Unos/as tienen la calle, y otros el gobierno, los jueces y los medios

Las movilizaciones de los días 6, 7 y 8 de marzo mostraron a fuerzas populares muy diversas que luchan por sus derechos y contra las injusticias. Tienen enfrente a la derecha gobernante y a poderes de facto como los judiciales, policiales, mediáticos, eclesiásticos y del sindicalismo burocrático.

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Por Miguel Croceri

Las movilizaciones de los días 6, 7 y 8 de marzo mostraron a fuerzas populares muy diversas que luchan por sus derechos y contra las injusticias. Tienen enfrente a la derecha gobernante y a poderes de facto como los judiciales, policiales, mediáticos, eclesiásticos y del sindicalismo burocrático. Mucho se habló y escribió en los últimos días, y seguramente seguirá siendo así hasta cobrar quizás cierto carácter histórico, acerca de los emblemáticos 6, 7, 8 de marzo que acaban de transcurrir. Juego de números y de significaciones que tal vez nadie pensó deliberadamente pero que, más allá de eso, produjeron en tres jornadas distintas un momento único, donde grandes sectores de la población protagonizaron multitudinarias protestas en calles de Buenos Aires y otras innumerables ciudades argentinas.

Cada una de dichas jornadas y de las movilizaciones callejeras que en ellas tuvieron lugar obedecía a motivaciones distintas, fue impulsada por convocatorias específicas y mostró los reclamos propios de diferentes intereses que anidan en la sociedad civil. Pero los rasgos en común son poderosos y convergen en razones esenciales (razones que, cabe admitir, es más difícil captarlas profunda y rigurosamente que enunciarlas a modo de reflexión, como intenta esta nota aun con los riesgos de simplificar erróneamente, equivocarse, fallar en la percepción e interpretación de los hechos, etcétera).

Las marchas docentes del lunes 6 (realizadas no sólo en la capital del país, sino en muchos otros lugares), la concentración sindical y de movimientos sociales y agrupaciones políticas del martes 7, y el paro internacional de mujeres con imponentes manifestaciones el miércoles 8, significan en primer lugar un estado generalizado de involucramiento en asuntos públicos y de participación colectiva que atraviesa a contingentes sociales muy diversos en cuanto a su origen de clase, edades, ideologías, lugares de residencia e identidades de género, por ejemplo, así como también muy diversos en cuanto a niveles de formación y organización políticas.

Podría decirse además que muchas de las personas participantes son politizadas aunque no lo sepan. Y quizás incluso aunque explícitamente no lo quieran o no lo admitan. Eso depende de la autopercepción o la autoconciencia de cada ser humano, pero lo concreto es que cada una/uno formó parte de hechos colectivos que tienen profunda raigambre y proyección políticas.

En segundo lugar (el orden es arbitrario, al solo efecto de ordenar la exposición escrita), las personas y organizaciones participantes representaron a sectores populares. Es decir, a aquellas clases y segmentos sociales que no tienen poder “de facto”, de hecho, instituido por su propio lugar y función en el sistema económico y político que organiza –pésimamente, cabe aclarar– a la sociedad, sino que su única posibilidad de ejercer o disputar poder es participando y organizándose. Interviniendo activamente en la deliberación y movilización públicas. Son sectores que expresan la infinita diversidad, pluralismo, heterogeneidad, contradicciones, tensiones y complejidad que tiene un pueblo.

Ninguno de los sectores de ninguna de las tres protestas es “pueblo” por sí solo. Cada cual es parte del mismo, y lo son potencialmente en tanto clases, géneros y sectores socialmente subordinados, o sometidos, u oprimidos –cada una de estas valoraciones podría ser, en sí misma, motivo de discusión–, y que por lo tanto son sujetos de derechos a conquistar, que se constituyen como pueblo movilizado en la medida en que participan activamente en los asuntos públicos. En la medida en que, con mayores o con menores niveles de instrucción conceptual-política y de organización, activan sus energías potenciales y se desarrollan como fuerzas populares.

Un tercer elemento que puede considerarse común a las tres jornadas y a sus respectivas protestas es que los/las participantes luchan por sus derechos y realizan demandas ante el poder. O, mejor dicho, ante distintos “poderes”. Algunos del Estado y otros establecidos en múltiples estructuras e instituciones de la sociedad.

Poderes que están representados por el actual Gobierno de la nación, pero también por el inmediato anterior y los que lo precedieron. Poderes que incluyen a los Gobiernos nacional y provinciales (sobre todo en lo referido a las demandas por los sueldos docentes de las marchas del lunes 6), a las empresas y conglomerados capitalistas (notoriamente, en el caso de los reclamos contra la desocupación y a favor de los salarios que expresó la concentración del martes 7).

Y poderes que abarcan, especialmente, a las intrincadas conformaciones de dominación en la sociedad donde están incluidas estructuras gubernamentales, judiciales, policiales, eclesiásticas, mediáticas, así como patrones culturales extremadamente arraigados que pueden incluirse en el concepto de “patriarcado”, según el aprendizaje y a la vez la enseñanza para toda la humanidad que han aportado los movimientos feministas a lo largo de las décadas en el país y en el mundo, y que hoy –así quedó demostrado el miércoles 8– interpelan a toda la población argentina y de muchas otras naciones, y son la vanguardia de avances históricos en las luchas por la igualdad entre los géneros.

Confrontaciones

Fuerzas populares, plurales y diversas, son las que se manifestaron en las calles en esas tres jornadas singulares de la semana recién terminada. Pero ellas no están “solas en el mundo”, sino que tienen enfrente a todas las que pujan en sentido contrario. Esa confrontación a veces puede parecer solapada, escondida, disimulada, invisibilizada, pero sin embargo es la contracara de los derechos que se reclamaron en las tres jornadas recientes.

No se habría achicado el valor real de los sueldos si esa no fuera una prioridad de las clases capitalistas, ejecutada por un Gobierno nacional que en su primer año de gestión le metió la mano en el bolsillo al conjunto de los/las trabajadores/as haciéndoles perder poder adquisitivo frente a la inflación y ahora negándose a una actualización que compense esa pérdida.

No habría un violento regreso al país de la tragedia social y humanitaria de la desocupación –disminuida a expresiones mínimas durante el kirchnerismo– si no fuera porque el actual Gobierno, que representa precisamente los intereses de los grandes capitalistas, emprendió una demolición de los puestos de trabajo a fin de que, ante el miedo al desempleo, los/las trabajadores/as acepten ganar menos para abaratar de ese modo el tan repetido “costo laboral” de las empresas.

No podría haber avanzado, al menos tan velozmente en poco más de un año, la devastación del empleo, el salario, las jubilaciones y la capacidad de consumo de los sectores populares en general y la clase trabajadora en particular si no hubiera existido la complicidad de las fracciones dominantes del sindicalismo. Así lo hizo saber enérgicamente una parte los presentes en la concentración del miércoles en Buenos Aires, cuando, como muestra de un estado de ánimo generalizado, increpó a la cúpula de la CGT en el propio escenario del acto por su promiscua relación con el Gobierno y los empresarios.

No habría podido avanzar el oficialismo en contra de los derechos de las mayorías si los senadores y diputados de la oposición complaciente no le hubieran votado sus proyectos en el Congreso y aprobado las designaciones que reafirman el dominio de la derecha más peligrosa en otras áreas determinantes del poder estatal, como por ejemplo en la Corte Suprema de Justicia, en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) o en la Unidad de Información Financiera (UIF), que debería prevenir y vigilar los delitos económicos como los que cometen el propio Macri e infinidad de miembros de su Gobierno.

No habría podido Macri derogar de facto leyes de la nación mediante decretos, como antes sólo hacían las dictaduras, si no fuera por la complicidad de la corporación judicial.

No habría agresiones contra las mujeres, desde el acoso laboral hasta las atrocidades de los femicidios, si los jueces y fiscales, las Policías de todos los niveles y los Gobiernos de la nación, las provincias y los municipios –cada cual en su esfera de influencia– pusieran todo el poder del Estado para prevenir la violencia machista en general y los crímenes en particular, y, cuando los delitos ocurren, juzgar y castigar a los culpables.

No estarían naturalizados en la población discriminaciones, maltratos y ataques contra las mujeres si los gigantescos aparatos comunicacionales de los medios más poderosos no reprodujeran las ideologías dominantes –con sus mandatos, sus estéticas y sus pautas de conducta– que reafirman y legitiman un orden socialmente injusto y además machista.

No habría prohibiciones legales ni impedimentos funcionales en el sistema de salud para ejercer el derecho al aborto si no existieran poderes clericales –especialmente de la Iglesia católica– que se arrogan el dominio sobre la libertad de elección de las mujeres sobre sus cuerpos.

No existirían organizaciones criminales de trata de personas si no contaran con una oculta pero imprescindible trama de cómplices judiciales, policiales, políticos, sindicales y mediáticos, entre otros.

No sería posible la privación ilegal de la libertad de Milagro Sala sin la decisión política de hacer escarmentar a los/las pobres, negros/as y mujeres que se organizan y luchan por parte del Poder Judicial no sólo de la provincia de Jujuy, sino también del fuero federal de la nación y sobre todo de la Corte nacional.

No hubieran sufrido decenas de chicas (luego de la marcha del miércoles 8 en Buenos Aires) las humillaciones, golpes y maltratos, y la angustia e impotencia de ser llevadas prisioneras y de ser ultrajadas al tener que desnudarse en comisarías, si no hubiera Gobiernos en la nación y en la ciudad con una ideología de derecha violenta, antipopular y misógina, y policías mentalizados y entrenados para reprimir al pueblo, con la complicidad de estructuras judiciales que legitiman las violaciones al Estado de derecho.

A favor y en contra

Los/as que pelean en contra de las injusticias y a favor de sus derechos –empezando por el derecho a la vida misma, en el caso de la lucha para impedir los femicidios– tomaron las calles en las memorables jornadas del 6, 7 y 8 de marzo de 2017 y mostraron su propia fuerza cuando se organizan y movilizan.

Mientras tanto, los responsables de tales injusticias, incluidos los encubridores de los crímenes, cuentan con fuerzas consolidadas y poderosas. Tienen de su lado al Gobierno nacional y a la mayoría de los provinciales (estos últimos aunque sólo sea porque sus reflejos burocráticos los llevan a pactar con un proceso que conduce otra vez a la ruina del país).

Pero más permanentes y eficaces aun que los Gobiernos de cualquier nivel estatal, tienen de su lado a los poderes de las grandes empresas, a la fracción dominante de las estructuras judiciales, a los violentos dispositivos de las Policías, a las corporaciones de los medios de comunicación más influyentes en la opinión pública, a las estructuras eclesiásticas de dominación y al sindicalismo burocrático.

La lucha continúa. El viernes 24 de este mes, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia –a pesar de que el Gobierno macrista quiso esconderlo para disolver su profundo sentido histórico–, será otra jornada memorable.