El escándalo de corrupción más grande de América Latina, que involucra a Odebrecht en una gigantesca red de sobornos extendida por Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Panamá, México, Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana, Mozambique y Angola, llevó a muchos de esos países a rescindir todos los contratos que tenían vigentes con la constructora brasileña.

Sin embargo, en la Argentina de Mauricio Macri, Odebrecht no sólo consigue que le adjudiquen nuevas obras públicas, sino que además obtiene beneficios multimillonarios a través de operaciones “ruinosas” y “fraudulentas” en perjuicio del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, que pertenece a todos los jubilados.

Según explicó Rodolfo Tailhade, diputado nacional del Frente para la Victoria (FpV), el Gobierno de Cambiemos habría intentado “evitar” de esta manera que Marcelo Odebrecht, actualmente preso en Brasil, y los directivos que se declararon culpables de sobornos en el marco de la investigación del Lava Jato, “delaten negocios o corrupción en Argentina”.

Así lo dijo a Contexto tras denunciar al comité ejecutivo del FGS, integrado por el ministro de Finanzas Luis Caputo, el secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo, Pedro Lacoste, el secretario de Hacienda, Gustavo Marconato, y el titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso. La presentación penal, que recayó en manos del juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Jorge Di Lello, también abarca al ex director del Fondo, Luis María Blaquier.

La denuncia de Tailhade menciona el caso de los gasoductos troncales que Odebrecht construye en la provincia de Córdoba con respaldo del propio Macri.

Cuando el grupo brasileño ganó la licitación del 60% de la obra –el 40% restante quedó en manos de IECSA y Electroingeniería–, había presupuestado 2.200 millones de pesos con capacidad de financiamiento propio. Pero meses más tarde, a pedido de la propia constructora, el gobernador Juan Schiaretti modificó por decreto el pliego del contrato para que los cordobeses asumieran la financiación con un endeudamiento por 350 millones de dólares, de los cuales 260 millones irán a parar a Odebrecht.

En ese marco es donde entra el FGS de la ANSES. Su comité ejecutivo suscribió el 3 de octubre del año pasado un bono de deuda de Schiaretti por 150 millones de dólares, a una tasa fija de 7,125%, con vencimiento en 2026. Al mismo tiempo, aprobó la venta de los títulos emitidos por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), que integraban la cartera del FGS desde 2011, con una tasa anual en dólares del 12,5% a 2020.

“Se desprenden del bono EPEC sin ninguna justificación, perdiendo por diferencial de tasa unos 75 millones de dólares. Ese es el número del perjuicio para los jubilados que, al cambio actual, equivale a 1.200 millones de pesos”, explicó el legislador nacional, y agregó que en el acta de FGS se invita a participar a entidades financieras que habían manifestado interés en el activo: Citibank, JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Merrill Lynch, CreditSuisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley y HSBC.

“Este bono tan preciado en el mercado por su rendimiento es claramente un gran negocio para Goldman Sachs, donde Blaquier trabajó durante trece años, o el Deutsche Bank y el JP Morgan, vinculados a Caputo”, completó Tailhade al destacar el conflicto de intereses que se advierte en la operación.

Indupa

Los beneficios que obtuvo Odebrecht de la ANSES no se limitan a las maniobras con títulos públicos. El grupo brasileño logró en enero de este año que el FGS le vendiera sus acciones de la empresa química Solvay Indupa a un precio por debajo del valor del mercado, ocasionando otra pérdida millonaria para los jubilados.

“El precio promedio de la acción de Indupa desde que volvió a cotizar tras su última interrupción, el 18/7/2016, hasta que ANSES acepta vender a $3,42 es de $3,72. Como se ve, el precio de venta es $0,30 menor al promedio de cotización entre julio de 2016 y febrero de 2017, lo cual representa una pérdida de más de $20.000.000 para el FGS, dada su tenencia accionaria”, señaló Tailhade en su denuncia ante la Justicia.

Se trata de la segunda venta de activos del organismo previsional desde la sanción de la ley ómnibus que habilitó a descapitalizar el FGS sin la necesidad de contar con autorización del Congreso. La anterior había sido en favor de Pampa Energía, al otorgarle el 12% de los papeles de Petrobras Argentina por 156 millones de pesos.

Delitos y sospechas

Para el legislador del FpV, los funcionarios a cargo del FGS deben ser investigados por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación al Estado y malversación de caudales públicos, aunque también sugirió explorar otras figuras penales como tráfico de influencias, teniendo en cuenta que Odebrecht “ha hecho millonarios aportes a la campaña electoral” de Macri.

En esta trama, también hay que poner sobre la mesa las sospechas que pesan sobre el titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Gustavo Arribas, quien habría recibido coimas por parte de la constructora brasileña; y la conexión entre Sideco Americana S.A., empresa de la familia Macri, y el Meinl Bank, entidad austríaca cuya sede en Antigua y Barbuda fue utilizada por Odebrecht para pagar más de 1.600 millones de dólares en sobornos.

Además, en los últimos meses, legisladores cordobeses pidieron que se investigue a fondo al ex gobernador José Manuel De la Sota, cuya vinculación con Odebrecht data de la década de los noventa, cuando Carlos Menem lo envió como embajador a Brasil.