Representantes del Gobierno argentino que preside Mauricio Macri debieron presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para intentar dar explicaciones sobre la situación de los derechos humanos en la provincia de Jujuy y por la detención de la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, quien lleva más de un año detenida con prisión preventiva, en lo que diversos organismo internacionales han calificado como “una detención arbitraria”.

Cabe recordar que existen numerosas personalidades y organismos internacionales que se han manifestado contra la detención de Milagro Sala, presa política del Gobierno de Macri. Tanto el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la propia CIDH, que es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), emitieron resoluciones en las que indicaron que la detención de Sala es “ilegal y arbitraria” y reclamaron su inmediata liberación.

A esto se suma el pedido de libertad hecho por Amnesty International y la carta pública que el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, le envió al presidente Mauricio Macri, en la que lo insta “respetuosamente a adoptar medidas para asegurar la inmediata liberación” de Sala.

Entre las figuras internacionales que reclaman la libertad de la líder de la Tupac Amaru se destacan los ex presidentes de Brasil, Dilma Rousseff y Luiz Inacio “Lula” Da Silva, los presidentes de Bolivia, Evo Morales, de Ecuador, Rafael Correa, de Venezuela, Nicolás Maduro, y la activista por la paz Piedad Córdoba.

En este marco se realizó la audiencia de la CIDH, en la que estuvieron presentes organismos que denuncian la actitud del Gobierno argentino. Entre ellos estaba el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, quien aseguró que “en Jujuy la Constitución nacional no rige. Rige la voluntad del gobernador de la provincia. Es el núcleo del problema”, y remarcó que “la detención arbitraria de Milagro Sala es parte de una situación global” de vulneración de derechos.

Por su parte, los representantes del Gobierno, entre los que estaban el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, y el fiscal de jujeño Mariano Miranda, intentaron justificar las acciones contra la protesta social poniendo como prioridad el derecho al libre tránsito.

“en Jujuy, a partir de la llegada el gobierno de Gerardo Morales, se ha instalado un Estado policial que restringe derechos y libertades que tienen que ver con la protesta social, con el legítimo derecho constitucional a reclamar”. Estela Díaz.

En diálogo con Contexto, la secretaria de Género de la CTA, Estela Díaz, quien también integra el Comité por la Libertad de Milagro Sala, aseguró que “hoy hubo presentaciones de distintas organizaciones gremiales que denunciaron que en Jujuy, a partir de la llegada al Gobierno de Gerardo Morales, se ha instalado un Estado policial que restringe derechos y libertades que tienen que ver con la protesta social, con el legítimo derecho constitucional a reclamar”.

“Esto se ve con la prisión arbitraria, ilegal e ilegítima de Milagro Sala, pero es algo que se extiende a los trabajadores azucareros, estatales, docentes, etcétera”, remarcó.

Díaz señaló que “eso fue denunciado en la CIDH de manera contundente por organismos de derechos humanos y representantes de sindicatos. Esto da cuenta de que el de Milagro Sala es tal vez el caso más represivo e intenta ser un símbolo, un mensaje para todos los trabajadores y trabajadoras”.

“La respuesta del Gobierno fue desconocer los derechos y garantías que tienen los trabajadores a peticionar, a reclamar, a manifestarse en el espacio público. El Gobierno nacional defiende lo que pasa en Jujuy porque es un emblema de la represión social. Al macrismo le gustaría poder extender lo que pasa en Jujuy a toda la Argentina. Por suerte no pueden hacerlo. Si el macrismo pudiera, transformaría toda la Argentina en un Estado policíaco como el de Jujuy”, aseguró.

Por último, Díaz afirmó que, “si hubiera algo de justicia, la llave estaría en la Corte Suprema de la Nación. Ellos tienen dos recursos de los que tienen que opinar. Le han pedido a la Procuración que emita dictamen. Ese dictamen es no vinculante, pero es una opinión importante. Ellos tienen que opinar por los fueros parlamentarios, porque Milagro Sala es una parlamentaria del Mercosur, y por el abuso que se está haciendo de la prisión preventiva”.

“Si pudiéramos creer que algo de justicia queda, si pudiéramos creer que todavía miran los tratados de derechos humanos y las injusticias que se están cometiendo en este caso, pronto la Corte Suprema debería estar liberando a Milagro y al resto de los presos y presas de la Tupac Amaru. Digo esto en un contexto social que nos ha demostrado que el Poder Judicial está siendo funcional al poder de turno. Se está usando una parte del Poder Judicial para encarcelar a opositores y criminalizar la política. Jujuy es el ejemplo más concreto de ello”, concluyó.