Por Gabriela Calotti

A Ponce, que dijo tener 52 años, lo custodiaban cuatro policías que, al igual que el resto de la sala, escucharon de boca de los principales testigos el relato del allanamiento en la vivienda, la prepotencia, las torturas, los golpes y las humillaciones a los que unos ocho policías sometieron la noche del 28 de septiembre de 1990 a Andrés Núñez y a David Guevara en dependencias de la Brigada, y a la familia del primero cuando invadieron su casa en Villa Elvira.

Andrés Núñez fue secuestrado esa noche de su casa por cuatro policías de civil armados. Se lo llevaron en un Fiat 147 gris. “Los tormentos le ocasionaron la muerte. Fue enterrado en un campo en General Belgrado junto a leños y gomas de auto que quemaron”, afirmó la fiscal, Rosalía Sánchez, al comenzar la audiencia presidida por un tribunal de la Sala II de la Cámara Penal integrada por los jueces Raúl Delbés, María Oyhamburu y Claudio Bernard.

“Vamos a demostrar que aquí hubo violencia institucional y violaciones a los derechos humanos […] Ponce dio la orden de detener a Andrés y dio la orden de las torturas”, aseguró uno de los abogados de oficio de la familia del albañil que es defendida por Ernesto Ferreira y Manuel Bouchoux.

“El grupo de tareas dirigido por Ponce operó como en los tiempos de la dictadura”, sostuvo el letrado antes de precisar que sobre Ponce pesan los delitos de privación ilegal de la libertad y tortura seguida de muerte. “Este juicio servirá para esclarecer las razones […] y demostrar la vergonzosa colaboración de jueces y policías para ocultar las investigaciones”, enfatizó.

Uno de los abogados defensores de Ponce, Oscar Salas, se limitó a afirmar ante el tribunal que “Ponce no ha tenido nada que ver con la muerte de Núñez”. Salas y Christian Romano, el otro abogado del ex policía, son también los defensores de los comisarios detenidos el año pasado por el caso de “los sobres”, las presuntas coimas encontradas en la jefatura departamental en 36 sobres con dinero proveniente de recaudación ilegal.

Andrés Núñez, alias el “gallego”, tenía pasión por el fútbol y en especial por Estudiantes de La Plata, aunque también había jugado en Cambaceres. Jugaba al fútbol todos los días. Vivía en Villa Elvira con su pareja, Mirna, su mamá, Isabel y su padrastro, Walter. Tenía una nena de un año y un mes que se llama Leyla.

“Quiero justicia, reclusión perpetua y que no tenga beneficios”, sostuvo Mirna a la prensa en las puertas de los Tribunales platenses, en 8 entre 56 y 57, delante de una pancarta roja, blanca y negra que decía: “Andrés Núñez, secuestrado y desaparecido por la Brigada de Investigaciones de La Plata, falta de su casa desde el 28/09/90”.

“Cuando Andrés llegó le pusieron un revólver en la cabeza”, relató la mujer ante el tribunal. Primero lo llevaron a Walter Di Pietro, a quien le hicieron recorrer el barrio y lo sometieron a un simulacro de fusilamiento. Creían que era Andrés, a quien buscaban por el robo de una bicicleta. Antes de las doce de la noche del 27 de septiembre entraron en su casa de Villa Elvira y se quedaron varias horas esperando a Andrés. “Revolvieron todo y se sirvieron de todo”, aseguró Mirna.

Al mediodía siguiente, la madre de Guevara les avisó que Andrés estaba en la Brigada de Investigaciones, pero las dos o tres veces que Mirna e Isabel fueron a reclamar por él, en la Brigada se lo negaron. Durante varios años, la familia de Andrés denunció que Ponce tenía un negocio en 4 y 520, pero la Justicia y la Policía no le hicieron caso.

David Guevara, alias “el Mono”, explicó ante el tribunal que fue detenido el 27 de septiembre a la tarde por tres hombres de civil. Trasladado en un Fiat 147 a lo que, después supo, era la Brigada de Investigaciones, reformada en su interior. Allí vio a Andrés Núñez. “Nos torturaban en la misma sala”.

“A Ponce lo conozco hace veintiséis años”, sostuvo Guevara. “Lo conocí cuando estuve detenido en la Brigada de Investigaciones. Yo tenía dieciséis años”. Durante un duro testimonio, Guevara aseguró que lo interrogaron con una bolsa de plástico en la cabeza mientras lo golpeaban. A Núñez lo conocía de jugar al fútbol en el Nacional. Aseguró que, tras hacer la denuncia y durante una visita de reconocimiento a la Brigada, volvió a ver poco después a Ponce y lo identificó como uno de los uniformados que había participado en las sesiones de tortura. Allí también reconoció a Pablo Martín Gerez, prófugo de la justicia.

Guevara no dudó en asegurar que durante los tormentos el juez Vara estaba sentado en la habitación y tomaba nota. Guevara recuperó la libertad, a diferencia de Núñez.

“Basta de muertes por torturas en comisarías y cárceles. Juicio y castigo a todos los responsables. Cárcel para el juez Amilcar Vara”, agregaba la pancarta colgada de las rejas de los Tribunales, cerca de una banderola negra del Colectivo contra el Gatillo Fácil.

El juicio, que comenzó el lunes contra Ponce y que durará toda la semana, es el segundo por el secuestro y asesinato de Andrés Núñez. En 2011 fueron condenados a cadena perpetua los policías Víctor Dos Santos, ex cabo, y Alfredo González, ex sargento. Un cuarto fue declarado inimputable y el quinto es Gerez.

El caso de Andrés recobró actualidad cuando en 1995 un policía de la Bonaerense confesó que junto a otros agentes de la Brigada de Investigaciones habían torturado y asfixiado hasta la muerte con una bolsa a Andrés para que admitiera haber robado una bicicleta.

A raíz de esas declaraciones, el cuerpo de Núñez logró ser encontrado en un campo en General Belgrano, a unos 90 km de La Plata, en el establecimiento El Roble, e identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense. En esa propiedad de un pariente de Gerez, el policía prófugo, lo había enterrado el grupo de tareas de la Brigada bonaerense comandado por Ponce, que se había dado a la fuga en 1993.

El ex comisario, que en los noventa dirigía el grupo de tareas de la Brigada de Investigaciones, fue detenido en Junín de los Andes en 2012 casi por error, porque llevaba una identidad falsa que le había procurado su segunda mujer, que era jueza de Faltas. No previeron que la identidad usurpada, de un tal Raúl Alberto Peralta, los iba a terminar poniendo al descubierto.

El lunes próximo serán los alegatos. La sentencia podría conocerse hacia fines de marzo.