La empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) sigue sumando cuestionamientos entre los usuarios: mantiene a 50 mil vecinos platenses de Gonnet y Villa Castells con agua no potable en sus casas por sus altos contenidos de cloruros, y aun así prorrogó la licitación para la construcción del Acueducto Norte que resolvería la problemática.

El anuncio se conoció por el hegemónico diario El Día. Según el medio, la empresa explicó que “la prórroga se debe a una modificación que hubo en los pliegos, sólo se trató de una cuestión técnica”. Y agregó que desde ABSA descartaron que la causa de la postergación sea por falta de oferentes interesados en llevar a cabo la obra.

Contexto consultó a la empresa, donde confirmaron la información pero se negaron a dar mayores precisiones. Tampoco hay novedades en su sitio web.

El 19 de enero, Julio Garro presentó el Acueducto Norte junto al titular de ABSA, Raffaele Sardella, un hombre de alta confianza de Franco y Mauricio Macri, quien divide su tiempo entre ABSA y Sociedades Macri (Socma). El proyecto es una obra para la instalación de una tubería de impulsión que vincularía el acueducto proveniente de la planta potabilizadora ubicada en Punta Lara con la red de distribución de Gonnet y Villa Castells.

Los vecinos perjudicados por la empresa, que sin embargo envía las boletas con tarifazo incluido e ignora los fallos de la Justicia platense en su contra, cuestionaron el proyecto.

Al presentarla, aseguraron que la obra demandará ocho meses de trabajo y mientras tanto ABSA continuará repartiendo agua potable en envases a retirar en la delegación de Gonnet y otros puntos.

Los vecinos perjudicados por la empresa, que sin embargo envía las boletas con tarifazo incluido e ignora los fallos de la Justicia platense en su contra, cuestionaron el proyecto porque consideran que no es la solución adecuada.

En diálogo con este medio, los vecinos de la zona afectada del norte del Gran La Plata, Luciano Eicco y Miguel Ángel Parez, objetaron que los 60 millones para realizar el acueducto no fueron incluidos en ningún presupuesto, ni municipal ni provincial. No hay indicios sobre la procedencia de los fondos.

Por otra parte, manifestaron que el acueducto nace de una planta potabilizadora de Punta Lara que se encuentra paralizada. Ponerla en funcionamiento como corresponde llevaría dos años. “Tememos que si hoy esa planta está prácticamente sin funcionamiento, ¿cómo va a abastecer a miles de personas más? Va a colapsar”.

Los vecinos consideran que el anuncio del intendente fue “intempestivo”, “lo hizo de un momento para el otro”, luego de la alta visibilidad que alcanzó el conflicto. “Ni siquiera nos invitaron, ni lo presentaron en el marco de las causas judiciales que tenemos en curso”. “Lo hizo apurado por cómo se visibilizó el tema en los medios. Se enteró toda La Plata. Ante esa situación se vio obligado a hacer un anuncio”, sostuvieron.

Los vecinos están convencidos de que el anuncio de garro fue “intempestivo” por la visibilidad que alcanzó el conflicto. “Ni siquiera nos invitaron, ni lo presentaron en el marco de las causas judiciales que tenemos en curso”, dicen.

El arquitecto Carlos Micheli, uno de los vecinos, afirmó que “no se hizo consulta alguna por parte de las autoridades antes del llamado a licitación, ni a la UNLP ni a gente idónea para saber si esa era la solución adecuada para Gonnet y Villa Castells”.

En septiembre del año pasado, el Juzgado de Faltas Nº 2 a cargo del juez Dante Rusconi determinó a través de estudios que el agua era no potable por sus altos niveles de cloruro, sodio y también de “sólidos totales” o “sólidos disueltos totales”. Hasta ese momento, los platenses de la zona afectada (desde 487 a 496 entre 15 y 2, y desde calle 2 a Centenario entre 505 y 489) no estaban enterados. El juez dispuso que no se pague por el servicio de agua potable. ABSA no le dio cumplimiento a ese fallo pese a los reclamos de los vecinos.

El juez Rusconi abrió dos causas penales: una en contra de ABSA por su condición de prestadora del servicio y otra contra la provincia, por su condición de accionista en un 90%.

La Clínica Jurídica de Defensa del Consumidor de la Facultad de Derecho de la UNLP, que depende de la Secretaría de Extensión de esa casa de estudios, decidió patrocinar a los vecinos. Presentaron en la Justicia Civil y Comercial una medida preventiva e informativa con el propósito de que ABSA informe a la comunidad acerca de su servicio de agua no potable.