la insistencia de la Universidad para que los jueces los autoricen a cursar se escudan en el delito cometido o se enteran del traslado de algún interno cuando ya tuvo lugar.

“La Justicia también se agarra de la seguridad para obstaculizar el acceso a la educación”, agregaron las fuentes, antes de subrayar que desde la UNLP y las Facultades la actitud es “activa de forma permanente enviando notas y pedidos a los juzgados”.

Pese a un sistema carcelario básicamente punitivo, insalubre e irrespetuoso de los derechos humanos, lo cierto es que aquellos que terminan la primaria, la secundaria, o quienes, ya mayores de treinta años, deciden estudiar una carrera universitaria, saben que “haber cambiado una faca por un cuaderno” les permitirá cambiar de vida en el afuera.