Por Gabriela Calotti

Esta semana se cumplieron treinta años de la “Masacre de Ingeniero Budge”, un caso emblemático de violencia institucional que por primera vez fue reconocido como un acto de gatillo fácil. El 8 de mayo de 1987, tres efectivos de la Policía bonaerense acribillaron a balazos a tres chicos que tomaban cerveza en la esquina de Guaminí y Figueredo sin que mediara enfrentamiento alguno. Agustín Olivera, Oscar Aredes y Roberto Argañaraz recibieron entre siete y doce balazos.

Desde entonces, los casos de violencia institucional y gatillo fácil fueron creciendo, paralelamente al aumento de fuerzas de seguridad en las calles, en particular de la Policía bonaerense, como única respuesta del Estado como forma de control y disciplinamiento acentuado desde la llegada del macrismo al poder.

“La investigación mostró la persistencia e intensificación de esas prácticas de hostigamiento policial, de control poblacional y de la política de seguridad de los últimos años que la resuelven con más policías en la calle”, afirmó a modo de introducción y resumen Manuel Tufró, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), al presentar el informe titulado “Jóvenes y Policía. Violencia Institucional en la Provincia de Buenos Aires”, que tuvo lugar en la sala Cafiero del Senado bonaerense en el marco de la Semana Contra la Violencia Institucional.

El equipo de investigación también estuvo integrado por abogados y expertos del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), de la Asociación Pensamiento Penal (APP), de la Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) y del Observatorio de Políticas de Seguridad de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que para llevar adelante el trabajo de campo entre 2015 y 2016 contó con la financiación de la Unión Europea (UE).

El proyecto trabajó en dos grandes problemáticas: el hostigamiento policial a los jóvenes y el accionar policial violento hacia ellos, y el uso abusivo de armas de fuego. Los organismos llevaron adelante el trabajo de campo en tres áreas definidas: el Conurbano bonaerense -concretamente los distritos de Florencio Varela, Moreno, San Martín y Vicente López-, La Plata y la ciudad de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón.

“Hay dos grandes lógicas de hostigamiento policial que pudimos relevar: un primer accionar es el hostigamiento en la vía pública, en encuentros más o menos fortuitos en la calle que se derivan de la mayor presencia policial en los barrios donde no había Policía excepto para allanamientos masivos y violentos o para pasar y cobrar los dividendos de distintos negocios ilegales”, puntualizó Tufró.

“En estos barrios ahora hay mucha más Policía que antes”, sostuvo, antes de advertir que “la política de seguridad es la única política de Estado que existe en los últimos años”.

Todo comienza, por ejemplo, con interceptaciones en la vía pública para pedir identificación o demoras sin justificación. “El hostigamiento comienza con prácticas legitimadas, con prácticas reñidas con los derechos humanos pero que pide y avala el poder político”. “Muchas son prácticas que el poder policial tiene en sus facultades”, aclaró.

En su relato explicó cómo se acentúan esas prácticas hacia la ilegalidad si estos jóvenes reivindican su derecho constitucional a no tener que mostrar su indentificación o le piden al policía que muestre su placa. Entonces, “los policías van hacia los golpes, el verdugueo, los insultos, la vejación verbal, acciones degradatorias y vejatorias y hasta paseos en móviles, y después los largan sin que haya ningún registro de esta práctica policial extendida” que termina encubierta por la propia Policía.

“Entre un tercio y la mitad de los jóvenes encuestados fueron detenidos y más de una vez en los últimos meses”, remarcó Tufró. “Las víctimas principales son jóvenes varones y mujeres también, y los victimarios son la Policía bonaerense, las Policías locales y también la Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal”.

Llamativamente, desde la llegada de María Eugenia Vidal al Ejecutivo bonaerense es muy común ver patrulleros y efectivos de la Policía Federal en los barrios y/o haciendo controles en áreas céntricas de la ciudad de La Plata.

Obligarlos a comerse la droga que tienen, obligarlos a desnudarse o apagarles sus cigarrillos en alguna parte del cuerpo son algunas de las prácticas vejatorias que se dan en la calle misma, sostuvo el investigador.

“Este hostigamiento cumple con lo que le pide el poder político y con la afirmación de la autoridad de los efectivos en el barrio con esta forma de violencia hacia los jóvenes, lejos de cualquier lógica de profesionalidad de la Policía, que se presenta como una banda rival a las bandas de jóvenes”, sostuvo, antes de hacer hincapié en el “crecimiento exponencial de los efectivos policiales”.

“El 30% de la población juvenil fue alguna vez detenida y hay un sesgo sistematico de clase, es decir, son de sectores populares. Ahora bien, en estos sectores el porcentaje asciende al 70%”, agregó Angela Oyhandy, del Observatorio de Políticas de Seguridad de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

El otro tipo de hostigamiento tiene que ver con “las relaciones de conocimiento mutuo entre algunos policías y algunos jóvenes”. “Es un hostigamiento focalizado que nos parece mucho más grave: incluye detenciones reiteradas o subidas más seguidas a comisaría, pero también otras prácticas como allanamientos reiterados en las mismas casas, fenómenos de extorsión sobre determinados jóvenes como una forma de reclutamiento, o plantarles droga o armas”, indicó el integrante del CELS.

Tufró subrayó una práctica “creciente y alarmante” de los últimos años como “el armado de causas para responder a una presión mediática, social y política para resolver casos resonantes. Muchas veces, para resolverlos, la Policía pone el foco en jóvenes que no precisamente tienen que ver con el caso, con pruebas débiles”.

También se refirió al “hostigamiento a familias enteras” en un barrio, en el caso de víctimas que tienen contacto con la Policía, y se trata de jóvenes que tienen antecedentes, pero que “están desacreditados en el barrio y no tienen ninguna red de contención”. “La Policía no interviene para resolver el problema, sino que alimenta ese circuito. Acá aparecen policías famosos con antecedentes de haber matado a pibes, pero siguen en actividad y a lo sumo fueron desplazados a otro destino”, explicó Tufró. En este caso, “la racionalidad del hostigamiento tiene que ver con el mantenimiento de mercados ilegales”, controlados por la Policía, aseguró.

Además de establecer un diagnóstico de la situación, la investigación determinó una “ausencia absoluta del Estado”. “El Poder Ejecutivo provincial, que tiene la responsabilidad primaria y principal sobre estas problemáticas, no tiene ninguna política específica. Nos encontramos en la intemperie absoluta”, sostuvo, antes de reclamar “un control territorial” desde “el Gobierno provincial y desde del Poder Judicial”.

Las dos caras de Mar del Plata

En nombre de la Asociación de Pensamiento Penal (APP) y de la Cátedra de Criminología de la UNMDP, Juan Tapia denunció que “desde diciembre de 2015 el Ministerio de Seguridad bonaerense dejó de aportar datos para confeccionar informes” con relevamiento de datos duros.

“Tampoco respondió el Ministerio Público Fiscal a nuestros pedidos de informes”, advirtió el abogado que participó en el trabajo de campo desarrollado en los barrios Centenario y Conventillo Los Andes de Mar del Plata, donde la Policía controla prácticamente salidas y entradas.

En Mar del Plata, la Policía aplica “con discrecionalidad el pedido de identificación” entre los jóvenes. “En las zonas ‘civilizadas’ sirve para expulsar a quienes son ‘mala propaganda’ para la Mar del Plata ‘feliz’”, sostuvo Tapia.

“En la otra Mar del Plata, la de los barrios periféricos […] están en aumento los casos de hostigamiento mediante la criminalización” de determinados sectores poblacionales que pasan a ser “propiedad policial”, advirtió su compañero Gabriel Bombini, que mencionó a los grupos poblacionales más vulnerables y a la comunidad LGTB.

En nombre del CIAJ, Sofía Caravelos aseguró que el cambio de color político en el Gobierno en el medio de la investigación significó “una variación en las políticas públicas”. “Se está produciendo un absoluto cambio de paradigma” en la función del Estado. “Se está habilitando el poder punitivo para criminalizar la protesta”, advirtió la letrada, antes de asegurar que las recomendaciones planteadas en esta investigación llegan “en un contexto difícil”.

Caravelos precisó que “la mayor parte de los casos de muerte de jóvenes se producen cuando los agentes están de franco”, y las víctimas son en su mayoría menores de dieciocho años. Consideró que el hecho de que puedan portar armas fuera de su horario de servicio “responde a la existencia de un Estado policial”.

Y entre las numerosas irregularidades que confirmó la investigación respecto del accionar policial y judicial, Caravelos mencionó que los agentes involucrados no son apartados de la fuerza durante la investigación, que el fiscal no va al lugar del hecho y delega su tarea en la Policía, y que no son cuestionadas las actas de procedimiento en los casos de gatillo fácil.

Recomendaciones al poder político: control territorial y control de armas de la Policía y respaldo legal a las víctimas

Entre las recomendaciones, el informe considera que el Gobierno provincial debe elaborar un mecanismo de “control, sanción e investigación y desarrollar alguna forma de control territorial de las fuerzas de seguridad en esta situación de despliegue masivo”, precisó Tufró. “Para la autoridad política, la relación entre los jóvenes y la Policía no es un problema. Las únicas excepciones son algunas políticas municipales”, agregó.

Bombino apuntó directamente al “déficit de control desde el Poder Judicial”. “Hay una zona en la que el Poder Judicial podría ver pero no ve, y hay otra que no quiere ver”, sostuvo, y se refirió a la “ausencia de sistematización de datos para tener un control sobre el número de casos”.

Los participantes subrayaron justamente que la creación de las Fiscalías Especializadas en Violencia Institucional, en el marco de la Ley 14.687 que impulsó la senadora kirchnerista Mónica Macha, y que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial bonaerenses todavía no reglamentaron, “permitirían un mayor monitoreo para que el Poder Judicial VEA”.

Ángela Oyhandy agregó a lo anterior la “falta de producción de datos”, pues “es muy difícil controlar lo que no se conoce”. “La mayor cantidad de cosas que hace la Policía no se conoce y por lo tanto no hay forma de control”, advirtió.

En la misma línea que los otros investigadores, Oyhandy criticó el hecho de que “la única solución para los problemas de seguridad sea aumentar la cantidad de policías. Desde el Estado, la única manera que tiene para hacerse cargo del problema de las violencias es a través de la idea de seguridad”.

Caravelos también subrayó que prácticamente “no hay organismos con información precisa y concreta sobre muertes en manos de las fuerzas de seguridad”, y reclamó la creación de “un registro integral y único de violencia policial”. Además reclamó la “regulación de las fuerzas de seguridad y el uso y porte de armas”.

La abogada hizo hincapié en que los policías involucrados en casos de gatillo fácil o violencia institucional cuentan con un abogado de oficio, pero además “el Ministerio de Seguridad les financia un defensor”, respaldo que el “Estado no brinda a las víctimas. Hay áreas de asistencia, pero no las representan penalmente”.

“Esto supone una enorme desigualdad en las causas por violencia institucional”, sostuvo, antes de advertir, en la misma línea, que es absurdo que la Auditoría de Asuntos Internos de la Policía dependa del Ministerio de Seguridad, que no lleva adelante ninguna investigación por violencia institucional pues “enseguida empiezan a hablar de legítima defensa sin pericias ni pruebas” que lo demuestren.

“Es fundamental trabajar a nivel legislativo en el control sobre las armas de fuego”, reclamó Caravelos, antes de recordar que ni bien Vidal asumió el Gobierno provincial le pidieron una audiencia. Vidal no los recibió, pero uno de sus primeros proyectos a la Legislatura fue en cambio la Declaración de Emergencia en Seguridad.

“En la provincia hay serias falencias en el control de armas, en particular las que están bajo control estatal”, sostuvo. “Por eso pedimos una auditoría de armas, depósitos seguros y una revisión normativa de las armas en poder del Servicio Penitenciario Bonaerense” (SPB), enfatizó la abogada, que también apoyó la creación de las Fiscalías Especializadas.

“La violencia policial no sólo es un asunto de la Policía y la Justicia, sino de todos los actores públicos que tienen que ver con la gestión de la violencia. En la provincia de Buenos Aires se hace bastante poco” al respecto, afirmó Oyhandy, que apeló a “pensar el abordaje de las violencias por fuera de aumentar cada vez más la cantidad de efectivos policiales”.

En ese sentido planteó la necesidad de apuntar hacia una “especialización de la Policía, la profesionalización no en el sentido de tecnificación, sino de pensar claramente cuáles son las tareas que le corresponden y cuáles no, y cuáles son las instituciones que deben hacerse cargo de gestionar las violencias de género, hacia las juventudes y hacia las distintas minorías”, concluyó.