“Esta es una causa que mantiene expectante a la comunidad universitaria y a toda la ciudad de La Plata. Bregamos para que finalmente avance, con el objetivo de esclarecer el hecho, determinar las responsabilidades políticas y poder encontrar paz con justicia”.

Así lo dijo a Contexto el abogado Adrián Rodríguez tras el apartamiento del fiscal Álvaro Garganta, quien debía investigar la muerte de la estudiante de periodismo Emilia Uscamayta Curi, ocurrida el 1° de enero de 2016 en una fiesta clandestina de Melchor Romero.

El letrado, que representa a la familia de la víctima, había recusado a Garganta por considerar que no garantizaba “la independencia en la investigación” y que se encontraba sumido en un conflicto de intereses que lo llevó a paralizar el caso.

Los primeros imputados que tuvo el expediente fueron los cuatro organizadores del evento, Carlos Bellone, Raúl “El Peque” García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure, único detenido aunque por otro hecho.

Desde entonces, la familia reclamó con insistencia el cambio de carátula de “homicidio culposo” a “homicidio simple con dolo eventual”, que prevé una pena mayor, pero Garganta siempre hizo oídos sordos.

Tampoco accedió a investigar las relaciones de los imputados con la gestión del intendente Julio Garro, ni el pago de un presunto soborno para llevar a cabo el evento ilegal en el que murió Emilia.

Al menos dos de ellos, García y Piedrabuena, tenían fuertes vínculos con el subsecretario de Gobierno, Juan Manuel Martínez Garmendia, a quien el delegado municipal de Melchor Romero, Adrián Zamudio, señaló como el funcionario que habría recibido una coima de “20.000 pesos”.

En septiembre del año pasado, sin poder desconocer las pruebas contundentes que surgieron en la causa, el fiscal decidió imputar al entonces secretario de Seguridad de Garro, Martín Piqué, quien había ordenado retirar al personal de la Policía Local que debía impedir la realización del evento en una quinta de 520 y 160.

Sin embargo, miró para otro cuando le acercaron pruebas en contra de otros funcionarios municipales igualmente comprometidos, como el titular de la fuerza comunal, Sebastián Martínez Pass, el subsecretario de Control Ciudadano, Roberto Di Grazia, y el ex director de Nocturnidad, Gerardo Gioglio.

Además, descartó imputar o llamar a declarar al ex oficial Ariel Peña, quien efectivizó la orden para que los agentes locales se retiraran de las inmediaciones de fiesta y actualmente está acusado de pedir coimas a comerciantes platenses a cambio de seguridad.

Garganta tuvo la misma inacción frente a los policías bonaerenses de la Comisaría de Melchor Romero, acusados por la familia de “liberar la zona” y dejar que se fueran todos los testigos, ya que tardaron más de dos horas en llegar al lugar tras la muerte de Emilia, pese a que la seccional está ubicada a pocas cuadras.

“Nos preguntamos por qué Garganta incurría en estas graves falencias y empezamos a recopilar información. Fue entonces que nos enteramos que no sólo es vecino de Garro en el country Grand Bell, sino que además tiene una relación de parentesco con el intendente. A esto se suma que su hermana está concursando para acceder a uno de los cargos que dejaron vacantes los antiguos jueces de Casación, Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués”, subrayó Rodríguez al enumerar las razones por las cuales al fiscal no le convenía confrontar con el poder político de turno.

En declaraciones al diario El Día, Garganta dijo haber rechazado la recusación en su contra porque “no hay razón justificada, ni motivos fundados para su progreso”, pero que de todos modos decidió correrse “para darle mayores garantías a la familia”.

“No le quedó otro camino, la causa Emilia era una caja de Pandora para él”, retrucó Rodríguez y añadió: “Es lógico que niegue todo. Si lo reconociera, también debería apartarse de causas sensibles que le sigue Garro, entre ellas una por enriquecimiento ilícito”.

Esperando al nuevo fiscal

Tras la salida de Garganta, el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, le pasó la posta al titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6, Marcelo Romero.

El nuevo fiscal contaba con el aval del juez de Garantías, Fernando Mateos, pero fue el propio Romero quien se excusó de intervenir en la causa por su relación de amistad con uno de los imputados. Según pudo saber Contexto, el amigo sería nada de menos que el ex secretario de Seguridad municipal, Daniel Piqué.

Rodríguez calificó la decisión de Romero como “honesta y sabia”, porque sin duda esa relación “hubiese afectado su criterio de objetividad para llevar adelante la investigación”, y estimó que entre hoy y mañana se designaría a otro fiscal.