“La idea es dejar de retroceder y avanzar. Ojalá que desde la provincia se logre construir la legislación que después pueda ser tomada por el resto de las provincias”, se entusiasma Cynthia Ottaviano, periodista, ex defensora del público y actual asesora de comisión de libertad de expresión del Senado bonaerense que preside Mónica Macha, del Frente para la Victoria. El apasionamiento es por la presentación de una serie de proyectos que buscan la construcción de un sistema de medios públicos en la provincia de Buenos Aires, que dé fomento a los medios comunitarios y alternativos, que regule la publicidad oficial, que desgubernamentalice los medios estatales y que establezca el derecho a réplica. En fin: un armado legislativo que compense desde el territorio bonaerense el desguace de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

“Hay un escenario de retroceso, de vulneración de la legislación vigente que se completa con políticas económicas y sociales que son regresivas. A pesar de reconocer esa situación, saber que podemos construir una comunicación democrática a partir de la organización de los distintos sectores de la comunicación, de la unión en el trabajo y la construcción colectiva de legislación, y ahora en el impulso que debe darse en el ámbito legislativo”, propone Ottaviano, cuya salida de la Defensoría dejó acéfalo ese organismo, con la consiguiente vulneración permanente de los derechos de las audiencias.

-Esta semana presentaron una batería de proyectos que tienen por objetivo la comunicación democrática en la provincia. ¿Cuáles son los objetivos que persiguen?

-La presidencia de la Comisión de Libertad de Expresión del Senado bonaerense, a cargo de la senadora Mónica Macha, presentó un conjunto de leyes que vienen a complementar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conscientes de que la comunicación democrática se construye colectivamente y con una serie de medidas políticas necesarias, porque el Estado tiene un rol de salvaguardia ineludible. Se fue trabajando con distintos sectores cuáles eran las necesidades, radiografiando las distintas realidades, y pensando colectivamente cuáles eran las leyes necesarias para llegar a construir aquello que desde el Estado nacional se está impidiendo.

-¿Cuál es el estado de situación del que se parte?

-Desde hace ya diecisiete meses, con distintas medidas que tomó el Gobierno nacional, se viene vulnerando el derecho humano a la comunicación. Se comenzó a mercantilizar nuevamente la comunicación y hay una concepción darwinista que se ve reflejada en la derogación de los artículos vitales de la LSCA, en las resoluciones que ha tomado la autoridad de aplicación, el ENACOM, como por ejemplo la posibilidad criminalizar la comunicación alternativa, comunitaria y popular diciendo que el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad puede acceder a decomisar equipos, y han hasta demorado y procesado a personas. No se está cumpliendo con la propia ley por parte del Gobierno nacional porque no se han pagado los Fomeca, que son fondos de fomento que se habían aprobado en 2015, ni tampoco se están dando nuevos fondos. Hay persecución sindical, ideológica, ha habido una distribución inequitativa de la publicidad oficial, una serie de tarifazos, que lo que fue haciendo, en definitiva, fue profundizar la comunicación concentrada en Argentina y pisotear aquella comunicación democrática que se venía construyendo. Fue por eso que se tomó la decisión de generar un conjunto de leyes que dialogan entre sí.

-¿Cuales son los ejes de los proyectos?

-Por un lado, el derecho a la rectificación y respuesta, que aparece como esencial y ha sido reclamado por las audiencias en la Defensoría del Público por distintos representantes de la organización civil, porque hay mucha información inexacta o agraviante que nunca es rectificada y eso genera una situación de vulneración del derecho humano a la comunicación; la creación de un sistema público de medios, porque se reconoce la necesidad de poner la comunicación como un derecho humano y no como un negocio, y plantear allí la perspectiva que debe construirse, incluso con la participación de la comunidad, que es el sistema público de medios, y fortalecer las radios municipales con una red. Otra ley sobre publicidad oficial y otra ley vinculada con el fomento de los medios comunitarios, y todas ellas dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Se trata entonces de que a pesar de que reconocemos que hay un escenario de retroceso, de vulneración de la legislación vigente que se completa con políticas económicas y sociales que son regresivas, a pesar de reconocer esa situación, saber que podemos construir una comunicación democrática a partir de la organización de los distintos sectores de la comunicación, de la unión en el trabajo y la construcción colectiva de legislación, y ahora en el impulso que debe darse en el ámbito del Senado primero, y en Diputados luego, para lograr finalmente poner en práctica y vivenciar lo que hoy está puesto en estos proyectos.

-Cuando se habla de derecho a la comunicación hay un sentido construido alrededor de que se habla de medios comunitarios o públicos. ¿Qué rol tienen los medios privados?

-Cuando se leen los cuatro proyectos, los entramados y los diálogos que proponen, entonces hay un fortalecimiento del sector comunitario, alternativo y popular, también de los medios universitarios en cuanto a la participación de la gestión de los medios públicos, y una posición muy clara con respecto a los límites a la gubenamentalización de esos medios, una creación de institucionalidad de controles cruzados con participación de todos los sectores, y se aportó además que no sólo trabajemos sobre la publicidad oficial, sino también sobre la privada, creando mecanismos para que las grandes empresas que pauten en los medios comunitarios tengan exenciones tributarias o en ingresos brutos. Entonces, esto quiere decir que esta batería de legislación para el derecho humano a la comunicación también contenga una propuesta de beneficio en el ámbito privado que hace que sea más democrática la comunicación.

-En esta situación de retracción de derechos, ¿cuál es la situación del derecho a la comunicación?

-Como parte de la implementación de esta nueva matriz que es neoconservadora, es neoliberal y es darwinista, se han tomado una serie de medidas desde el comienzo del Gobierno de Mauricio Macri. Una de esas decisiones fue dejar acéfala la Defensoría del Público, de manera que hoy se están vulnerando todos los días los derechos de las audiencias, y por eso dentro del diseño de estos proyectos de ley se propone la creación de una Defensoría del Público en el ámbito del sistema de medios públicos y de la Defensoría del Pueblo de la provincia. La lucha por una comunicación democrática no se terminó, sino que se ve fortalecida cuando lo que hacemos es luchar y construir colectivamente la salida. Porque está claro que hay una regresión; lo que no estaba del todo claro era de qué manera íbamos a lograr no sólo pasar esta regresión, sino adelantar un casillero más. Por eso, una de las propuestas fue hacer foros en las distintas regiones de la provincia de Buenos Aires, que se realice una radiografía de los medios de la provincia, que se generen garantías para el cumplimiento y se cumplan las leyes que ya existen, como la vinculada con la tarifa social.

-¿Podría ser el trabajo en estos proyectos el inicio de un blindaje al poder de los medios concentrados ya no desde la nación, sino ahora desde la provincia?

-De alguna manera hay que ponerle freno al avance voraz que están teniendo los poderes fácticos en Argentina, que hoy la gobiernan. Desde ya que son necesarias prácticas de desconcentración que deberían hacerse desde el Estado nacional, desde su autoridad de aplicación, pero la matriz que se está implantando es precisamente la contraria. Rápidamente se está regalando el espectro radioeléctrico a aquellos que tienen más recursos económicos y que forman parte de la comunicación concentrada. Entonces, una de las maneras posibles que hemos pensado fue trabajar en la provincia de Buenos Aires, que es nuestro ámbito de competencia, para que desde allí con los distintos sectores de la comunicación que por supuesto no forman parte de las posiciones dominantes y hegemónicas se pueda construir no sólo un dique de contención, sino también una ofensiva, una posibilidad de avanzar en la profundización en el derecho humano a la comunicación, y de señalar que el Estado tiene un rol ineludible que hoy no está cumpliendo. El Estado nacional hoy está vulnerando el derecho humano a la comunicación en argentina en un marco de vulneración de derechos que es general. Entonces, la idea es dejar de retroceder y avanzar. Ojalá que desde la provincia se logre construir la legislación que después pueda ser tomada por el resto de las provincias.