Bajo la consigna “nuestro trabajo son tus derechos”, un sector de los trabajadores municipales de La Plata, a raíz de la situación crítica que hay en el área de Derechos Humanos y, principalmente, en la de Género, convocaron ayer a una charla en las puerta de la Municipalidad para denunciar y visibilizar la situación laboral en la que se encuentran.

Los empleados comunales denunciaron a la gestión del intendente Julio Garro, del secretario general municipal Javier Mor Roig y de sus funcionarios “por amenazas, persecución y el vaciamiento de políticas públicas, con salarios cada vez más reducidos y un ajuste que precariza nuestra vida”.

Hoy muchos trabajadores municipales renuevan contratos cada tres meses, viéndose entonces ante la constante amenaza de engrosar la lista de los despidos encubiertos del Estado al dar de baja los contratos.

Por otra parte, exigen la apertura de paritarias con un piso de 38%. “El salario vale cada vez menos. La inflación se ha ido por las nubes y lo que cobramos los trabajadores municipales es un promedio de seis mil pesos; se siente mucho”, explicó a Contexto Erica Piccione, delegada de la Junta Interna de ATE en la Dirección de Políticas de Género (DPG).

En esta Dirección, a días de declararse en el Concejo Deliberante la Emergencia en Género y del anuncio de la apertura de un Hogar de Protección Integral, denuncian “un vaciamiento”.

Las trabajadoras explican que no hay una continuidad en los equipos de intervención y dispositivos acordes y que se centraliza la atención en el casco urbano, por lo que una mujer que hoy es víctima de violencia de género en cualquier barrio platense tiene que trasladarse a 7 y 50, donde se encuentra la DPG, para recibir ayuda del Estado.

Desde ATE comentaron que las mujeres reciben un subsidio desde alrededor de doscientos pesos por mes, lo que resulta insuficiente, y que necesitan políticas públicas más concretas ante la situación que viven.

“Hoy se piensa a las mujeres como una estadística para después decir cuántas pasan por la Dirección, cuando la realidad abruma muchísimo más”, sostuvo Piccione.

Por otra parte, en la Dirección de Políticas de Género (DPG) encabezada por Valeria Venturin, las trabajadoras se ven en una situación de persecución ante las dificultades para poder realizar asambleas y actividades y en los descuentos que reciben tras los paros, negando así también el derecho a huelga.

“Queremos denunciar la amenaza, la persecución política concreta que sufrimos las trabajadoras de la Dirección. Hoy, de un equipo de doce, quedamos cuatro”, explicó.

Cabe destacar que las trabajadoras están especializadas para tratar situaciones de violencia de género, por lo que saben cuáles son las mejores estrategias para cada caso. Sin embargo, no son escuchadas y son apartadas de la situación que están tratando, haciendo caso omiso a la importancia de la contención personalizada de las mujeres que van en busca de ayuda.

“No es un no estar de acuerdo caprichoso, está avalado por nuestra práctica”, comentó Piccione, que hace cuatro años que trabaja en esta área. Y explicó que en estas situaciones las autoridades de la DPG convocan individualmente a las trabajadoras para realizar advertencias.