Juicio por gatillo fácil: el 11 de abril anuncian la sentencia en el caso de Omar Cigarán

La querella pidió prisión perpetua para el sargento Diego Walter Flores, cuyos abogados abundaron en adjetivos para hablar de Omar, asesinado a los diecisiete años. Su madre denunció durante el juicio que policías de la 2ª y de la 3ª lo perseguían para que robara para ellos.

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Por Gabriela Calotti

El martes 11 de abril a las 12 hs, el Tribunal Oral en lo Criminal IV de La Plata dará a conocer la sentencia por el asesinato de Omar Cigarán, de diecisiete años, ocurrido en febrero de 2013 cerca del Hipódromo, y del que es acusado el sargento Diego Walter Flores. La querella, encabezada por la abogada María del Carmen Verdú, reclamó la reclusión perpetua para el policía bonaerense.

“Pedimos prisión perpetua porque estamos acusando por un homicidio calificado por la condición de policía del sargento Flores y es la única pena que contempla el Código para esa figura”, afirmó Verdú en diálogo con dos medios locales, entre estos Contexto, durante una pausa en la audiencia, el viernes, destinada a los alegatos de las partes.

En ese marco, la querella reconstruyó los hechos en base a los testimonios. “Quedó demostrado que aun en el escenario más favorable para el policía, aun si hubiésemos dado por cierta la existencia de la tentativa de robo, del arma y todo lo demás, aun en ese caso, en el momento de recibir el disparo, Omar estaba absolutamente desarmado e indefenso frente a quien le disparó con una 9 mm que le atravesó dos ventrículos del corazón, los pulmores, el diafragma, el hígado y le produjo una hemorragia interna que en cuestión de segundos le causó la muerte”, sostuvo la letrada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

Durante la cuarta audiencia del juicio por el asesinato de Omar Cigarán, a cargo del tribunal integrado por los jueces Germán Allegre, Emir Tártara y Juan Carlos Bruni, la defensa del policía insistió, tal como lo había hecho en su introducción en la apertura del juicio y durante los interrogatorios a los testigos, en que Omar era un “delincuente”, que Flores actuó en “legítima defensa para evitar un robo. A los abogados defensores no les sobraron adjetivos para referirse a Omar.

Verdú explicó que por esa razón buena parte de su alegato la dedicaron a reafirmar que, “independientemente de lo que hubiese hecho o hubiese podido hacer o se puedan imaginar lo que podría hacer, Omar era una persona y por lo tanto sujeto pasivo del delito de homicidio. El Código no dice ‘el que matare a un ciudadano de bien’, dice ‘el que matare a otro’ sin ningún calificativo. Entonces, independientemente del uso que quieran hacer de la historia de vida de Omar, de sus persecución o de sus adicciones, lo cierto es que si Flores lo mató sin ninguna justificación es homicidio calificado”.

La defensa de Flores aseguró que durante el juicio quedó “probado” que Omar “tenía un revólver plateado y brillante como el que le encontraron en la morgue”.

El 15 de febrero de 2013 Omar Cigarán recibió un balazo que le disparó Flores en el barrio Hipódromo. Omar vivía con su familia a la vuelta del Hospital Gutiérrez. Había estado en institutos de menores. En ese contexto, el chico era acosado por policías de las comisarías 2ª y 3ª de La Plata y de Ensenada, según relataron sus padres, Milton Gustavo Cigarán y Sandrá Gómez, durante el juicio oral y público que comenzó el 20 de marzo pasado.

Ambos aseguraron ante el tribunal que no sólo lo “molían a palos” cada vez que se lo llevaban a la comisaría, sino que justamente “lo perseguían porque no era chorro para la cana”.

La querella de los padres de Omar como particulares damnificados estuvo a cargo de Verdú y de Pedro Azumendi y Sofía Ballesteros del Colectivo de Abogados Populares La Ciega.

El Colectivo contra el Gatillo Fácil, que esta semana denunció “amedrentamientos” contra varios de sus integrantes, respaldó tanto este juicio como el que se llevó a cabo casi paralelamente por el caso del albañil Andrés Alberto Núñez, asesinado en 1990 por “una patota” de la Brigada de Investigaciones de La Plata dirigida por el entonces subcomisario Luis Raúl Ponce, que estuvo prófugo de la justicia durante veintidós años.

Ponce fue condenado el viernes a cadena perpetua por los delitos de detención ilegal, tortura seguida de muerte y desaparición del cuerpo, encontrado cinco años después en un campo en General Belgrano.