Del jueves a hoy, las páginas del diario La Nación se han convertido en una síntesis insuperable del nuevo escenario que ha abierto la Corte Suprema con su fallo del 2×1 para los genocidas de la última dictadura cívico-militar. Hablar de cambio de “clima” de época sería liviano: lo que puede leerse es cómo ciertos sectores celebran este retroceso en materia de derechos humanos, Memoria, Verdad y Justicia.

De toda la zaga, la página más paradigmática tuvo lugar el día después de la decisión del máximo tribunal del país. Con cuatro notas, no quedaba ningún aspecto fuera por tratar. Los títulos eran: “Más de 750 presos miran el fallo con expectativa”, “Una sentencia que reafirma la vigencia del Estado de Derecho”, “Un paso hacia el apreciado principio de igualdad ante la ley” y “La Iglesia recibió testimonio sobre los 70”.

En el artículo “Más de 750 presos…”, queda bien en claro lo que significa la postura de los dos jueces propuestos por el macrismo, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, y de Elena Highton de Nolasco, quien había negociado horas antes su continuidad con la Casa Rosada:

“Más allá de todo tecnicismo procesal, el impacto principal es político, porque el fallo de la Corte muestra una apertura que podría cambiar la tendencia que predominó en la Justicia durante los doce años del gobierno kirchnerista”, declaró a La Nación una fuente cercana a las entidades que acompañan el reclamo de los militares detenidos.

Lo que es interesante es que desde esas “entidades” se admite que, si “el impacto principal es político”, entonces se trata de un fallo principalmente político. No sería entonces una cuestión jurídica, sino una consecuencia de una correlación de fuerzas que, aunque oculta, puede conjeturarse.

Dos abogados independientes 

En tanto, “Una sentencia que reafirma…” es una columna de análisis del abogado constitucionalista Alejandro Carrió, autor en el mismo periódico de otros títulos tan “obejtivos” como este: “Con el privilegio de los fueros” (sobre Julio de Vido), “Militancia sin control”, “Sin límites en las protestas callejeras”, “La infructuosa tarea de denostar al juez Griesa” y “Rehenes de la baja política” (sobre Fútbol Para Todos).

Carrió, primo de Lilita, la diputada nacional de Cambiemos, ejerció la defensa del Grupo Clarín, de los hijos de Ernestina Herrera de Noble y del empresario y ex político Francisco De Narváez. En junio de 2015 saltó a la ¿fama? cuando llamó a desobediencia civil contra Cristina Kirchner. El letrado consideraba que “había una situación límite en la lucha por el Estado de Derecho”.

Ahora, para Carrió, hay “vigencia” de ese tan ansiado “Estado de Derecho” porque “hay en los votos de los jueces que hicieron mayoría algunas notas saludables para hacer realidad el principio de que el nuestro es un sistema de sujeción a normas”. Tampoco se privó de llamar a los genocidas como “personas condenadas por delitos ‘llamados’ de lesa humanidad”.

Por otro lado, en “Un paso hacia el apreciado…” la orientación está clara desde inicio: está firmada por Ricardo Saint Jean, abogado penalista y miembro de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia. Esta entidad, básicamente, defiende a ex militares y civiles que tuvieron actuación entere 1976 y 1983.

Para Saint Jean, “el pronunciamiento de la mayoría del alto tribunal, con cita de innegables precedentes jurisprudenciales, doctrinarios, legales, constitucionales y convencionales, termina con una discriminación aberrante”. Queda preguntarse qué adjetivo usará para calificar los delitos de sus clientes si le parecía “aberrante” la doctrina que se venía aplicando.

Ricardo es hijo de Ibérico Saint Jean, quien fue gobernador bonaerense de facto y murió a los noventa años, en 2012, en el medio de un procesamiento y detención por privación ilegal de la libertad y tormentos en 61 casos. En el sitio de la organización a la que pertenece justiciayconcordia.org hay disponible un “Modelo de Escrito de Petición de Detención Domiciliaria”. Un hágalo usted mismo para represores.

Ricardo es además sobrino de Alfredo, el fallecido militar que llegó a ocupar la presidencia tras la renuncia de Leopoldo Galtieri. Como Ibérico, también dejó este mundo antes de ser juzgado por sus atrocidades. En su caso, fue favorecido por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Se salvó de pagar en la cárcel por 33 delitos –desapariciones, muertes y torturas– en el centro y oeste de la provincia de Buenos Aires.

La Iglesia y sus olvidos

Para cerrar el conjunto, la empresa de la familia Mitre publicó “La Iglesia recibió testimonio sobre los 70”. Otra cara de la misma moneda, en este caso. En la pieza periodística se daba cuenta de que el “diálogo” que promueven los obispos estaría un tanto viciado de parcialidad. Primero, porque los sacerdotes se promueven como intermediarios cuando, en realidad, a nivel institucional, fueron parte; y segundo, porque los convocados fueron Graciela Fernández Meijide –puso en duda la cifra de los 30 mil– y la abogada María Cristina Cacabelos. Sus hermanos actuaron en los Montoneros: uno murió en un tiroteo y otros dos desaparecieron. Hoy promueve la concordia y visita a los militares detenidos en las cárceles. También dio su testimonio el general retirado Gabriel D’Amico, cuyo padre fue asesinado por organizaciones guerrilleras en 1976.

En definitiva, el pronunciamiento de la Corte mereció una amplia cobertura de La Nación, un matutino tradicionalmente negacionista de lo sucedido a partir del último Golpe; fue festejado por abogados que tienen una dudosa trayectoria como defensores de la democracia; y se dio en paralelo a la totalmente cuestionada convocatoria del Episcopado. En fin. Si tiene cuatro patas, ladra y mueve la cola… es perro.