Organismos de derechos humanos, organizaciones gremiales, defensores de víctimas del terrorismo de Estado y otras entidades repudiaron desde La Plata el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que permitirá aplicar la Ley 24.390, conocida como 2×1. “El fallo de la Corte es parte de un plan de impunidad que llevan adelante el Gobierno, los genocidas y sus cómplices, y que arrancó con la asunción de Macri, las declaraciones negacionistas de sus funcionarios y el recibimiento de (el secretario de Derechos Humanos de la Nación) Claudio Avruj a organizaciones que reivindican el terrorismo de Estado”, opinó la abogada Guadalupe Godoy, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

La deslegitimación del movimiento de derechos humanos con la afirmación de que la cifra de desaparecidos fue un “arreglo”, o el intento de hacer móvil el feriado del 24 de marzo, fueron también acciones en esa misma dirección.

“Este fallo implica una amnistía encubierta”, enfatizó la letrada que representó a organismos de derechos humanos y a querellantes particulares en juicios por delitos de lesa humanidad y genocidio durante la dictadura cívico-militar-eclesiástica.

La Federación Judicial Argentina (FJA) expresó en un comunicado “su profundo repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que aplica el llamado beneficio del 2×1 al represor Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad, dejando expedita la vía para idéntico beneficio a otros genocidas”.

La decisión fue adoptada el miércoles por mayoría de la Corte, con los tres votos imprescindibles que requiere y que le otorgaron los magistrados Helena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, estos dos últimos propuestos por Mauricio Macri y respaldados por los senadores.

La sentencia fue dictada en relación con Luis Muiña, integrante de un comando paramilitar dirigido por el brigadier Reynaldo Bignone, que la madrugada del 28 de marzo de 1976 ingresó en el Hospital Posadas y detuvo a personal que luego fue llevado al centro de detención y tortura clandestino “El Chalet”.

Muiña fue condenado recién en 2011 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal a la pena de trece años de prisión. Con su decisión, la Corte Suprema le conmutó la pena y sentó un precedente trágico y abominable para millones de argentinos.

La decisión, que declara aplicable la Ley 24.390, que se inclina por la ley más beninga, estuvo vigente entre 1994 y 2001, pero hasta ahora estaba derogada. En disidencia votaron los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, quienes señalan que esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.

Diversas organizaciones indicaron que aquí no cabe aplicar el criterio de la “ley penal más beninga”, pues no se trata de delitos comunes, sino de crímenes de lesa humanidad y de genocidio.

En diálogo con Contexto, el secretario general de la FJA, Hugo Blasco sostuvo que el fallo de la Corte Suprema es resultado de varios elementos “convergentes”, empezando por los “lazos muy importante del clan Macri con la dictadura, a tal punto que el patrimonio empresario de los Macri creció exponencialmente” entre 1976 y 1983.

Blasco también subrayó el desmantelamiento de las áreas de investigación y de apoyo a los juicios de lesa humanidad que viene llevando a cabo el Gobierno.

En ese sentido, Godoy explicó que “los juicios continuarán, pero con ellos en su casa”, y admitió que “sería iluso pensar que los juicios van a continuar como hasta ahora”, tras el impulso que desde 2003 dio en esta materia el entonces presidente Néstor Kirchner.

“En definitiva, la Corte avala la estrategia que los genocidas propusieron y que el Gobierno aceptó”, sostuvo la abogada.

Según Blasco, aunque públicamente el actual ministro de Justicia, Germán Garavano, trató de despegarse del fallo de la Corte, sabe perfectamente hacia dónde apunta todo, y recordó que el titular de Justicia fue vicepresidente de la organización FORES, creada en 1977 para asesorar jurídicamente a la dictadura.

“La idea es tratar de implantar como discurso hegemónico ‘la teoría de los dos demonios’”, resumió Blasco. Esta política “intenta eliminar toda referencia o valoración positiva de la lucha que en su momento llevaron adelante tantísimas compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos y hacer creer que se trató de una ‘guerra sucia’ y que es hora de terminar con eso”, lamentó.

El dirigente apuntó al papel de la Iglesia católica y a la participación activa de muchos de sus miembros en la represión. “La Iglesia debería dar explicaciones a la sociedad toda y al pueblo argentino sobre el lamentable rol que tuvo como cómplice y actor durante toda la dictadura”, sostuvo el dirigente judicial, que es además secretario de Derechos Humanos de la CTA.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata (APDH) expresó también su repudió al fallo y subrayó que la ley del 2×1 “no es de aplicación en casos como el de la desaparición forzada de personas, pues el delito se continúa cometiendo”.

Tras calificar de “gravísima” la decisión de la Corte, la APDH platense afirmó que con una decisión como la adoptada “se tornan ilusorias las condenas dictadas y que se dicten en el futuro y se echa en saco roto el denodado esfuerzo que desde hace décadas venimos realizando los organismos de derechos humanos para obtener justicia en el marco de las instituciones”.

La decisión de la Corte podría beneficiar a unos 750 represores una vez cumplidos los dos tercios de la pena impuesta, principalmente aquellos que recibieron penas inferiores a los veinticinco años de cárcel. Según diversos medios, 120 están todavía en prisión preventiva.

“La mayoría de los juicios no tiene sentencia firme”, y ello debido principalmente “a la morosidad de la Corte y de la Cámara de Casación en resolver las causas”, aseguró Godoy al explicar el profundo retroceso que significa el fallo de la Corte.

Por los crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos durante la dictadura cívico-militar-eclesiástica, los procesados no llegan a dos mil. Mucho menos fueron los condenados. Entre tanto, en el último año y medio, la Justicia benefició a más de cincuenta represores con la prisión domiciliaria.

Mientras la APDH local reinvindicó las banderas que levanta desde hace décadas, “Verdad y justicia” y “Juicio y Castigo a los Culpables”, la Multisectorial por los Derechos Humanos de La Plata, Berisso y Ensenada convocó para el lunes próximo a una concentración y radio abierta en 7 y 50 contra la “arremetida del Estado y la Iglesia con el intento de liberar a genocidas”.