La Memoria, la Verdad y la Justicia no paran de sufrir golpe tras golpe con un Gobierno y un Poder Judicial dispuestos a llevarse todo por delante en aras de dejar a los genocidas en libertad. Desde que asumieron en la Casa Rosada para retomar la senda neoliberal del terrorismo de Estado y el menemismo, Mauricio Macri y sus huestes PROdictadura se dedicaron a crear sentido en contra de los derechos humanos, los 30.000 desaparecidos y los juicios de lesa humanidad, mientras decenas de represores salían de las cárceles bajo el beneficio de la prisión domiciliaria.

Miguel Etchecolatz y otros genocidas condenados a perpetua están muy cerca de irse a sus casas gracias al precedente que fijó la Corte Suprema con el caso de Felipe Alespeiti, sentenciado a veintidós años de prisión por crímenes cometidos en la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército y a doce años en la causa Plan Cóndor.

Entre sus víctimas figuran el escritor Haroldo Conti y Marcelo Gelman, hijo del poeta Juan Gelman, así como los parlamentarios uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. El mes pasado, con los votos de los cortesanos designados por Macri, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, más el de Juan Carlos Maqueda, el máximo tribunal le restituyó la domiciliaria.

Pero ahora la Corte fue incluso más allá al sentar las bases para una marea de indultos encubiertos. En un fallo dictado ayer por mayoría, decidió otorgar el cómputo de pena del 2×1 al represor Luis Muiña, condenado en 2011 a trece años de prisión por delitos de lesa humanidad perpetrados en el centro clandestino de detención que funcionaba dentro del Hospital Posadas.

Con una interpretación forzada del artículo 2° del Código Penal, para aplicar el principio de la ley más benigna, Rosatti y Rosenkrantz hicieron lugar al pedido de la defensa de Muiña, esta vez con Elena Highton de Nolasco, y reflotaron una norma derogada en 2001.

Según esa ley, la 24.390, luego de transcurridos los dos primeros años de prisión preventiva se computan dos días por cada uno de encarcelamiento cautelar efectivamente cumplido. La polémica estriba, entre otras cosas, en que ese instrumento fue sancionado para descomprimir una serie de motines que se dieron a mediados de la década del noventa, jamás para beneficiar a criminales de la dictadura.

barcesat: “Se sabe que Rosatti y Rosenkrantz son empleados del Gobierno de turno, pero en el caso de Highton de Nolasco quebró la doctrina del acto propio con una fundamentación además penosa”.

El propio presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien votó en disidencia junto a Maqueda, recuerda en el fallo que “la ley 24.390 entró en vigencia más de una década después de finalizado el gobierno de facto en cuyo contexto fueron cometidos los hechos atribuidos en este proceso”; que Muiña estuvo detenido desde 2007, es decir, seis años más tarde de la derogación de la norma; y que correspondería aplicar “un día de prisión por cada día que el condenado haya pasado en prisión preventiva”.

Consultado por Contexto, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat explicó que los crímenes de lesa humanidad “son delitos de carácter continuado porque no han aparecido los cuerpos, no ha habido explicación ni terminación de la investigaciones con el grado de certeza que el derecho requiere sobre la posible muerte de las víctimas y, por lo tanto, la aplicación de un beneficio como el 2×1 es absolutamente inadmisible”.

“A esto agregaría que, de acuerdo a los tratados internacionales que la Argentina ha ratificado, otorgándoles jerarquía constitucional, ya sea que se hable de genocidio o de crimen lesa humanidad, no corresponden beneficios como la amnistía, el indulto o la conmutación de pena”, subrayó el letrado.

Barcesat también cuestionó “el giro de 180 grados” de la jueza Highton de Nolasco respecto de sentencias anteriores y lo atribuyó a una devolución de favores al Gobierno de Cambiemos, que le garantizó su permanencia “a perpetuidad” en la Corte, a pesar de haber pasado el “límite de 75 años de edad que establece nuestra Constitución para el ejercicio de la función judicial”.

“Se sabe que Rosatti y Rosenkrantz son empleados del Gobierno de turno, pero en el caso de Highton de Nolasco quebró la doctrina del acto propio con una fundamentación además penosa. Estos jueces invisten su fallo en visos de humanismo penal cuando, en realidad, tiraron por la borda la jurisprudencia que jerarquizó mundialmente a la Argentina en materia de derechos humanos”, sostuvo, y añadió: “Todo esto es un cuadro de deterioro muy profundo y preocupante, parejo al del derrumbe institucional y económico que sufre el país”.

Repudio generalizado

Los organismos de derechos humanos salieron rápidamente a condenar la decisión de la Corte Suprema. En una conferencia de prensa encabezada ayer por Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, y Taty Almeida, de Madres-Línea Fundadora, advirtieron que se “abre la puerta a la impunidad de los genocidas”.

hebe de bonafini: “El tema del 2×1 a los asesinos no es nada más ni nada menos que un indulto encubierto por este Gobierno, al que ya se le fue la mano del todo. Se perdonan ellos mismos, por eso hacen esto”.

“El beneficio de este fallo alcanzaría a centenares de represores que estuvieron detenidos con prisión preventiva y ahora pueden obtener drásticas reducciones en sus penas, e incluso solicitar la libertad por haber cumplido dos tercios de sus condenas”, dijo Carlotto, y también alertó sobre “un panorama incierto” en las causas contra los apropiadores de menores durante la dictadura cívico-militar.

Por su parte, el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, denunció que la decisión del máximo tribunal responde a “una ofensiva llevada adelante con notable hipocresía”, en el marco de “un operativo claramente coordinado” con los cómplices eclesiásticos que un día antes llamaron a la “reconciliación” entre víctimas y victimarios del terrorismo de Estado.

“El tema del 2×1 a los asesinos no es nada más ni nada menos que un indulto encubierto por este Gobierno, al que ya se le fue la mano del todo. Se perdonan ellos mismos, por eso hacen esto”, enfatizó la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, antes de arribar a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, donde ayer dictó una clase pública titulada “Los revolucionarios en el corazón del pueblo”.

La unidad académica conducida por Florencia Saintout también expresó su repudio y “profunda preocupación” por “el peligroso precedente que sienta la Corte”, al avalar “la impunidad de los represores que tanto daño han causado al pueblo argentino”.

Desde la Legislatura bonaerense, el bloque de senadores del Frente para la Victoria (FpV-PJ) señaló que la reducción de penas a los genocidas constituye un “claro retroceso” y “un mensaje desalentador para la sociedad”.

En el mismo sentido se pronunció el Instituto PATRIA. “Esta miserable decisión retrotrae a la Argentina 20 años”, sostuvo en un comunicado, y remarcó que el fallo de la Corte muestra “la verdadera cara” del Gobierno de Macri.