Detenidos rechazan con huelga la reforma de la Ley 24.660 que ya está en el Senado

Desde hace una semana, en varias cárceles de la provincia de Buenos Aires, en la cárcel de Devoto y en otros penales del país, personas privadas de su libertad cumplen una huelga de hambre para protestar contra la reforma de la Ley de Ejecución Penal 24.660 impulsada por la alianza Cambiemos. Ante una Comisión del Senado, varios expertos denunciaron que es “arbitraria” y “prácticamente una condena a muerte”. Los medios invisibilizaron el hecho.

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Por Gabriela Calotti

Internos de la Unidad Nº 1 de Lisando Olmos, de la Unidad Nº 31 de Florencio Varela, de la Unidad Nº 47 de San Martín y del Pabellón Universitario de la Unidad Nº 9 de La Plata mantienen una “huelga de hambre pacífica” desde la semana pasada para rechazar la reforma de la Ley que en 2016 tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que ya está en el Senado.

Expertos en material penal y criminología advirtieron que es “prácticamente una condena a muerte” para las personas privadas de su libertad, es “regresiva” y “demagógica”, además de potenciar el malestar en las cárceles, pues uno de sus puntos centrales es limitar el beneficio de salidas transitorias y libertad condicional.

La reforma de la Ley que en 2016 aprobaron los diputados nacionales, con el rechazo del bloque del Frente para la Victoria (FpV), podría ser tratada esta semana en la Cámara Alta, a menos que acepten algunas de las objeciones planteadas la semana pasada en Comisión y vuelva a Diputados, adelantaron a Contexto diversas fuentes.

Para explicar su medida de fuerza, el Colectivo de las Personas Privadas de Libertad de la U1 de Olmos emitió hace unos días un comunicado en el que califica de “arbitrarias” las reformas que pretenden incluirse en esa ley, promulgada inicialmente en 1996. Tras rechazar la “versión que están tratando de implantar desde el oficialismo sobre la opinión pública”, advirtieron sobre las “nefastas consecuencias” que esas reformas producirán en la sociedad.

“Sostenemos que una mayor represión sobre el sistema penal no es una solución a la problemática de inseguridad”, afirmaron, antes de recordar que “recetas de mano dura como la Ley Blumberg, promulgada en 2004, sirvieron para multiplicar las violencias, aumentar el índice de delitos, construir más cárceles, encerrar más gente y acrecentar los negociados de corrupción en los que están inmersas todas las instituciones del sistema penal”.

“Una ley mediática”

En medio de la conmoción social, alentada además por los medios masivos, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Micaela García, la joven de veintiún años víctima de femicidio en la ciudad de Gualeguay por un hombre que estaba en libertad por decisión del juez entrerriano Alfredo Rossi, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación inició el tratamiento del proyecto de Ley que le llegó de Diputados con media sanción.

Como era de esperar, ante la Comisión la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, reclamó la necesidad de sancionar este proyecto de ley. También ante el presidente de esa comisión, el diputado del Frente para la Victoria (FpV) Pedro Guastavino, expusieron expertos en materia penal, académicos, representantes de organismos del Estado y de varias ONG. Allí estuvieron la antropóloga e investigadora Rita Segato, la coordinadora del Equipo de política criminal y violencia en el encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Eva Asprella, Roberto Cipriano por la CPM y Azucena Racosta, secretaria académica de la Maestría en Comunicación y Criminología de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.

“Dejamos sentadas todas las ponencias que cuestionan esta reforma que va a condenar a muerte prácticamente a las personas privadas de la libertad. Se intenta que las penas se cumplan de punta a punta, algo que le quita a la pena el sentido de la progresividad para que las personas puedan llegar a experimentar la libertad, la reflexión y demás”, explicó Racosta, interrogada por Contexto sobre la iniciativa y sobre su ponencia ante la Comisión de la Cámara Alta.

Racosta, que la calificó como una “ley mediática”, explicó que esta iniciativa de reforma del Gobierno de Macri “no pone en cuestión a las mafias penitenciarias que son quienes cumplen el rol del Estado custodiando y asistiendo a estas personas. No pone en crisis el infierno que es la cárcel y sólo consideran que estando más tiempo en ese infierno las personas van a poder reflexionar”.

“Personalmente les pedí a los senadores que no sean ellos los que cometan el próximo crimen, porque desde nuestra organización entendemos que esta ley le dará todo el poder a los servicios penitenciarios, que tendrán la absoluta potestad de gestionar las penas de las personas”, sostuvo Racosta, coordinadora nacional de la Asociación Civil Radio “La Cantora”.

Una huelga invisibilizada

“Ellos consideran además que esta protesta está siendo invisibilizada”, denunció Romina Aramburu, abogada que trabajó además como docente en varios penales bonaerenses en diálogo con Contexto.

Justamente, otro de los reclamos de los detenidos se refiere a la decisión de las autoridades del Gobierno de María Eugenia Vidal de suspender las “mesas de diálogo” que se llevaron a cabo en diciembre y en febrero pasado entre representantes de los internos de varias unidades, las autoridades del Ministerio de Justicia, del Servicio Penitenciario Bonaerense, del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) y de la UNLP.

“Acordaron una serie de compromisos que los internos cumplieron, pero ya no les quieren dar más mesas de diálogo”, precisó Aramburu.

En la Unidad Nº 8 de mujeres de Los Hornos la huelga había comenzado, pero, según Aramburu, “el personal penitenciario la desarticuló”. “Los internos de Devoto dicen que los quieren disuadir para que levanten la huelga, porque en caso contrario van a ser trasladados”.

Entre las consecuencias que está provocando el rechazo a esta reforma desde el interior de las cárceles figura la decisión del SPB de trasladar “sin fundamento” el pasado viernes a cinco internos del Pabellón Universitario de la Unidad Nº 9 de La Plata a otros penales, indicaron varias fuentes a Contexto. La decisión fue adoptada por el juez de Ejecución Penal platense José Villafañe, pese a otra intervención judicial que intentó frenar ese traslado sorpresivo.

Ricardo Luis Colman Zabala y Matías Miranda Suárez fueron llevados a la Unidad Nº 35 de Magdalena, mientras que Marcelo Alejandro Mansilla Sgroi, Martín Silvero Souto y Arnaldo Ascona fueron trasladados a la Unidad Nº 23 de Florencio Varela, pudo saber este medio.

También rechazando esta reforma Mariano Gutiérrez, especialista en criminología e investigador del Instituto Gino Germani, que la calificó como “100% demagógica”, y afirmó que “la resociabilización es lo único que tenés para evitar que las cárceles se conviertan en algo puramente destructivo”, según una nota publicada en la página de la Asociación Pensamiento Penal.

Como es invisibilizada la huelga para los medios, también fue llamativa la forma elegida por la Comisión del Senado para que los organismos dieran a conocer su posición contra la reforma. “Fuimos escuchadas virtualmente, pues a lo largo del día estaba sólo el presidente de la Comisión. A las organizaciones que fuimos a exponer nos dijeron que los legisladores nos estaban escuchando desde sus despachos”, contó Azucena Racosta.