Por Gabriela Calotti

La familia de la estudiante Emilia Uscamayta Curí, que murió el 1º de enero de 2016 durante una fiesta ilegal en una quinta en Melchor Romero por la corrupción y desidia de los empresarios platenses organizadores del evento y de altos funcionarios municipales y policiales, pide que el fiscal Álvaro Garganta, responsable de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 11 de La Plata, se aparte del caso.

Aseguran que el fiscal enfrenta un conflicto de intereses, falta de independencia y objetividad en virtud de que “la hermana de Garganta está concursando para convertirse en jueza de Casación y la selección de los 125 concursantes depende muchísimo de la opinión política del poder de turno”, explicó a Contexto el abogado de la familia Uscamayta, Adrián Rodríguez. “Municipio, provincia y nación tienen el mismo signo político”, remarcó.

“En la causa de Emilia, que tiene un componente político vinculado a la corrupción que no se ha investigado, entendemos que el fiscal Garganta no se quiere entrometer con el poder político de turno o tiene miedo de perjudicar a su hermana”, agregó el letrado.

“La causa de Emilia tiene un componente político vinculado a la corrupción que no se ha investigado. Entendemos que el fiscal Garganta no se quiere entrometer con el poder político de turno o tiene miedo de perjudicar a su hermana.”

Como si fuera poco, “el fiscal vive en el mismo country que Garro, y por otro lado son parientes. Esto nos llevó a entender que la Justicia penal está muy cuestionada”, agregó.

“Si bien lo sabíamos de antes, confiábamos en que la Justicia iba a trabajar medianamente bien, pero no fue el caso. Estamos enfrentándonos a un poder real”, aseguró, pues a casi quince meses de la muerte de Emilia, no hay ningún detenido y hay cinco imputados, entre estos el secretario de Seguridad de Garro, Daniel Piqué, que estuvo en el cargo hasta diciembre pasado, pero sigue vinculado al Municipio, y los cuatro empresarios organizadores, uno de ellos el dueño de la quinta de Romero, muy cercano a Garro.

La familia evalúa realizar un pedido de apartamiento de la causa del fiscal Garganta en los próximos días, sobre el que el titular del Juzgado de Garantías Nº 6, Fernando Mateos, deberá pronunciarse rápidamente.

Mateos apareció en la prensa en las últimas horas pues podría impulsarse en su contra un jury por haber puesto en libertad a un hombre denunciado por violación en Brandsen, identificado como Carlos Daniel Elizalde, alias “el pochoclero”, y haber cambiado la carátula de la causa de “tentativa de homicidio por razones de género” a “lesiones leves”.

Semanas atrás, el abogado de la familia Uscamayta había repudiado la decisión de Garganta de elevar a juicio de manera “rápida” e “intempestiva”, argumentando la necesidad de “celeridad procesal” del expediente por la muerte de Emilia, después de demorar las investigaciones e ignorar numerosos pedidos de pruebas y pericias.

Entre todas las irregularidades, en 2016 el fiscal mantuvo al menos una reunión, que llegó a conocimiento público, con el actual responsable de Control Urbano de la ciudad, Roberto Di Grazia, en dependencias de la fiscalía y en ausencia del abogado de la familia Uscamayta Curí.