“Si Vidal realmente considera que el fallo de la Corte está mal, tendría que haber salido muchísimo antes, en cuanto se conoció, porque es la responsable del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La gobernadora se tomó mucho tiempo para dar una opinión”, afirmó a la prensa la senadora Mónica Macha poco antes de presentar un debate en el marco del Día Nacional contra la Violencia Institucional.

La decisión de la Corte Suprema, máxima instancia judicial de la nación, “genera una situación de mucho temor, de resquebrajamiento de quienes han dado su testimonio, pues los deja en una situación de muchísima vulnerabilidad”, sostuvo la legisladora de Nuevo Encuentro, como parte del Frente para la Victoria (FpV), y enfatizó que “el 2×1 es una aberración a la democracia”.

“Hay un contexto político muy complejo” que rodea al “discurso del macrismo en sus distintas versiones, el macrismo duro y crudo a nivel nacional y el macrismo aggiornado y con cara de ‘buena gente’ que pueda tener María Eugenia Vidal”, opinó Macha, para quien sin ninguna duda “lo claro es que la política y la ideología son la misma, de ajuste, de control social y de disciplinamiento, y eso significa un ‘dejar hacer’ a las fuerzas de seguridad, que hoy son muchas más en cantidad, aunque se llamen de forma diferente”.

En ese marco se inscribe su reclamo por la reglamentación y aplicación de la Ley 14.687 sobre la creación de las Fiscalías Especializadas en Violencia Institucional, promulgada en 2015 por el entonces gobernador Daniel Scioli. Todo indica que a Vidal no le interesa esta ley porque como titular del Poder Ejecutivo no le asignó presupuesto al Poder Judicial.

Vale precisar además que el actual jefe de los fiscales de la provincia, Julio Conte Grand, fue hasta diciembre pasado secretario de Legal y Técnica de la Gobernación, uno de los más cercanos asesores de Vidal.

En cambio, y en línea con la política de seguridad que lleva adelante el macrismo, las fuerzas de seguridad aumentaron en número de forma exponencial. “Hay muchos más efectivos en todos los territorios con una proximidad que tiene que ver con el control y el disciplinamiento. Por eso tenemos una situación mucho más compleja y crítica. Ese fallo tiene un contexto político que lo habilita”, explicó Macha.

Al referirse al aumento de los casos de violencia institucional que se focaliza en su mayoría en varones jóvenes y pobres, la legisladora subrayó que “el principal responsable de esta situación es el Estado, que tiene que controlar a sus fuerzas de seguridad. No podemos admitir prácticas que vienen de la dictadura, que entonces eran masivas, y hoy están concentradas en determinados sectores de la sociedad”.

En la provincia de Buenos Aires, el 30% de la población juvenil fue detenida alguna vez y existe un sesgo de clase, pues la mayor parte es de sectores populares, cuyo porcentaje trepa al 70%, adelantó Angela Oyhandy, del Observatorio de Políticas de Seguridad de la UNLP.

-¿El hecho de que genocidas de la dictadura recuperen la libertad gracias al fallo de la Corte Suprema puede envalentonar a efectivos de las fuerzas de seguridad para sentirse más “libres” de actuar?

-Creo que ya venían sintiéndose más libres, porque el discurso del Gobierno está basado en el disciplinamiento y el control social –sostuvo Macha, para quien “el 2×1 significa mucha más impunidad. Esa es la grieta. La impunidad”.

La senadora aseguro que “esto no hubiese pasado con el kirchnerismo, que venía con una lógica y lo demostró al llevar adelante los juicios y al invertir en la política de Memoria, Verdad y Justicia, y para seguir buscando a los jóvenes que no conocen su identidad. Aquí sí el macrismo cumplió. Cambiando esta política”, afirmó Macha antes de convocar a la ciudadanía a la marcha contra el fallo de la Corte que se realizará este miércoles a las 18 horas en Plaza de Mayo bajo el lema “Señores jueces: Nunca Más. Ningún genocida suelto. 30 mil detenidos desaparecidos presentes”.