Mucho se habló después del triunfo de Donald Trump sobre el uso político que hizo su campaña de la información volcada por los millones de estadounidenses en sus cuentas de redes sociales. Con los principales medios de comunicación en contra, el actual presidente se lanzó a decirle a grupos específicos de población aquello que querían escuchar.

El trabajo de los sofisticados algoritmos –esas fórmulas lógicas que direccionan qué hacer con cierta información para establecer correlaciones– permite leer las inmensas cantidades de datos (Big Data) que millones de personas producen a diario en las redes. Así lo hacen las corporaciones que manejan las principales redes sociales y plataformas de servicios de videos para puntualizar sus mensajes sabiendo en tiempo real qué buscan sus usuarios segmentados por sus intereses.

¿Qué límites o cuidados habría que tener frente a la generosidad con la que se brindan esas informaciones? El uso que hacen empresas como Facebook, Netflix, Twitter o Google con los datos a partir del proceso de sus algoritmos, ¿afectan la intimidad y la libertad de expresión?

Esas preguntas abordaron el docente y abogado especializado en derecho a la comunicación Manuel Larrondo (UNLP) y el docente y periodista Esteban Magnani (UBA), autor de Tensión en la Red. Fue ayer por la tarde en el Colegio de Abogados de La Plata.

Magnani advirtió sobre el poder de los datos y la entrega acrítica a la tecnología de la información, más aun cuando no hay políticas de Estado ni legislaciones que desarrollen soberanía y concientización en la materia ante el gigantesco poder de las empresas trasnacionales que administran nuestra información. “De alguna manera funciona como un ‘modelo neocolonial’: las aplicaciones se llevan los datos para devolvernos los servicios”.

Plataformas de videos como Youtube y servicios como Netflix saben nuestras preferencias y predeterminan nuestras búsquedas. “Como otras previamente, estas empresas se dieron cuenta del valioso negocio de los datos. Empiezan a saber qué le gusta a la gente, qué miran, en qué horario, si se levantan para ir al baño, cuántos capítulos vieron seguidos y qué series generan adicción. Y desde ahí, sabiendo eso, Netflix se lanzó a producir sus propias series. Es decir que un recién llegado le está disputando a los grandes titanes, como la Universal y MGM, la producción de películas y series”.

En tiempos en que el principal modo de acceder a la información de los medios de comunicación es a través de las redes, Magnani señaló que “el 40% de la población se informa sobre todo por las redes sociales con información filtrada previamente por un algoritmo”, con la consecuente “segmentación comercial y control social” que eso produce. “El poder de los algoritmos, que funcionan por ensayo y error y mejoran cada vez más, dan la posibilidad de decirle a cada persona aquello que quiere escuchar”.

Manuel Larrondo citó el estudio de Michal Kosinski, investigador del Centro de Psicometría de la Universidad de Cambridge, donde sostiene que sobre la base de 68 “Me Gusta” de Facebook por parte de un usuario se puede determinar su color de piel (95%), orientación sexual (88%) y afiliación a un partido político (85%), entre otros datos.

“Ninguna máquina nos puede impedir pensar, pero un algoritmo lo que sí hace es condicionar o direccionar hacia ciertos elementos que limitan el pensamiento”, apuntó Larrondo.

“Por ejemplo, con Netflix está en juego el derecho al libre pensamiento y el derecho a la intimidad, en tanto pensar sin sentir que sos monitoreado y evaluado por tus preferencias”.

La necesidad de “alfabetización digital”, la “transparencia” que habría que exigir a las empresas y la “auditabilidad” fueron las principales herramientas a tener en cuenta por los usuarios, según el abogado.

“Hacen falta campañas públicas para instalar y discutir el tema. Nadie cuestiona la tecnología porque no hay un clima social que genere las condiciones y posibilidades”, evaluó Magnani. Resaltó la importancia del desarrollo de soberanía tecnológica como política pública y citó los casos del software libre nacional (llamado Huayra GNU/Linux), distribuido con las netbooks del programa Conectar Igualdad, y la construcción y puesta en órbita de satélites nacionales como los Arsat. Ambas políticas fueron desmanteladas por el Gobierno de Mauricio Macri.