Por Héctor Bernardo

Golpe de Estado parlamentario, corrupción organizada, destrucción de los derechos de los trabajadores mediante la implantación de un modelo neoliberal, alineamiento total con las políticas imperiales y utilización del Ejército para la represión de la protesta social. El mandatario de facto brasileño, Michel Temer, ha decidido no privarse de ninguna media autoritaria y antipopular en su desesperación por aferrarse al sillón presidencial.

Este miércoles, más de 150 mil trabajadores y estudiantes marcharon por las calles de Brasilia, la capital de Brasil, bajo la consigna “¡Fora Temer! ¡Diretas Ja!”. Los manifestantes reclamaban el restablecimiento de la democracia real mediante la salida del golpista y la convocatoria a elecciones presidenciales directas. El Gobierno de facto respondió con una brutal represión y con un decreto que autoriza a la utilización de las Fuerzas Armas para frenar la protesta social.

“Queda autorizado el empleo de las Fuerzas Armadas para garantizar la ley y el orden en el Distrito Federal en el periodo del 24 al 31 de mayo de 2017”, señala el decreto firmado por el golpista Temer.

En las primeras horas del día, representantes de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) y la Unión Brasileña de Estudiantes Secundarios (UBES) entregaron al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, un documento con 200 mil firmas, en el que se reclamaban elecciones directas.

Cuando la manifestación se volvió multitudinaria y se acercó al Palacio de Planalto, comenzó la brutal represión. La Rede Globo continuó con su intención de distanciarse de su ex socio en el golpe, Temer, y mostró en su portal imágenes de los policías usando armas de fuego para reprimir.

Según señalaron diversos medios, el Consejo Nacional de Derechos Humanos manifestó su preocupación al recibir un informe que indicaba que, tras la represión, se habían realizado detenciones, que esos manifestantes arrestados no habían sido trasladados a comisarías y su destino era incierto.

Temer, cada día más debilitado tras el escándalo de corrupción, no duda en utilizar hasta el último de los recursos para aferrarse al sillón presidencial. El decreto de utilización de las Fuerzas Armas para frenar la protesta social puede ser el último “manotazo de ahogado” de un mandatario con las horas contadas.