Cuando trascendió que el Gobierno de Mauricio Macri gestionaba una multimillonaria compra de armamento en Estados Unidos, la cartera de Defensa se tomó su tiempo para salir a dar explicaciones. Tanto tiempo, que hasta el bloque de diputados del Frente para la Victoria (FpV) pudo presentar una denuncia penal contra el propio presidente y los funcionarios involucrados, así como un pedido de interpelación al ministro Julio Martínez y la canciller Susana Malcorra.

La primera versión oficial que hizo rodar la Casa Rosada trató de instalar la idea de que no se trataba de una compra sino de una “donación”, algo que fue rápida y ampliamente reproducido por los medios hegemónicos que suelen blindar a Cambiemos.

“Obviamente, el complejo militar industrial que está detrás del Departamento de Defensa de Estados Unidos quiere vender, no donar”, dijo a Contexto la ex ministra de Defensa y actual diputada nacional por el FpV, Nilda Garre, y añadió que, si bien puede haber alguna excepción extraordinaria, “lo cierto es que Argentina no figura en ninguna lista de donaciones para este año”.

Tampoco se habla de “donación” en la carta que le envió el embajador argentino en Washington, Martín Lousteau, al senador demócrata Peter Visclosky, integrante de la comisión estadounidense encargada de aprobar la exportación de armas a través del programa Foreign Military Sales (FMS), ni en la autorización del Departamento de Estado para avanzar en “una posible venta militar extranjera a la Argentina”, documentos dados a conocer por el canal de noticias C5N.

“La cantidad de blindados que se establece en la lista es como para cinco ejércitos y los helicópteros son los mismos que se utilizaron en las guerras de Vietnam, el Golfo Pérsico, el Líbano y Afganistán.”

Defensa reconoció el martes la compra de doce aviones de entrenamiento Texan T6, pero negó el resto del armamento por más de 2.000 millones de dólares que figura en los anexos de la carta de Lousteau. Según el ministro Martínez, el listado con unos cien ítems “tiene carácter exploratorio, genérico y público, y de ninguna manera se trata de una lista de materiales a adquirir”.

“La compra no está hecha, pero sí el requerimiento ante las autoridades norteamericanas. Uno querría saber dónde se planificó todo esto porque, además, hay dos diputados involucrados que no tienen especialización en materia de Defensa, ni fueron mandatados por el Congreso. Ni siquiera integran la Comisión de Defensa de la Cámara Baja”, señaló Garré en alusión a Eduardo Amadeo y Luciano Laspina, los legisladores de Cambiemos que se reunieron con Visclosky antes de que el embajador formulara el pedido de material bélico por canales formales.

A Garré también le llamó la atención la magnitud del armamento, que de ningún modo se justifica para combatir “el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado”, como alegó Lousteau en su carta.

Allí se solicitan, entre otras cosas, 64 helicópteros Cobra AH1, Chinook, Black Hawk UH60 y Bell 412; más de 300 tanquetas de guerra, entre las que se destacan las StryKer M1128, M1130, M1132, M1134 y M1139, equipadas con ametralladoras calibre 50, lanzadoras de granadas y cañones de 105 milímetros; 24 vehículos anfibios AAVR7A1; 80 lanzamisiles Javelin; 14 aviones caza F16C, con cañones M61 y soportes para misiles, bombas y tanques de combustible suplementarios; y 2 aeronaves Orion P-3C de combate antisubmarinos.

“La cantidad de blindados que se establece en la lista es como para cinco ejércitos y los helicópteros son los mismos que se utilizaron en las guerras de Vietnam, el Golfo Pérsico, el Líbano y Afganistán. Sería inimaginable utilizar uno de esos helicópteros para combatir el narcotráfico y no es Defensa la encargada de hacer eso, sino las fuerzas de seguridad. Tampoco se puede hablar de terrorismo porque no tenemos. Así que cuesta entender cuál es la hipótesis de conflicto que ven o para la que se preparan desde el Gobierno”, enfatizó la diputada.

Uno querría saber dónde se planificó todo esto porque, además, hay dos diputados involucrados que no tienen especialización en materia de Defensa, ni fueron mandatados por el Congreso.

Para Garre, una posible explicación es que traten de “alinearnos a la colaboración que pueda pedir Estados Unidos”, con una política de Defensa conjunta cada vez más alejada de América Latina, como ocurría durante los noventa, cuando Carlos Menem envió tropas a Medio Oriente y los Balcanes.

“La Defensa tiene que ser con la región, no con Washington. Esa alianza militar sería contradictoria, absurda e inviable”, sostuvo la ex ministra al recordar que “Estados Unidos fue nuestro contrincante en la Guerra de Malvinas”.

Por eso mismo, reclamó que Macri explicite lo que Marcos Peña se negó a trasparentar en su último informe ante el Congreso: “Cuando vino el jefe de Gabinete dijo que el Plan Nacional de Defensa existía, pero que era secreto. Puede haber una pequeña parte que justifique ser secreta por alguna situación estratégica, pero en líneas generales el plan debe ser público. Lo tiene que conocer el Congreso y toda la sociedad”.

Mientras el Gobierno ocultaba el escándalo, el secretario de Logística del Ministerio de Defensa, Walter Ceballos, probaba in situ algunos de los armamentos que ahora Martínez dice que su cartera nunca pensó adquirir. El funcionario viajó la semana pasada a Estados Unidos junto a oficiales superiores del Ejército y la Fuerza Aérea, con quienes visitó la casa matriz de Bell Helicopter, cerró los acuerdos por los Texan T6 y se jactó de “varios proyectos en común” con Lockheed para incrementar “el poder aéreo nacional”.