Asesinatos como el del albañil Andrés Núñez, en 1990 en La Plata, por una “patota” de la Brigada de Investigaciones local, el de Omar Cigarán, en febrero de 2013, por un sargento de la Bonaerense en el Barrio Hipódromo, y el de David Moreno, de apenas trece años, uno de los ocurridos en Córdoba durante el estallido social de 2001, son apenas tres ejemplos. Recién para este año está previsto el juicio oral y público por el asesinato de Jonathan ‘Kiki’ Lezcano, perpetrado en 2009 por la Policía Federal, y el de la masacre en la cárcel de Magdalena, donde 33 detenidos murieron en 2005 en medio de un voraz incendio.

Todas las víctimas tienen un común denominador: provienen de o viven en hogares humildes, carecen de recursos para llevar adelante procesos judiciales, son estigmatizados por pobres y señalados como delincuentes o como militantes, una mala palabra desde que Mauricio Macri llegó al poder con la corporación judicial y mediática.

Así lo afirma Julián Axat, ex director general de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Estas situaciones involucran siempre a “jóvenes pobres que son asesinados en las barriadas por las Policías que por lo general en el imaginario judicial poco importan”.

“Obviamente son juzgados luego de un esfuerzo de sus madres, que son las que traccionan y tratan de empujar, o de defensores oficiales que ayudan o de organismos de derechos humanos que hacen un esfuerzo”, explicó Axat interrogado por Contexto sobre la lentitud con que la Justicia trata estos casos. “Por lo general, al sistema de justicia y a la política les importa poco, entonces esto no tiene un trámite procesal ágil”.

El caso Núñez

También lo pone en evidencia el caso del albañil Andrés Núñez, secuestrado de su casa en Villa Elvira el 28 de septiembre de 1990. Un segundo juicio por su asesinato, esta vez contra el ex comisario Luis Raúl Ponce, que estuvo prófugo veintidós años, tuvo lugar a fines de marzo pasado. En los primeros días de abril, la Justicia platense dictó por unanimidad la reclusión perpetua para Ponce, que por entonces era jefe de operaciones de la Brigada de Investigaciones de La Plata.

Una “patota” de unos seis policías, uno de los cuales sigue prófugo, Pablo Martín Gerez, Andrés, de treinta años, fue detenido ilegalmente en su casa, torturado hasta la muerte y enterrado en un campo en General Belgrano.

El 2001 en Córdoba

Más de dieciséis años y medio después de la represión que a fines de 2001 sacudió a diversas ciudades del país, entre estas Córdoba, en la capital mediterránea comenzó la semana pasada el juicio por el asesinato el 20 de diciembre del niño David Moreno, de trece años.

La estrategia de la defensa, en concreto, del oficial subinspector Hugo Cánovas, fue presentar a David como un “militante político”. Su mamá Rosa y su papá Eduardo, que vivían con David cerca de un supermercado del barrio Villa 9 de Julio, donde más de una docena de policías dispararon balas de plomo para dispersar un saqueo en medio del estallido social y el derrumbe del Gobierno de la Alianza, afirmaron ante el tribunal que David había salido a jugar.

El juicio también involucra a tres jóvenes que resultaron heridos aquel día, como Marcelo Fregenal, un obrero de la construcción que recibió dos balazos, uno en el brazo y otro en el pulmón, y salvó su vida de milagro.

“Mamá, el año que viene quiero ser más prolijo en la carpeta”, afirmó Rosa mientras mostraba la carpeta de plástica de su hijo que conserva de aquel convulsionado fin de 2001. David Ernesto Moreno había pasado a segundo año del secundario.

Cigarán y los números de Correpi

“De las 5.100 personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde diciembre de 1983 hasta hoy, en este momento estamos en una cada 25 horas y achicándose la brecha con un incremento del uso de todas las fuerzas represivas como no lo veíamos desde hace muchos años”, afirmó a Contexto María del Carmen Verdú, abogada de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional).

¿Cuántos casos llegan a juicio? “Menos del 10%, y un porcentaje aun menor tuvo condena”, respondió sin un ápice de duda la letrada, que llevó adelante la querella por el asesinato de Omar Cigarán, el chico de diecisiete años asesinado el 15 de febrero de 2013 por el sargento de la Bonaerense Diego Walter Flores, absuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de La Plata.

Ese fue uno de los pocos casos de gatillo fácil que llegó a un juicio, aunque con no pocas irregularidades que desembocaron en la impunidad.

“Aun si hubiésemos dado por cierta la existencia de la tentativa de robo, o el arma en el calzoncillo de Omar, aun en ese caso, en el momento de recibir el disparo Omar estaba desarmado, absolutamente indefenso frente a quien le disparó con una 9 mm que le atravesó dos ventrículos del corazón, el diafragma, el hígado y que en cuestión de segundos le causó la muerte”, recordó Verdú.

Durante el juicio, la defensa de Flores insistió en construir la figura de Omar como un delincuente. Durante el juicio, Sandra y Milton, sus padres, explicaron la forma en que policías de varias comisarías lo perseguían, acosaban y molían a palos para que robara para ellos.

Para Emilia quieren un juicio expres

En cambio, en el caso de la estudiante de Periodismo Emilia Uscamayta Curí, muerta en una fiesta ilegal el 1º de enero de 2016 por corrupción entre policías y funcionarios municipales y desprecio por parte de los empresarios organizadores, también allegados a Julio Garro, el asunto es que a casi quince meses de esa tragedia el fiscal Álvaro Garganta no ordenó ninguna detención y quiere elevar el caso a un juicio exprés.

Entre los cinco imputados figuran el comisario Daniel Piqué, quien hasta fines de 2016 fue secretario de Seguridad de la Municipalidad de La Plata, y cuatro organizadores de la fiesta, uno de ellos prófugo.

Otro alto responsable municipal, Roberto Di Grazia, por entonces responsable de Control Urbano, fue ascendido por Garro en lugar de ser apartado y hasta llegó a reunirse a solas con el fiscal Garganta en sede judicial sin la presencia del abogado de la querella.

“Los tiempos procesales tienen que ver con que se ha constatado que muchos casos de gatillo fácil comprometen al poder político de turno y ahora la nueva modalidad, distinta de la anterior, que era retrasar las causas por muchos años, es por el contrario hacer investigaciones exprés”, afirmó a Contexto Adrián Rodríguez, abogado de la familia de Emilia.

El letrado subrayó que “como la víctima siempre tiene pocas facultades procesales para ofrecer prueba porque quien investiga es el Estado”, si este no lo hace en tiempo y forma “la víctima llega en desventaja a un juicio penal, y cuando se eleva una causa en forma exprés a juicio” quedan afuera pruebas, pericias, testigos, filmaciones de cámaras públicas, etcétera.

“En el caso de Emilia estarán dejando afuera a muchos testigos. Hubo una búsqueda paupérrima de testigos y también quedará afuera el contenido de pruebas como conversaciones a través de redes sociales”, precisó, antes de enfatizar que los familiares de las víctimas “no pueden procurar por sí pruebas que tienen que procurar otros organismos públicos”.

“Quien tiene el poder de coerción para obtener pruebas, amparado por el juez o por el fiscal, es el Estado”, sentenció Rodríguez.

El ejemplo de Magdalena

Para Axat, abogado y especialista en juventud, “el ejemplo más claro sobre cómo al sistema de justicia y de la política le importan poco las personas vulnerables es la masacre de Magdalena”, aquella noche del 15 de octubre de 2005 cuando se desató un incendio voraz en la Unidad Penitenciaria Nº 28 que terminó con 33 detenidos muertos.

“Recién este año se va a juzgar. Casi más de diez años después del incendio. Es el mejor ejemplo de cómo el sistema de justicia ha postergado un juicio en el cual va a quedar en claro que el Estado tiene las cárceles hechas depósitos de gente, con la situación de colapso carcelario que se daba por entonces y a la que hemos vuelto en estos años”, sostuvo el abogado.

En aquel momento, familiares y detenidos denunciaron que el personal penitenciario intervino para reprimir una discusión entre dos detenidos, tras lo cual se desató el incendio que se propagó rápidamente. La mayoría de los detenidos tenía menos de veintiséis años. Sólo dos tenían condena firme. Los demás estaban procesados.

“El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y otros organismos de derechos humanos vienen peleando para que ese juicio se lleve a cabo y muestre el estado de deterioro de las cárceles, lo que fueron y lo que son, y obviamente las consecuencias que puede provocar un incendio”, sostuvo Axat, antes de explicar que la causa “procesalmente fue parada, suspendida por distintos motivos, y como a la política poco le importaba, llegamos a 2017”.

Tras la primera audiencia por el asesinato de David Moreno, el martes en Córdoba hubo un “Encuentro contra la Impunidad”. Allí estuvieron Alberto Santillán, el papá de Darío, asesinado en Avellaneda en junio de 2002; Celeste Lepratti, la hermana de Pocho Lepratti, militante social asesinado en 2001 en Rosario; Silvia Irigaray, la mamá de Maximiliano Tasca, uno de los tres jóvenes de la “Masacre de floresta” el 29 de diciembre de 2001; Angélica Urquiza, la mamá de Jonathan “Kiki” Lezcano, asesinado en 2009 por la Policía Federal, cuyo juicio exprés comenzará el 3 de junio próximo; y Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, asesinado en febrero de 2009 en Lomas del Mirador.

En mayo de 2015, un policía de la Bonaerense, Diego Torales, fue condenado a diez años de cárcel por torturar a Luciano Arruga cuando estuvo detenido en el destacamento de Lomas del Mirador en 2009, cuatro meses antes de desaparecer. Su cuerpo fue hallado recién en octubre de 2014 en el cementerio de la Chacarita, donde había sido enterrado como NN, denominación que proviene de las iniciales del latín “nomen nescio”, que significa ‘desconozco el nombre’.