María Eugenia Vidal estaba ayer a la derecha del presidente Mauricio Macri cuando este anunció un acuerdo para la “modernización” del Estado con una docena de gobernadores de distintos puntos del país, a los que les pidió terminar con la costumbre de hacer de la Administración pública “un aguantadero”.

Desde el 10 de diciembre de 2015, bajo el eufemismo de la modernización, la Casa Rosada impulsó una ola interminable de despidos que ya se cobró más de 75.000 puestos laborales en el sector público nacional, provincial y municipal.

“Echaron trabajadores que cobraban 10 mil pesos y están incorporando gerentes que cobran cuatro o cinco veces más”, dijo el secretario general de ATE, Hugo “Cachorro” Godoy, al considerar que Macri convirtió el Estado en “un aguantadero de gerentes de empresas”.

Tal vez ahora la gobernadora Vidal empiece a hablar más asiduamente de “modernización”, aunque ella ya tiene sus propias pantallas para encubrir el ajuste en la provincia de Buenos Aires. Uno de los casos paradigmáticos que cobró relevancia este mes es el del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Un artículo publicado por el diario El Día de La Plata, en su edición impresa del 7 de abril, se encargó de legitimar un total de 847 despidos efectivizados por el interventor del SPB, Juan José Baric, y su auditor general, Fernando Rozas.

“Un decorador de interiores, tres chefs internacionales, un antropólogo y siete guías y técnicos en turismo […] La Auditoría que tiene a cargo un relevamiento de los cerca de 23 mil agentes del SPB y del funcionamiento de ese organismo, se encontró con esas sorpresas. No son las únicas. Cuentan que hay personal que no cumple horarios o va a trabajar dos o tres días por semana, superpoblación de empleados en algunas dependencias y, en contraposición, un número de guardiacárceles inferior al necesario para cuidar a los cerca de 34 mil detenidos que están alojados en los penales”.

Así lo contó El Día enfatizando a Baric y Rozas como quienes “han puesto manos a la obra en procura de desactivar las ‘numerosas irregularidades’ que se venían registrando en una de las áreas en las que ordenó meter bisturí a fondo la gobernadora María Eugenia Vidal”.

Sin embargo, trabajadores del SPB consultados por Contexto afirmaron que no hay ningún “bisturí”, sino una “gran tijera”, y acusaron al diario platense de difundir “una serie de mentiras y generalizaciones” a partir de “casos aislados”.

Una semana después del artículo de El Día, el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, salió con amplia cobertura mediática a confirmar la expulsión de los 847 agentes penitenciarios, en su mayoría del sector administrativo, y agregó que se abrieron unos 5.000 sumarios por distintas “irregularidades”.

Ferrari no habló de chefs, antropólogos ni guías turísticos. Enmarcó los despidos y los sumarios en trámite en “la decisión de la gobernadora” de “terminar con el autogobierno del Servicio Penitenciario” que imperó durante “décadas” y que generó una “percepción de impunidad consolidada”.

Según los trabajadores, desde la intervención que dispuso Vidal en noviembre del año pasado poco y nada se hizo para acabar con el “autogobierno” del SPB, algo que también continúa intacto en la Policía bonaerense y en otras fuerzas de seguridad que, en complicidad con el poder político, se disputan las jefaturas del crimen organizado y el menudeo. Lo que sí se hace, con mucha voluntad, es vaciar áreas completas y recortar empleos públicos.

“Los 847 agentes expulsados pertenecían al Escalafón General. Ahora van particularmente por los del Escalafón Profesional”, contó a este medio una psicóloga que cumple tareas en uno de los penales de La Plata y denunció que “varios de los sumariados son trabajadoras que han estado con licencia por maternidad o con reducción de horario por amamantamiento, y profesionales que se encontraban de vacaciones con la debida autorización de sus superiores”.

A partir de la intervención del SPB, es el personal de vigilancia el que controla el ingreso y egreso de los profesionales, anotando en planillas si cumplen las cien horas mensuales que les corresponden por ley. Muchos trabajadores no fueron notificados de la existencia de esas planillas, otros no encuentran sus nombres y hasta hay errores en los registros de horarios.

“A una compañera no la sumariaron porque, según la planilla, hacía 140 horas mensuales. Nadie hace tantas horas, ahí claramente hay un error. En mi caso fui trasladada a otra unidad carcelaria. Como no hubo cruce de información, en los registros figuro sin horas y fui sumariada. Hasta les iniciaron sumarios a profesionales fallecidos. Es todo muy arbitrario e irregular”, sostuvo la misma fuente.

Los trabajadores también desmintieron el pago de horas extras a aquellos profesionales que ingresan a trabajar a los penales, como afirmó Ferrari en sus declaraciones a la prensa.

“Esto es falso, ya que dicho excedente en concepto de riesgo de trabajo no lo cobran los trabajadores. No está declarado el riesgo de trabajo para los profesionales de la salud que desempeñan su tarea en contacto con los detenidos”, explicaron.

Las condiciones laborales tampoco mejoraron con la intervención ordenada por Vidal. Más bien hubo un claro deterioro desde el inicio de su mandato, cuando declaró la emergencia penitenciaria y en materia de seguridad, generando un importante crecimiento de la población carcelaria.

“Los penales son lugares de hacinamiento, tanto para los privados de su libertad como para los profesionales y administrativos. Entrevistas, controles médicos y revisaciones odontológicas a detenidos se hacen en los pasillos porque no contamos con espacios físicos adecuados. No hay agua potable y muchas veces falta agua en los baños, con las complicaciones y los riesgos sanitarios que implican estas situaciones”, indicaron los trabajadores del SPB.