La sede del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fue escenario ayer de una conferencia de prensa en repudio a las detenciones arbitrarias que se dieron en Capital Federal tras la marcha del Primer Paro Internacional de Mujeres en la que participaron organizaciones feministas, sociales y de derechos humanos, así como también dos de las chicas demoradas, quienes brindaron detalles de lo ocurrido.

Desde la conferencia explicaron que, dos horas después de haber terminado la marcha, efectivos policiales, algunos de civil y sin identificación, comenzaron “una cacería” en la que reprimieron y detuvieron a unas veinte mujeres que fueron trasladadas a diferentes comisarías porteñas, donde fueron sometidas a diferentes vejaciones hasta ser liberadas ayer por la mañana.

Laura Arnes, una de las detenidas, detalló que estaba en una pizzería del centro porteño cuando llegó la Policía “diciendo que teníamos que despejar, y había varios de civil. Agarraron a una compañera de los pelos. Me decían que iba presa por ser negra de mierda”. Junto con una amiga, fueron arrastradas por los efectivos tres cuadras hasta Plaza de Mayo, donde se encontraban los vehículos policiales, y de ahí llevadas junto a otras chicas a una comisaría, en la cual fueron obligaron a desvestirse y algunas incluso fueron manoseadas.

Mariana Carbajal, periodista integrante del colectivo #NiUnaMenos y de la Comisión Directiva del CELS, sostuvo que con estas acciones “se busca un disciplinamiento a las mujeres que participamos en manifestaciones pacíficas, democráticas y masivas para reclamar por nuestros derechos y contra las políticas de ajuste. Quieren crear temor a otras”.

En esa línea, Paula Litvachky, abogada responsable del Área de Justicia y Seguridad del CELS, afirmó que este hecho es parte de un “endurecimiento en la respuesta estatal en el contexto de la protesta social”, y señaló que resultó ser “un mensaje que aporta incertidumbre sobre la garantía del derecho a la protesta”.

Litvachky sostuvo que las detenciones fueron “masivas e indiscriminadas” en una situación de “absoluto descontrol policial”, y recordó las declaraciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien justificó los hechos señalando que el operativo “fue absolutamente leve” y que las detenciones se dieron en un marco de “conductas depredatorias y violentas” por la que “los responsables tendrán que pagar”.

Horacio Verbistky, director del CELS que se encontraba entre los asistentes a la conferencia, comentó desde el público que ayer se conoció que uno de los hombres que provocó los incidentes en la Catedral es Horacio Montagut, quien irrumpió en la marcha con una bandera papal. Este joven resultó ser un asesor precisamente de Bullrich y militante del partido neonazi Bandera Vecinal. Verbistky sostuvo que esto no es casual y que “fue una provocación del Gobierno nacional, organizada deliberadamente frente a la enorme manifestación”.

Maria Rachid, directora del Instituto contra la Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires, quien además estuvo recorriendo las diferentes comisarías, denunció que “no hubo ningún resorte ni del Ejecutivo ni del Poder Judicial que permitiera una intervención que liberara a las compañeras y los compañeros detenidos”, y destacó que el Poder Judicial “tenía elementos para actuar con mayor claridad y no lo hizo”.

Desde esta conferencia, en tanto, convocaron a quienes hayan sido testigos de los hechos a dar testimonio ante la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), que abrió una investigación preliminar para investigar el accionar policial.

Piden la renuncia de tres funcionarios de Larreta

Hoy, organizaciones feministas presentarán una denuncia ante la Justicia contra los responsables del operativo policial. La abogada de derechos humanos Elizabeth Gómez Alcorta explicó que el accionar del 8 de marzo “lamentablemente nos recuerda los operativos policiales de las épocas más oscuras de nuestro país”.

“Anoche en la Ciudad de Buenos Aires se produjo nada más y nada menos que una razzia. La Policía salió a cazar manifestantes incurriendo en distintos delitos, como la privación ilegal de la libertad, vejámenes y apremios ilegales, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, agregó.

Los funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta implicados en esta denuncia son el jefe de Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar, el ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, y Marcelo D’Alessandro, secretario de Seguridad, a quienes se les pide que renuncien o sean desplazados.

Por otra parte, ayer por la tarde un grupo de mujeres realizó un corte en Alsina y Entre Ríos, en Capital Federal, para exigir la renuncia de Fabiana Túñez, presidenta del Consejo Nacional de Mujeres y referente de la Casa del Encuentro, quien desde que asumió como funcionaria ha perdido el rol crítico que solía tener y en el movimiento feminista crecen los repudios a su gestión.