“El Comité contra la Tortura de la ONU hizo un llamado de atención frente ‘al alarmante número de casos de feminicidios y violencia de género registrados, así como el incremento de los casos de violencia física sobre mujeres detenidas’”, anunció el viernes el OVG en un comunicado difundido en la capital bonaerense, semanas después de que su responsable, Laurana Malacalza, presentara un vasto informe al respecto ante esa instancia en Ginebra.

En sus recomendaciones al Estado argentino, que en la práctica deben propiciar Mauricio Macri y María Eugenia Vidal como responsables del Estado nacional y provincial, el mismo Comité pidió “investigar en profundidad todas las denuncias, enjuiciar a los autores con penas apropiadas y garantizar a las víctimas políticas reparatorias integrales”, indicó el OVG en un comunicado.

“La preocupación por el aumento exponencial de los feminicidios y hechos de violencia contra las mujeres, fueron las líneas centrales de la advertencia que le hizo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Estado argentino, luego de basarse en un trabajo presentado por la Defensoría del Pueblo bonaerense”, afirmó el OVG.

Esa instancia de la ONU, que a fines de abril evaluó por primera vez a la Argentina desde 2004, manifestó su “preocupación” frente al proyecto de reforma de la Ley 24.660 de Ejecución Penal que “limita el acceso a salidas anticipadas a un número amplio de condenados y condenadas”.

El mismo Comité también subrayó “el alto número de personas encarceladas bajo un régimen de prisión preventiva, que en el caso de las mujeres en la provincia de Buenos Aires supera el 64% y de las mujeres trans el 80%”, indicó el OVG en su comunicado.

“Estamos muy contentos porque centralmente lo que hace el Comité contra la Tortura es enmarcar la violencia contra las mujeres en la categoría de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, y “esto genera un impacto muy interesante en términos de exigencia de políticas públicas al Estado argentino y a los Estados provinciales”, afirmó Malacalza a Contexto, interrogada sobre el reconocimiento internacional que supone el hecho de que el Comité contra la Tortura de la ONU haya retomado buena parte de las denuncias planteadas por el OVG.

“Es muy importante que el Comité haya incorporado la categoría de feminicidios, que surgió en México, pues forman parte de un conteto de violencia de género que se vive en un país y que genera responsabilidad de un Estado a nivel internacional y a nivel interno en cuanto a políticas públicas integrales”, afirmó Malacalza.

Si bien en Argentina el término más utilizado es “femicidio”, la palabra “feminicidio” es la que se ha utilizado en México, donde tienen registro de datos de asesinatos de mujeres desde 1985, principalmente en el norte de ese país, en los Estados fronterizos con Estados Unidos.

El Comité contra la Tortura recomendó igualmente al Estado argentino que emita “instrucciones claras a las fuerzas de seguridad” y que adopte “políticas y programas específicos de integración y protección de personas en detención sobre la base de su orientación sexual e identidad de género, a nivel federal y provincial”. En ese sentido, le pidió al Gobierno el “pleno respeto de la Ley 26.743 de identidad de género”.

La responsable también destacó que “el Comité haya incorporado como categoría dentro de los grupos vulnerables al colectivo trans y travesti” y que haya considerado “toda la temática de violencia policial y de condiciones de detención inhumanas y degradantes” que sufre ese colectivo, destacó Malacalza.

En efecto, el Comité “puso especial énfasis en las requisas vejatorias de personas transgénero y travestis en la vía pública y en los puestos policiales, así como las detenciones en condiciones humillantes, particularmente en la provincia de Buenos Aires”.

Respecto de la salud de las mujeres encarceladas, el Comité señaló que “el Estado argentino debe garantizar que los servicios médicos penitenciarios estén vinculados al Ministerio de Salud a nivel nacional y provincial y no al Ministerio de Justicia, como sucede actualmente”.

También se pronunció sobre el “impacto” que ha tenido en el “aumento de la población femenina encarcelada” la aplicación de la Ley de Estupefacientes, como le planteó y como ha denunciado en reiteradas ocasiones el OVG.

Malacalza confió en que sobre ese punto la mirada del Comité permita “alguna modificación en la legislación vigente “en cuanto a las penas tan altas por venta y tenencia de estupefacientes en pocas cantidades” que afectan en gran medida a mujeres privadas de libertad.

El Comité contra la Tortura también “rechazó la discriminación y malos tratos que reciben las personas migrantes de otros países latinoamericanos por parte de las fuerzas de seguridad” en nuestro país.

Argentina adhirió a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos, Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que en su artículo 2, inciso 1, precisa: “Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción”.